Nuevamente el fantasma de la “prescripción” ronda el accionar de la justicia chaqueña y pone en peligro la reparación de una sobreviviente del delito de abuso sexual en la infancia. Jarumi Nishishinya es una reconocida artista plástica de nuestra provincia que, a sus 42 años, tomó la decisión de buscar Justicia al presentar la denuncia contra su tío político por abusos a su integridad sexual entre los años 1982 y 1985, es decir entre sus 3 y 5 años de edad. 

Para dar este paso, Jarumi valora el acompañamiento de la Fundación Al Fin Justicia: “Es fundamental no estar sola. De entrada yo tuve un buen asesoramiento, me acerqué a la Fundación Al Fin Justicia y ahí me recomendaron una abogada que toma estos casos y está especializada. Hay muy pocos abogados que toman estos casos y eso es muy importante, no caer en manos de abogados que no saben abordarlos”, comentó a Proyecto Bohemia. 

«…Necesito ser escuchada y un juicio lo antes posible para dar vuelta a la página de este capítulo pesadísimo y obviamente esperar que se haga justicia”

La denuncia fue tomada por la Fiscalía N°15, a cargo en ese momento, de Vanesa Fonteina, que con celeridad avanzó en la investigación pertinente. En tiempo récord, en noviembre de ese mismo año, se solicitó la elevación a juicio bajo la caratula de abuso sexual y corrupción de menores. Además, de forma inédita, la fiscalía solicitó una orden de restricción de acercamiento del imputado, buscando resguardar y dar tranquilidad a la víctima hasta el inicio del juicio. 

Si bien el avance del proceso es destacable, no estuvo exento de prácticas arraigadas en el poder judicial con base en una falta de perspectiva y capacitación para tratar este tipo de casos: “La persona que hacía las entrevistas me hizo dos preguntas que fueron muy revictimizantes y que muestran un desconocimiento muy grande sobre cómo abordar estos casos. Ahí tuve mi bienvenida a lo duro y crudo de estos procesos cuando hay personal con falta de capacitación y con sesgos de la cultura patriarcal”, comentó Jarumi, recordando con incomodidad y tristeza aquel momento. 

Una vez que la causa tuvo la solicitud de elevación a juicio, pasó a la Cámara en lo Criminal N°1 donde comenzaron las demoras. En, al menos cuatro oportunidades, se anunciaron fechas para confirmar el inicio del juicio y luego fueron suspendidas, llevando a la sobreviviente a un estado de revictimización constante. Es decir, cuatro ocasiones donde la denunciante llegó con la esperanza de iniciar un camino de Justicia, por el contrario, revivió el dolor sufrido y la indiferencia de un poder judicial alejado de sus necesidades. 

En sus propias palabras, la víctima detalló lo que le provocó esa situación: “Realmente no tienen ni idea lo que puede generar a una persona que sus proyectos y que toda la vida se suspenda. Yo soy artista plástica y ya sé que no voy a exponer u organizar ninguna muestra porque se acerca esa fecha. Un mes antes ya se entra en un estado de tensión y angustia, sabiendo que vas a contar todo de nuevo, entonces es como que lo revivis constantemente, comienzan las pesadillas, las tensiones entre la familia. Es una tortura que este proceso se alargue, vivir ese estado de nerviosismo, de ansiedad, de altibajos en cuatro ocasiones, cuatro fechas”. En la misma línea, sentenció: “Es demasiado, es un sistema que por su desorganización se vuelve deshumanizante, burocrático y despiadado”. 

Antes de la última fecha programada, el pasado 10 de octubre, la defensa del imputado, Oviedo, presentó un recurso de Casación solicitando la prescripción del caso. De allí, el pedido de justicia de Jarumi quedó nuevamente paralizado. 

“Si bien las juezas de Cámara habían resuelto que la acción no estaba prescrita, con un voto en disidencia de una de las juezas del tribunal, pero en base a esto iba a iniciar el juicio y ahora nuevamente se encuentra obstaculizado” señaló a Proyecto Bohemia, Nahir Barud, abogada de la denunciante. En este contexto, remarcó “Si bien se entiende que la defensa debe llevar a cabo todas las acciones en pos de su pupilo procesal, en este caso del imputado, eso de ninguna manera puede significar un menoscabo a los derechos de las víctimas y en este caso tenemos un Superior Tribunal de Justicia que debe decidir y que puede llegar a tener muchas demoras a raíz del caudal de causas que tienen”. 

El tribunal de cámara que decidió sobre la elevación a juicio el caso de ASI, está presidido por Liliana Puppo e integrado por Natalia Kuray y Glenda Vidarte, esta última votó en disidencia, bajo el argumento de la prescripción del delito. Sin embargo las dos anteriores, imprimieron perspectiva de género a su postura y lograron solicitar la elevación a juicio de la causa con el fundamento de la «ley de respeto al tiempo de las víctimas», que ahora espera la decisión del STJ sobre la apelación en Casación, que hizo la defensa del imputado.

La ley 27.206 de Respeto al Tiempo de las Víctimas, vigente en el país desde 2015, planteó desde su sanción un nuevo paradigma para abordar los casos de abuso sexual infantil por parte de la justicia, entendiendo que el paso del tiempo no debe ser un obstáculo para su investigación y mucho menos para dar una respuesta a quienes denuncian.  En este sentido, se dio lugar a las denuncias de personas que tras cumplir la mayoría de edad informaban un hecho de abuso vivido en su infancia. 

En la provincia del Chaco existe como precedente el juicio por el caso “Alvarado-Pacce”,  el más antiguo del país de abuso infantil que llegó a los tribunales y cuya sentencia condenatoria acaba de quedar firme por el STJ…

Esta mirada queda sujeta estrechamente a la interpretación y parámetros de quienes deben impartir justicia y muchas veces, en detrimento del derecho de quienes han sido víctimas de acceder a una reparación en su historia. ¿Quién puede medir el tiempo correcto o pertinente para hablar de un dolor tan profundo? 

A su vez, como en el caso de Jarumi, la dilación de los procesos judiciales posibilita la “impunidad biológica” de los imputados, que incluso pueden morir sin ser juzgados o condenados por los crímenes cometidos. 

En la provincia del Chaco existe como precedente el juicio por el caso “Alvarado-Pacce”,  el más antiguo del país de abuso infantil que llegó a los tribunales y cuya sentencia condenatoria acaba de quedar firme por el STJ (Superior tribunald e Justicia). En el mismo, Noemí Alvarado fue condenada a  7 años de prisión domiciliaria por corrupción de menores y partícipe necesaria del abuso sexual de dos niñas perpetrado en los años ’80 por su esposo, el exdiputado Daniel Pacce. Este último no llegó a ser juzgado yaque falleció en 2018.

“Lo mismo puede suceder en este caso donde el imputado tiene una edad bastante avanzada también” destacó Barud y remarcó “Hay que también tener conciencia de cuánto demoran los tiempos de la justicia, que no son los mismos tiempos de las víctimas y que por ello es importante visibilizar estas causas”. Hasta hoy, se espera la fijación de una nueva fecha para dar lugar al juicio. 

Ante ello, la sobreviviente apeló a la sensibilidad y deber del poder judicial: “Para quienes trabajan en el sistema judicial lo mío está yendo a un tiempo estimable pero deben entender que yo lo vengo padeciendo desde el 82. Lo que para ellos es un tiempo estipulable para mi es una eternidad. Espero celeridad, que tengan en cuenta la cantidad de años de padecimiento por la antigüedad en que ocurrieron los hechos. Necesito ser escuchada y un juicio lo antes posible para dar vuelta a la página de este capítulo pesadísimo y obviamente esperar que se haga justicia”. 

Ante casos de maltrato o abuso, se solicita comunicarse a la Línea 102, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. La misma se encuentra habilitada las 24 horas de forma gratuita.