Los pueblos originarios buscan memoria, verdad y justicia

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Por Gustavo Ahumada *

Los juicios por la verdad, punta de lanza del juzgamiento de los delitos ocurridos durante la última dictadura, ahora son el objetivo para que los pueblos originarios consigan un poco de reivindicación y la posibilidad de reconstruir y consolidar la memoria colectiva. En el país existen tres causas judiciales, dos de las cuales declararon delito de lesa humanidad y genocidio a masacres contra pueblos originarios y ordenaron una indemnización a sus descendientes.

Este año hubo dos sentencias históricas de la Justicia Federal. El 14 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, ordenó una reparación económica de 375 millones de pesos al pueblo qom por la denominada masacre de Napalpí donde se asesinaron a 1500 personas en julio de 1924. En la otra, el 26 de febrero la misma Cámara confirmó la condena al Estado por la denominada masacre de Rincón Bomba, en la provincia de Formosa. En esos hechos unas 400 personas de la etnia pilagá fueron asesinadas y perseguidas entre el 10 y el 30 de octubre de 1947.

“La reparación económica es muy importante pero hay otra parte de reparación”, dijo a Tiempo Judicial el fiscal federal de Resistencia, Diego Vigay, y recuerda la importancia de que “las víctimas sean escuchadas por un tribunal”. Vigay fue quien, en su momento, junto con los fiscales federales Federico Carniel y Patricio Sabadini, comenzó una investigación de oficio sobre la masacre de Napalpí, con la recopilación de documentos, y los testimonios de los últimos sobrevivientes.

Ahora, con la investigación concluida, el fiscal anticipó que en pocos días presentará ante el Juzgado Federal de Resistencia el requerimiento por “Juicio por la Verdad”. “El objetivo que tenemos con el juicio por la verdad es que se pueda reconstruir por qué sucedieron esos hechos, y enmarcado en un plano de lo que fue un genocidio ya que una sentencia de ese tenor completaría la sentencia civil”, expresó el fiscal quien remarcó: “La reparación integral llega cuando testifican y se da una sentencia”.

El aviador, el único procesado

La matanza a los pueblos originarios en Rincón Bomba incluyó un ataque con un avión armado con una ametralladora. El 16 de octubre de 1947, Carlos Smachetti “disparó a mansalva» a los originarios desde el avión JU-52T-153 que había salido un día antes de la base aérea “El Palomar”. Esto pudo reconstruir la Justicia. Smachetti era uno de los que estaba a bordo junto con otro piloto, dos mecánicos y un radio operador. Con casi 97 años, fue el único imputado en la causa y fue procesado en 2014 por delitos contra los derechos humanos.

En abril de 2017, el aviador murió por lo que la causa penal quedó trunca aunque este año hubo sentencia civil que confirmó la indemnización, haciendo hincapié en que la masacre a la comunidad se dio específicamente en el marco de un “genocidio”.

Paula Alvarado es la abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y recordó que la masacre «fue el exterminio de todo un pueblo indígena por su condición étnica». Actualmente, unas siete mil personas forman parte del pueblo pilagá y sobre ellas recae la indemnización que debe realizar el Estado.

La causa, de unas 1020 fojas, llegó a la Corte Suprema a principios de septiembre y es el máximo tribunal del país quien ahora deberá decidir sobre la diferencia patrimonial y el pedido de perdón, que es lo que piden los sobrevivientes y las víctimas. «La sentencia de primera instancia es muy buena; la de segunda ratifica y suma genocidio», dijo Alvarado a este medio aunque advirtió que «los fallos en derechos humanos, en materia de derechos indígenas, no han seguido los estándares internacionales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)».

En el caso de Rincón Bomba (Formosa) también hay un juicio por la verdad que ya fue pedido cuando murió el único procesado. «Un juicio por la verdad es reparador para la sociedad. No sólo es para quien lo inicia sino para que la sociedad toda sepa lo que sucedió», explicó la abogada a casi 73 años de la masacre. Hoy en día son alrededor de 15 los sobrevivientes de la masacre aunque quienes iniciaron el expediente penal ya murieron.

Obligado y el «desierto» verde

Existe una tercera causa en la Justicia Federal con un objetivo similar, es la que se inició en Reconquista, Santa Fe. Allí, la fiscalía federal a cargo de Roberto Salum se encuentra esperando la resolución del juez federal Aldo Mario Alurralde para ver si comienzan las investigaciones por la Masacre de Obligado, ocurrida en 1887. La semana pasada el magistrado recibió la denuncia y ahora resta esperar su resolución de si la admite o no.

Presentada por los caciques Luis Pereyra, de la comunidad Anañaxag de Las Toscas, y Rosa Pereyra, de la comunidad Dalagay de San Antonio de Obligado, la denuncia trata de uno de los episodios ocurridos en la reducción indígena cerca de la colonia Las Toscas luego de la llamada campaña al “desierto verde”.

Este hecho sucedió tras el secuestro de una niña indígena, a raíz del pedido de una «china» para el hermano de Julio A. Roca, Rudecindo, entonces gobernador de Misiones. Los indígenas pertenecientes a familias qom, moqoit y vilelas no quisieron entregar a ninguna joven y entonces se produjo el secuestro. Se sublevaron y la respuesta fue el fusil. Tropas de distintos lugares fueron hacia la reducción y arrasaron con ella. Esto quedó escrito por los propios frailes llevados para «evangelizar» a los indígenas.

Cintia Chávez, abogada patrocinante de las comunidades, explicó que la denuncia se inició “luego de un año intenso de trabajo de investigación, junto a las comunidades originarias de este norte santafecino y junto al Fernando Pepe, presidente del Colectivo GUIAS (Grupo Universitarios de Investigación en Antropología Social)”. Al tiempo rescató como necesaria la investigación para “reconstruir la verdad histórica” en busca de “memoria, verdad y justicia para nuestros pueblos originarios”.

La búsqueda de un juicio por la verdad resulta de gran importancia porque “la reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas”, dice Chávez destacando como “necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan” y así también “se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas”.

Terrorismo de Estado

El Terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica bien puede verse de manera paralela con lo sufrido por los pueblos originarios, quienes fueron los primeros en sufrir ese terrorismo con campos de concentración, robo de bebés, abusos y robos de tierras, durante la conformación del Estado Argentino y aún después.

Masacres como la de Napalpí y Rincón Bomba, consideradas por la justicia delitos de lesa humanidad y genocidio -junto con la Masacre de San Antonio de Obligado, en 1887 – aún tienen camino por recorrer y el juicio por la verdad resulta una opción de reivindicación, memoria, verdad y reparación para los pueblos originarios.

Habría que recordar lo que dice la antropóloga Diana Lenton, integrante de la Red de Investigaciones en Genocidio y doctora en Antropología, y que recién ahora algunos estrados judiciales hace eco: «El Estado Nacional se fundó sobre la base de un genocidio». Algo que también suele decir el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hoy integrante de la CorteIDH, Eugenio Zaffaroni.

*Periodista. @gusahumada

Fuente: Tiempo Judicial


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Categoria: Derechos Humanos/ Indígenas | Tags: , , , | Comentarios: 0

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