Fotografia: Pablo Caprarulo @fotopdc

La desaparición de Cecilia Strzyzoswki ha movilizado al Estado en sus distintos estamentos y a la vez, como pocas veces se ha visto, a la sociedad en general en base a un pedido de justicia y de esclarecimiento. Todo indica, que pronto la investigación tendrá resolución y sólo quedará la espera del juicio por jurados a las personas que quedarán imputadas por el crimen. 

Desde la desaparición de la joven, el pedido del mayor accionar judicial fue inmediato. A la vez, ante la presencia de vinculaciones políticas y partidarias con las principales personas imputadas en la investigación, se exigió transparencia en el procedimiento. 

Realizando un recuento objetivo de los avances hasta el momento se puede señalar que el proceso ha tenido un desarrollo acelerado, en comparación con otras causas. A tres semanas de la denuncia hay 7 personas detenidas, se han concretado múltiples allanamientos y se ha afectado gran cantidad de recursos humanos y materiales de fuerzas policiales, del poder ejecutivo y del sistema judicial. Incluso se habla de la elevación a juicio para finales de este año. 

Durante la jornada de este martes (27 de junio) peritos forenses confirmaron que los restos óseos hallados en el Río Tragadero, son humanos, y pertenecen a una única persona adulta, aunque no fue posible determinar más detalles. Además, se tomaron muestras para el procesamiento de análisis genético y que, en caso de obtener ADN, se realizará el cotejo con el perfil genético de familiares de Cecilia. Este paso demoraría aproximadamente un mes para tener resultados definitivos. 

Teniendo en cuenta el contexto de un año electoral y que la causa ha sido sumamente politizada y mediatizada, será clave el cumplimiento de los pasos establecidos para garantizar la selección de un jurado imparcial para el correcto desenvolvimiento del juicio. Cabe recordar, que las personas integrantes de los jurados forman parte de una lista que se define por sorteo público en base al padrón electoral y que lleva adelante Lotería Chaqueña cada año. Ante la elevación a juicio de una causa, se convoca a 36 potenciales jurados de la misma, seleccionados también por sorteo. De este conjunto, luego de un proceso de entrevistas, se apartará a aquellas personas que posean algún impedimento formal o sean recusadas por la defensa o la fiscalía por considerar que poseen prejuicios o poseen información previa sobre el caso a juzgar. De esta forma, quedarán 12 personas, 6 mujeres y 6 varones, para ser jurado de la causa. 

De la misma forma, los abogados de la querella en representación de la familia de Cecilia, aventuran, que prontamente se tendrían las pruebas suficientes para dilucidar qué sucedió con la joven, a pesar de que las pruebas y las hipótesis del caso, van a reunirse recién una vez que se desarrolle el juicio. La presión mediática, junto a la movilización de la ciudadanía, empañan en este sentido y hacen olvidar que las responsabilidades deben determinarse en el juicio y no, a través de los medios.

Un proceso sin resistencias al esclarecimiento

Uno de los argumentos que surgió desde el principio mediático de la causa, para cuestionar la independencia del accionar judicial, fue la relación entre la familia Sena y autoridades del gobierno provincial. La tendencia fue intentar establecer esta relación, incluso poniendo en la escena al gobernador Jorge Capitanich y deslizando posibles encubrimientos o influencias para demorar la investigación. 

En este marco, una clara muestra de las distorsiones de información que puede generar una cobertura mediática no responsable ha sido lo sucedido en las últimas horas, al lanzarse desde un medio nacional la versión de la existencia de una comunicación telefónica entre Capitanich y Emerenciano Sena cuando ya se conocía la desaparición de Cecilia, dando a entender posibles encubrimientos. Tanto abogados querellantes y el mismo gobernador desmintieron públicamente la versión, un rumor que empañó nuevamente la investigación judicial. 

Ante este foco editorial, de una buena parte de medios porteños que han espectacularizado el dolor que significa esta causa, es imperioso repasar el accionar de las instituciones en un proceso que la comunidad toda espera sea esclarecedor.

Tras la denuncia de la familia, tanto el poder judicial como el ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, tomaron intervención para la búsqueda de Cecilia. Para el 10 de junio, cuatro días después de radicar la denuncia, autoridades provinciales solicitaron celeridad en nuevas medidas y que la investigación se realice con perspectiva de géneros  a la fiscalía a cargo, encabezada por Jorge Cáceres Olivera. “Todos los recursos de la Policía de la provincia del Chaco, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, se encuentran abocados a la búsqueda de Cecilia, desde el momento en que el fiscal de la causa tomó conocimiento de la denuncia, y dictó las directivas necesaria”, explicó Gloria Zalazar, a cargo del ministerio mencionado. Se trabajó además desde un primer momento en colaboración con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas. 

Luego de ese primer fin de semana de radicada la denuncia, donde se realizaron los primeros allanamientos y detenciones, el caso tomó un lugar protagónico en la agenda mediática provincial y nacional. Días previos a las PASO provinciales, medios principalmente de alcance nacional pusieron el foco de la información en el terreno político. 

Ante ello y declaraciones de la familia de Cecilia, señalando la poca autonomía del sistema judicial, el 16 de junio, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco difundió un comunicado  reafirmando su independencia. En el escrito  destacaban positivamente la labor de autoridades del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Procuración General de la Provincia,  y su autonomía en el ejercicio de sus funciones. “El Poder Judicial de la Provincia del Chaco, juezas, jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa y trabajadores seguirán actuando en pleno ejercicio de sus funciones y de sus autoridades, en forma imparcial e independiente respetando el ordenamiento normativo constitucional, convencional y legal como presupuestos del Estado de Derecho sin presiones explícitas o implícitas de ningún tipo”, manifestaban. 

Por su parte, desde el Colegio de Fiscales de la Primera Circunscripción Judicial expresaron su «firme apoyo y solidaridad» hacia el doctor Jorge Cáceres Olivera, señalando: «a pesar de los recursos humanos y técnicos limitados con los que cuenta, el fiscal ha llevado a cabo su trabajo con transparencia, dedicación y compromiso».

El 22 de junio, integrantes del Equipo Fiscal Especial y de la Procuración General de la provincia brindaron una conferencia de prensa donde reiteraron este postulado. “No recibimos presiones de ninguno de los tres poderes del Estado ni de ningún particular», afirmó en esa ocasión el Procurador General, Jorge Canteros. De la misma forma, explicó cómo se definió la conformación de un equipo fiscal especial: “Cuando advertimos que esta causa, por su gravedad iba a ser elevada a juicio por jurados, de inmediato decidimos la incorporación de un especialista en juicio por jurados”, explicó y remarcó que la incorporación de Nelia Velázquez se basa en que “esta causa amerita una especial mirada con perspectiva de género”. Por último, sentenció “va a ser un juicio por jurados con una condena ejemplar”.

Este martes 27 de junio llegó por segunda vez a la provincia, el equipo de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba para colaborar con el Equipo Fiscal Especial en la investigación de la causa. Al igual que la vez anterior, realizan el estudio antropológico de restos óseos, que en esta oportunidad fueron hallados en el río Tragadero. Muestras de estos restos van continuar siendo estudiados en Córdoba, por los instrumentos que son necesarios para avanzar en la identificacion.

También, fue solicitada la colaboración de la delegación técnica de Gendarmería Nacional con el Georadar para la detección de rastros en la realizacion de pavimento, informe que dio negativo. “Tanto el STJ como la Procuración General continúan brindando el máximo apoyo a la investigación del Equipo Fiscal Especial. Asimismo, se destaca que el STJ dispuso todos los recursos financieros y personas necesarias a fines de solventar la investigación científica”, comunicó al respecto el poder judicial chaqueño. Teniendo en cuenta que estas participaciones de expertos externos requieren un financiamiento presupuestario del STJ.

Ante las consultas de medios locales, reconocidos abogados que se presentaron para representar a familiares de Cecilia, también calificaron como satisfactorio el accionar de la justicia. «Estoy confiado en la investigación, la semana pasada fue muy importante, con las medidas que se tomaron y las que se van a tomar mañana lunes (por el 26 de junio), y vamos a solicitar nuevas medidas, y con eso vamos a tener el círculo de los acusados cerrado», señaló Fernando Burlando. Por su parte, Miguel Ángel Pierri señaló “No puedo hablar de impunidad cuando tengo una causa con siete detenidos”. 

Una justicia atenta, lo excepcional a la regla

Es para destacar el trabajo judicial para conocer qué sucedió con Cecilia. Ahora bien, en comparación con otros casos de denuncias de desaparición de personas, de denuncias por violencia de género e incluso la investigación de presuntos feminicidios, la diferencia en cuanto a los tiempos procesales es abismal. Uno de los principales reclamos de los movimientos que luchan contra la violencia de género se refieren a terminar con las demoras y falta de respuesta de los dispositivos de denuncias así como del sistema judicial en estos casos. Sin dudas una de las decisiones más acertadas fue nombrar un equipo especial de fiscales que sumó dos investigadores más al proceso.  

Sin hacer un análisis muy alejado en el tiempo, en abril de este año lamentamos el femicidio de Betiana Calvo, quien recurrió numerosas veces al Estado para pedir protección. Un mes antes había denunciado a su expareja, había solicitado una medida de restricción y esperaba la entrega de un botón antipánico. El agresor incluso tuvo un pedido de captura que nunca se concretó. Y el día 22 de abril, Agustín Sanchez asesinó a su expareja y luego se suicidó.

En este caso se pueden ver los mismos nombres de actores judiciales, con diferentes conductas en el proceso. Nelia Velazquez fue quien recibió la denuncia de Betiana, y señalaba haber labrado acciones que nunca llegaron a hacerse efectivas. El caso era derivado luego al fiscal Cáceres Olivera, cuando el femicida ya había cumplido con su cometido. En este contexto, el mismo fiscal especializado en género aceptaba que la demanda era mucha y que el equipo fiscal no contaba con los recursos humanos y materiales para responder en tiempo y forma, lamentando la situación. 

Lo deseable es que ante cada muerte violenta de una mujer, la sociedad se movilice y empuje así al Estado a buscar respuestas, a accionar de forma efectiva para terminar con la violencia de género. Sobresale la trascendencia que ha tomado el caso de Cecilia. Cuán necesario es que la misma atención tengan otros casos de muerte violenta de una mujer, aunque sus agresores no tengan vinculaciones políticas o no interesen a los medios nacionales. 

Si sos víctima o conoces una situación de violencia por motivos de género no dudes en denunciar. Podes comunicarte de forma gratuita a las líneas 144 y 137. Para casos de riesgo, comunicate con el 911.