Es viernes 30 de agosto, son las 8:23 de la mañana y en la sala de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Juana e Indalecio Fernández esperan la audiencia de alegatos por el juicio contra Facundo López por el femicidio de su hija Mariela. Ya pasaron las audiencias previas que comenzaron el 6 de junio. Hoy es tiempo de alegatos, pero antes, el imputado avisa a la presidenta del tribunal que quiere declarar.

Relata las últimas horas junto a Mariela.La describe como una mujer ”violenta, sacada, agresiva”. Un hombre de unos 25 años, pálido con la mirada gacha y un temple asombroso comienza a relatar su versión de los hechos de aquel 27 de junio de 2017. Ahonda en describirla afirmando que incluso esa tarde ella agarró “un cuchillo y me quiso hincar”, cuenta López de espalda al público y de frente al tribunal, mientras sentencia el desenlace argumentando que se “obnubiló” cuando forcejeaban y él sólo se defendía de los ataques hasta que “agarré una riñonera que era la que usaba Santino -el hijo de ambos- para guardar sus autitos y se la puse por el cuello”. 

El único imputado nunca habla de matar, no dice ni una sola vez la palabra muerte en un extenso relato que eriza la piel y genera impotencia. Pero sí deja claro que está “muy arrepentido. Se que nada vuelve atrás. Y pido perdón a todos porque sé que hice mal. Ojalá pudiera ver a mi hijo y pedirle perdón”, remata su versión de aquel día en que Mariela Fernández ya no pudo buscar a Santino, después de dejarlo con una vecina y pedirle: “Si no vuelvo, no se lo des a él”.

Lo que hizo López fue ejercer su derecho como imputado a declarar en cualquier instancia del juicio. Contó su versión de los hechos, por segunda vez. Él y cualquier imputado puede hacerlo, y de hecho puede mentir en esa declaración, y está en derecho de hacerlo según la legislación vigente. 

Pidieron la pena máxima (alegatos de la Fiscalía)

Luego llegó el momento de escuchar los alegatos. Comenzó el fiscal Sergio Cáceres Olivera definiendo, clara y pausadamente, los fundamentos que “acreditan el femicidio de Mariela”. “Este caso fue un trágico final anunciado. Ella recurrió en numerosas oportunidades al Estado y no obtuvo respuesta”, señaló en referencia a las cinco denuncias que hizo la víctima ante la Policía, la Fiscalía, el Juzgado del Menor y la Familia. “Fallamos como Justicia, como Policía. Hoy no podemos tener el testimonio de Mariela, pero ella contó en distintas denuncias el infierno que sufrió en manos de Facundo López”. 

El fiscal detalló argumentos que fueron plasmados en esas presentaciones previas a su asesinato. “Contó (por Mariela) que Santino le decía: papi no le pegues a mi mamá. A dos meses de la separación”, detalla Cáceres Olivera.  Relata lo que significó la quinta y última denuncia de Mariela, ya que la sexta la realizaron sus padres denunciando la muerte de su hija. “Facundo Lopez incendió la vivienda, ella se animó a denunciarlo y nuevamente no le dimos respuesta. Pero ella siguió recurriendo a la Justicia. Pidió exclusión de hogar de su ex pareja y botón antipánico porque tenía miedo. Pero cuando iban a llegar ya estaba muerta”, expuso el fiscal. 

A los fundamentos le siguen las declaraciones de testigos. “Los vecinos también dieron cuenta de esta situación. Contaron que la veían con moretones”, detalló y expresó ante el tribunal que “la tenía cosificada, sometida, controlada. Si fue capaz de golpearla, incendiarle la casa; este era un final anunciado”. El fiscal demuestra con contundencia lo que antes el imputado pretendió desmentir en su declaración. “López la trataba de puta, no la dejaba salir, la controlaba, le hizo dejar el colegio (todos hechos acreditados en la causa) y ahora nos quiere contar otra versión de los hechos”, afirmó.

En búsqueda de Mariela

Aquel 27 de junio, Mariela sabía que debía encontrarse con su ex pareja y, para preservar a su pequeño hijo del horror que padecería luego, lo dejó con su amiga del barrio 29 de Agosto en el que vivían. Lorena Cóceres, quien también declaró como testigo en la causa, cuidó del niño y no se lo entregó al padre, tal como se lo había pedido expresamente la víctima, como presumiendo que no podría regresar jamás a buscarlo. 

Caía la tardecita, el sol se había escondido poco después de la 19 horas, cuando luego de insistir por teléfono en búsqueda de la policía, Indalecio Fernández y uno de sus hijos lograron que efectivos de la Comisaría 4° de Resistencia llegarán al hogar de Mariela. “La policía alumbraba desde afuera con un celular -cuenta el fiscal- y dijo aquí no hay nadie. Si bien en otras oportunidades la policía actúa muy bien, no fue así en este caso y esto no puede quedar así”, sentenció Cáceres Olivera, en clara alusión a las denuncias previas sin respuesta y a la tardía reacción aquel día del asesinato cuando toda la familia y amigos buscaban a Mariela. 

“El padre corrió la tela metálica de la ventana de la casa y con un palo corrió un montículo de ropa sobre la cama y vio el pelo de su hija que yacía en el lecho. Ahí el hijo abrió la puerta de una patada”, detalló el investigador sobre el macabro hallazgo.

Mientras Facundo López había contado que se “obnubiló” al matarla, imprimiendo un estado de descontrol y desorientación ante lo que había hecho, el fiscal detalló en su alegato que el imputado “después del hecho, fue a almorzar e incluso se bañó en la casa de su hermano”. Y sentenció que “esta no es la actitud de una persona perdida o con emoción violenta”. 

Para el investigador “se encuentra acreditado, con grado de certeza, el homicidio doblemente agravado por el vínculo y femicidio” y cita los artículos 79 y 80 Incisos 1 y 11 de Código Penal que indican la pena de “reclusión perpetua para quien matare” a una mujer y en el hecho “mediare violencia de género” y cuando haya sido “perpetrado por un hombre”. 

El fiscal también citó en sus alegatos el examen mental al que fue sometido el imputado que indica que “López siempre estuvo en sus cabales, ni en shock ni en emoción violenta. Él comprende la criminalidad de sus actos. Ahora habló de un cuchillo con el que ella supuestamente lo amenazó. Nunca se encontró eso en la escena. Se han secuestrado otros elementos, sin embargo nunca apareció un cuchillo”. 

Autocrítica al sistema judicial (alegatos de la Querella)

Luego fue el turno de alegar para la querella. El doctor Juan Pablo Cerbera, defensor Público Oficial que la justicia puso a disposición de la familia de la víctima, anticipó al Tribunal que él acreditaría “quién era Mariela Fernández”, y aclaró que “adhiere” a todas y cada una de las expresiones del fiscal Cáceres Olivera, en clara referencia a los términos de la investigación y la presentación de las pruebas para acreditar el femicidio.

Pero también se detuvo en una profunda autocrítica al sistema de justicia, enfatizando lo expresado por el fiscal que detalló el deambular de la víctima en búsqueda de protección antes de su muerte. Y contando que los padres de Mariela además corrieron con una suerte similar tras la muerte de su hija ya que les “llevó meses conseguir la tenencia de sus nietos”. Es que ese documento es necesario para que los niños puedan acceder a la Ley Brisa, que otorga una protección económica a hijos e hijas de víctimas de femicidios hasta que tengan la mayoría de edad. “Milagros se la comió de arriba y Santino tendrá oportunidad”, exclamó Cerbera en alusión al estado de -víctimas también- los hijos de Mariela. Víctimas de esa violencia que había sido ejecutada y de ese final que había sido anunciado, pero que nadie y nada frenó. “Si hubieran leído todas las documentaciones juntas, ella (por Mariela) hubiera tenido respuestas”, expresó el querellante. Cerbera referencia al Sistema Integrado de Gestión e Información de la Justicia del Chaco (SIGI). Una herramienta que permite acceder a documentación de diferentes fiscalías y que, de ser utilizado por los agentes judiciales, el abordaje al caso de violencia de género que venía sufriendo y denunciando Mariela pudo haber sido otro. Tal vez no hubieran cometido la aberración de someterla a mediación después de que Facundo López incendiara la casa. O quizá ella no hubiera tenido que esperar tanto tiempo para contar con el botón antipánico, que iba a ser entregado tres días después de su muerte. O lo que fue mucho peor, y hasta raya el absurdo, López no hubiera recibido la exclusión de hogar, estando ya detenido.  

El abogado querellante, con un tono firme y desafiante, miró a la cara al imputado que no abandonó nunca la mirada a un punto fijo, que podría ser la pared o un crucifijo que reina en la sala de audiencias de la cámara del crimen, o cualquier otro elemento del lugar, pero nunca los ojos del abogado. “¡Dijo que apoyó la riñonera! Tenía dos vueltas en el cuello, no podían desprendérsela de su cuerpo”, enfatizó Cerbera, haciendo referencia que la técnica que usó López para asesinar a su ex pareja es la misma utilizada “por la milicia para no permitir que la víctima pueda gritar” para pedir ayuda. 

“Vino acá a mentirnos. Hoy nos dice que pide perdón a todo. Le había pegado, la maltrataba, le quemó su casa y eso tampoco se pudo investigar. Estos hechos están acreditados”, alegó el querellante con tono de indignación. “Facundo López dijo ‘me obnubilé, me perdí’. La forma en que la mató se llama martillo y se usa en la milicia para que ni siquiera se pueda gritar. No hubo obnubilación alguna. La tapó con ropa, agarró el celular y la tarjeta de débito de ella y se fue”, detalló el abogado que adhirió a lo solicitado por la Fiscalía, pidiendo “que se condene a Facundo López a la pena máxima”.

Un trágico final anunciado (alegatos de la Defensa)

Lorena Padovan, defensora oficial pública, fue designada para defender al imputado desde el comienzo de la causa. En el inicio de sus fundamentos, aclaró que “esta defensa está comprometida con la violencia de género, pero se debe entender que no todo los casos son femicidios”. Así iniciaría sus argumentos para atacar “el tipo penal de que se lo acusa” a López. Según la Defensa, no se trató de una relación en “contexto de violencia de género, no hubo sometimiento ni odio del hombre hacia la mujer”. Padovan fue enérgica al afirmar que “todos conocemos que la relación de ellos era violenta, pero no hubo sometimiento o subordinación. Aquí sí nos importa saber si ella era libre y según los testigos de la causa tenía amigos, buena relación con su familia, viajaba, trabajaba”. Y coincidiendo con el planteo del fiscal dijo “sí era un trágico final anunciado”, sin embargo aclaró “pero pudo haberlo sido para cualquiera de los dos”. La abogada pretendió demostrar que, según la declaración de testigos y de los mensajes que obran en la causa “ella (por Mariela) nunca dijo que tenía miedo” y citó un diálogo de la víctima con su amiga, quien testificó en el caso y es a quien le había dado el cuidado de su hijo antes de ser asesinada. 

“Claramente iba a a haber un trágico final, pero no se podía saber de quien”, expresó poniendo en igualdad de condiciones a víctima y victimario. Y así continuó su alegato para sostener que Facundo López se defendió. “Estamos ante un caso de exceso de legítima defensa. Nos falta el dolo, no hubo intención de matar”, refirió la defensora llevando la causa a una especie de accidente. Imaginando la escena con esos argumentos surgen más interrogantes ¿el imputado pudo haber forcejeado con la víctima sin “intención de matar”, pero no midió su fuerza y sin darse cuenta envolvió dos veces la riñonera en el cuello de la mujer sin la intención de terminar con su vida? Sin embargo, la mató.

Con estos fundamentos, la abogada de López acusa al fiscal de “solo guiarse por la hipótesis del femicidio” y según ella “no están dados los agravantes para consolidarlo. No hay dolo, alguien se defendió y se excedió en la defensa”, resumió Padovan.

Para finalizar sus alegatos, planteó la “inconstitucionalidad de la pena”, en clara referencia a la solicitud de prisión perpetua tanto del fiscal como del querellante. “Es respetable que los funcionarios judiciales la pidan, pero se debe analizar el fin de la pena, que es la resocialización. Y observar la edad del imputado (25 años) y que no tiene antecedentes”. La legitimidad del planteo de la defensa parece hacer imperceptibles las cinco denuncias previas a su muerte hechas por la víctima, una de las cuales versa sobre el incendio a su vivienda y las otras sobre las distintas formas de violencia ejercidas por su ex pareja.

Al plantear la inconstitucionalidad de la pena máxima, Padovan referencia a los distintos tratados internacionales y jurisprudencia que argumentan que la reclusión perpetua, lo es. Sin embargo la prisión perpetua indica que una vez cumplido los 35 años de condena, rige el derecho a salidas transitorias, entre otros. No obstante, Padovan sostiene que “corresponde una pena temporaria de ocho a 25 años como lo estipula la ley para estos casos”, sostuvo la defensora que citó como ejemplo la sentencia a genocidas que en los juicios de lesa humanidad ejercidos en Chaco, han condenado a penas “que no superan los 35 años”.
Así transcurrió la segunda y última audiencia de alegatos en el caso del asesinato de Mariela Fernandez. Aquella mujer que se animó a denunciar, pero no encontró respuesta ni contención del Estado. Y que puso al desnudo, una vez más las profundas carencias del sistema judicial chaqueño y de la policía provincial. Dos organismos fundamentales para el resguardo de esta o cualquier víctima. Las herramientas están, aunque claramente el presupuesto y los recursos son escasos, se hace imprescindible la perspectiva de género en el abordaje de las causas. Es vital que los tiempos de los organismos vayan de la mano con las urgencias de las víctimas. “Que se haga justicia, por mi hija y para que esto no le vuelva a pasarle a ninguna otra mujer”, había pedido Indalecio Fernández, padre de Mariela, cuando salió a los medios a exigir un juicio por el caso. ¿Se hará justicia? Esa es tarea del Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal, presidido por Susana Gutiérrez e integrado por los camaristas Ernesto Azcona y María Virginia Ise, quienes anunciaron que el 30 de septiembre próximo darán a conocer el fallo.