Pese a conocer el Informe desfavorable sobre la “desfederalización” de ciertos delitos previstos en la Ley de estupefacientes de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación del año 2014, la oposición de numerosas organizaciones dedicadas al sistema penal, la Asociación de Magistrados del Chaco y los fiscales federales Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad, los diputados chaqueños aprobaron en mayo del 2015, por pedido expreso del Gobernador de entonces Jorge Capitanich, la Ley Provincial N°2304-N- conocida como “Ley de Narcomenudeo”.

Sólo siete provincias argentinas se adhirieron a esa “desfederalización” de los delitos de consumo y la comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes. En su aspecto sustancial, a partir del dictado de dicha ley, la provincia asumió la responsabilidad en la persecución de los ciertos delitos que hasta ese entonces correspondían al fuero federal en materia de estupefacientes, creándose un nuevo fuero especializado que requirió fondos públicos provinciales para personal, edificios, vehículos, logística e infraestructura.

A cambio de asumir la provincia una competencia de la justicia federal, la Nación debía transferir los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la ley de “desfederalización”.

Pero el dinero nunca llegó y el Poder Judicial provincial viene asumiendo los millonarios gastos que demanda el funcionamiento del narcomenudeo desde su creación, según lo manifestó el propio Procurador General y los jueces de Ejecución Penal Jorge Lataza y Juan José Cima.Dijimos en aquél entonces que esa ley ninguna incidencia tendría en la prevención o reducción de los delitos de droga y transcurridos cuatro años los resultados son más que elocuentes.

Un gran número de personas detenidas y/o condenadas o procedimientos realizados no son evidencia de una política estatal responsable en este sentido y nada hay para festejar. En cada preso o en cada procedimiento policial, por consumo o comercialización de pequeñas cantidades de droga, hay un fracaso social y esa derrota es de todos, pero particularmente de un Estado que esquiva su responsabilidad de ofrecer oportunidades e incluir a todos.

Por una parte, el dispendio de los recursos económicos de la provincia, la violencia institucional que se incrementó y la estigmatización selectiva de las personas a raíz de las detenciones de consumidores, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 25/8/2009, que declaró la inconstitucionalidad del castigo, a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal.

En cuanto a los procedimientos llevados a cabo por comercialización de pequeñas cantidades de estupefacientes, otra vez la selectividad del sistema penal sobre el sector más vulnerable, en una provincia donde la pobreza afecta a más del 40% de su población. Como resultado del apego legislativo a producir leyes que originen más ilusiones que soluciones reales: el aumento exponencial de la población carcelaria que exhibe una crisis sin precedentes y que hacen responsable internacionalmente al Estado chaqueño del hacinamiento y las condiciones inhumanas de la detención de las personas.

Ninguna solución para la comercialización de drogas, porque cuando un “kiosko” o “bunker” se cierra, al día siguiente otro se abre y cada procedimiento hecho sólo sirve para publicitar la intervención como si fuera un éxito, soslayando la complejidad social y económica en que nos hallamos inmersos. Porque “la guerra contra las drogas” es una estrategia fracasada mundialmente y en los países que encaran políticas serias para su abordaje, se avanza en políticas de salud, educativas, desarrollo social y de reducción de daños en reemplazo de las políticas represivas indiscriminadas que ningún resultado positivo han dado a lo largo de la historia.

Víctimas del reduccionismo y la criminología mediática, nos acostumbramos a que el agrandamiento del sistema penal sea el primer manotazo para enfrentar los problemas sociales.El fracaso de la política de drogas encarada por el Estado chaqueño a partir de la creación del fuero de narcomenudeo es significativo y para hacer frente a esta compleja cuestión, se debería en principio, propiciar la derogación de la ley que lo creó.

Porque mientras la provincia viene asumiendo un descomunal costo económico para solventar una competencia que no debiera ser suya, con más de 3.500 procedimientos hechos en tres años y medio, cientos y cientos de personas fueron detenidas por microtráfico y alojadas en condiciones inhumanas, para ser devueltas a la vida social con menos herramientas para sobrevivir que cuando ingresaron. Legislar porque “algo hay que hacer” es un grave error y nos define como sociedad.

El sistema penal debe nutrirse también de la criminología y sus herramientas. Se deben escuchar a las voces autorizadas y atender a las experiencias existentes y todas ellas nos indicaron el fracaso del fuero de narcomenudeo. Reiterar la selección reclutadora de los marginales con el sólo fin de depositarlos en un encierro indigno de ninguna manera es la solución a un problema que es complejo.

El diseño de un programa sobre drogas también es política y si verdaderamente lo que se quiere es enfrentarlo de forma responsable, se debe trabajar en la inclusión al sistema productivo de los -en su mayoría- jóvenes y mujeres -jefas de hogares- de los sectores marginados que se dedican al negocio de la venta y comercialización de estupefacientes y para los consumidores, el urgente fortalecimiento de los dispositivos públicos de salud mental que han sido vaciados y que sólo se sostienen por su trabajadores.

Sandra Saidman – Vicepresidenta de la Asociación Pensamiento Penal. Publicado en ASOCIACIÓN PENSAMIENTO PENAL -CHACO