Por Mariana Carbajal

Seis jóvenes de la localidad tucumana de Famaillá, la mayoría estudiantes universitarias, denunciaron a un técnico en computación por violar su intimidad a través de la instalación de programas espías en sus dispositivos digitales. Como en Gran Hermano, a una de ellas la espiaba en tiempo real y la grabó sin que ella supiera y sin su consentimiento en cientos de videos mientras estaba en su habitación, se cambiaba, estaba desnuda o tenía relaciones sexuales con su novio. 

A las demás, les robaba su propio contenido íntimo de sus celulares o computadoras –fotos o vides—y además, les leía sus conversaciones. Este lunes, en un juicio abreviado, el juez Mario Velázquez del Colegio de Jueces de Monteros lo condenó a una pena de 3 años de cumplimiento condicional por violación de la intimidad y daños (art 153 y 89 del Código Penal) en un contexto de violencia de género, una perspectiva que la propia Fiscalía Especializada en Género se había negado a reconocer. 

“Sentí mucha vergüenza. Dejé la facultad y mi trabajo. Estuve muy mal. Mi mamá no me habló por meses. Ella pensaba que yo había grabado los videos que me hacía Richy al espiarme. Fue muy difícil”, contó a Página 12 C.M., una de las víctimas. “Tengo miedo de que tome alguna venganza y publique nuestras fotos o videos”, dijo a este diario otra de sus víctimas. Sus nombres se resguardan para preservar identidad.

Para lograr la condena fue clave la intervención del equipo jurídico de la Fundación Mujeres x Mujeres, encabezado por la abogada Soledad Deza, al frente de la querella. El técnico en computación se llama Sergio Ricardo “Richy” Robles, tiene 37 años, y además se desempeñaba en el Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad municipal.

Un fallo con perspectiva de género

Página12 habló con las denunciantes, que contaron detalles de las maniobras que ejecutó para espiarlas. Una era su novia y las demás eran conocidas o amigas de ambos. Como modus operandi para captar víctimas, Robles no les cobraba a las mujeres para arreglarles las computadoras o celulares.

La asimetría de poder derivada del género, la edad y el vínculo de confianza basado en su reputación pública que le daba al acusado trabajar en el Centro de Monitoreo local, fueron incorporados por la querella y valorados por el juez Velázquez al momento de la sentencia.
”Trabajar con perspectiva de género implica el esfuerzo de los operadores de justicia por ponerse en los zapatos de las víctimas y entender que son personas con sus contextos, con sus experiencias y realidades”, expresó el magistrado y le ordenó a Robles de acuerdo a lo convenido en el juicio abreviado las siguientes medidas:

1. Permanecer a disposición del tribunal y comparecer 1 vez por mes mientras dure la condena.

2. Prohibición de acercamiento por 3 años a una distancia inferior a 300mts a las víctimas y sus domicilios.

3. Realizar un curso sobre masculinidades y género en el Observatorio de la Mujer de la provincia.

4. Abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes en exceso y tiene prohibida la portación de armas.

5. Realizar un tratamiento psicológico (de manera pública o privada) con reporte mensual en el Poder Judicial por el tiempo que el profesional considere necesario.

6. Reparar económicamente a cada una de las víctimas por los delitos cometidos.

7. Donar lo recuperado del delito (sus equipos de computación) a una institución de ayuda a mujeres que sufren violencia de género, que designe la oficina de políticas reparatorias del Ministerio Público Fiscal.

8. Impedir que preste servicios en ningún área informática del Estado.

A pedido de las víctimas, el magistrado también exhortó al MPF articular con el Poder Ejecutivo capacitaciones en género a las comisarías de la localidad de Famaillá, dado que en un principio no habían querido tomarles la denuncia si no mostraban los videos íntimos que el técnico les había grabado o robado. Si Robles incumple en alguna de las órdenes que le impuso el juez, la pena pasa a ser de cumplimiento efectivo, explicó Deza.

Robles arreglaba computadoras, entre otros aparatos eléctricos. Su conducta delictiva salió a la luz en setiembre de 2021 cuando a su novia de entonces le despertaron sospechas algunas situaciones. “Un día empecé a revisar su computadora porque hacía rato venía con sospechas… Cuando entraba a su pieza sin avisarle lo encontraba viendo videos que mostraban la habitación de una persona y el formato no era de una página de internet, sino más bien como de un vídeo chat. Entonces revisando los archivos en la carpeta de videos encontré todo: videos de la vida diaria de muchas chicas que conocía y que claramente se notaba que ellas no sabían que eran grabadas”, contó a Página 12 R.G. Ella también fue su víctima.

La joven contó que cuando tuvo evidencia suficiente cortó la relación. Al principio dudó en denunciarlo porque –señaló– hubo gente que le dijo que ella podía quedar “pegada como cómplice”. “Pero mis amigas, que además eran víctimas, me dieron el valor para hacerlo y me acompañaron en el proceso”, agregó. Robles quiso chantajearla emocionalmente: le decía que se iba a suicidar, entre otras expresiones para manipularla. “Nunca reconoció la gravedad de lo que había hecho”, dijo su exnovia.

Cómo operaba

Robles no les cobraba a las mujeres que le llevaban sus dispositivos para arreglar. Eso lo hizo famoso en Famaillá y generó que tuviera mucho trabajo. Cuando se ganaba la confianza de sus clientas y se daba cuenta de que ellas sabían poco de informática les decía que les iba a instalar programas que ayudaran a que sus computadoras o sus celulares fueran más veloces y aprovechaba esa situación para colocarles programas que le daban acceso total y así podía prender la cámara del teléfono o computadora y además ver cómo los utilizaban.

Una de las víctimas vivía en el mismo edificio de departamentos que él. “Me afectó muchísimo todo esto porque era uno de mis mejores amigos. Estuve con antidepresivos y con ataques de pánico a partir de que me enteré lo que nos había hecho. No sabía qué información mía tenía, cuáles imágenes. Esa incertidumbre fue fatal para mí”, contó a este diario M.L., de 24 años, ex vecina de Robles.

Cuando fue denunciado en la justicia el municipio lo despidió. Y el técnico se mudó a vivir a otra localidad tucumana.

“Esta situación me afectó bastante porque estoy perseguida todo el tiempo pensando si alguien me está espiando y casi no uso mi computadora por ese motivo porque más allá de que le hayan secuestrado (a Richy) sus elementos no sé si puede tener acceso a mi cámara mediante otro dispositivo u otra aplicación”, contó a este diario V.V., de 22 años, también estudiante universitaria y empleada.

Todas las denunciantes están muy agradecidas con la Fundación Mujeres x Mujeres, no solo porque logró la condena –cuando el caso parecía naufragar porque la Fiscalía Especializada en Género nunca había tenido una causa similar—sino además porque asumieron la querella sin cobrarles. “Ninguna de nosotras podía pagar una abogada particular”, destacó M.L.

Fuente: Página 12