Tradicionalmente, ante cualquier denuncia o noticia de posible abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, la respuesta del mundo adultocentrista se resumió en que “los niños mienten”, y con esta frase bastaba para silenciar el delito dentro de las familias, e incluso en la Justicia.                                                                                                            

Sin embargo, en éstas últimas décadas, el aporte realizado por disciplinas como la psicología, sociología, trabajo social, antropología e incluso el derecho, que investigaron el fenómeno delictivo, contribuyeron con aportes valiosos que permitieron entender las características, causas y consecuencias de estas violencias contra las infancias.                                                                           

Así, estos avances científicos se tradujeron, en la práctica, en una eficaz protección de las víctimas, lo cual no tardó en generar una reacción o backlash (concepto sociológico que hace referencia a aquel rechazo  en contra de algo que ha ganado aceptación social), por parte de aquellos que se identificaban con los abusadores, por una aversión a la cuestión de género o, incluso, intereses económicos y relaciones de poder.                                                                                                                                                                             

Como ya no era suficiente argumentar que les “niñes no mienten”, las desacreditaciones de la palabra y negación de los hechos se dirigieron hacia quienes realizaban la denuncia -en su mayoría madres-  y las/les profesionales que acompañan esa protección, como ser psicólogas/os, abogadas/os, maestras/os, médicos/as, etc.

Surgieron así,  estrategias destructivas como el Falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), las revinculaciones en sede civil con el progenitor denunciado por incesto o abuso sexual, como así también con el entorno familiar que no creyó y defiende al victimario.

A menudo, las madres que protegen a sus hijes abusades, evitando el contacto con sus victimarios, resultan criminalizadas, en virtud de lo dispuesto por la ley 24. 270 que erige en delito el “impedimento de contacto”, y los profesionales que les protegen también son denunciados ante sus instituciones colegiadas, amenazados en sus espacios de trabajo e incluso a sus familias.  

Desde Al Fin Justicia, la fundación creada a partir de la necesidad de contención que tanto sobrevivientes como sus familias requieren para sobrellevar las irregularidades en los procesos, sostienen que  «estamos ante un mecanismo de tortura y tratos inhumanos por parte de un sector del Poder Judicial que se pone en marcha cuando se debe intervenir en causas de abuso sexual, tanto en el fuero penal como civil”.  

Consecuencias negativas en el proceso judicial           

Estas estrategias logran que se trunque el avance de la investigación del abuso en sede penal. Y, peor aún, envían un mensaje claro para la víctima, que de acuerdo a su edad, lo percibirá de distintas maneras, pero siempre en una misma línea: no te creo.                                                                

Inicia entonces una dinámica infernal de acoso legal, tanto en el fuero civil como penal, que impacta en la salud mental, patrimonio, libertad y en definitiva en la vida misma de las víctimas, madres, entorno protector y profesionales que saben que, seguir acompañando, puede resultar un costo irreversible: la revictimización.

«Yo sí te creo»

Este análisis no es caprichoso. Desde la  Defensoría  de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, a cargo de Marisa Graham, en su Recomendación Nº 2, vinculado a  DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NAyA) O REVINCULACIONES FORZADAS, se da cuenta que el principal obstáculo detectado es garantizar el derecho a ser oídos de las NNyA víctimas, por parte de los operadores judiciales y, en particular, para aquellos casos en que el presunto abusador/agresor es el progenitor, el condicionante que implica que pretendan judicialmente ser revinculizados con su agresor. 

También alerta sobre la utilización de argumentos pseudocientíficos como el SAP y otras formas discursivas con el mismo sustento ideológico, culpabilizar a la adulta protectora denunciante y a NNyA sobreviviente del abuso.

En la provincia del Chaco, lamentablemente, hay muchos casos del delito de ASI, el que creció incluso más durante la pandemia, cuando las víctimas se vieron obligadas a convivir con sus abusadores. Desde hace tiempo se los ha comenzado a nombrar ficticiamente para preservar la identidad de las personas afectadas, y por mencionar algunos de los que siguen en la maraña judicial sin encontrar una respuesta reparadora están: Niña Cielo, Niño Azul, el caso conocido con el nombre del colegio donde su abusador trabajó: San José Obrero,  el del Niño Rayo, en la vecina provincia de Corrientes, o el caso de la Niña Sabia, cuyo progenitor ha sido “absuelto con el beneficio de la duda”, fallo que fue apelado y sobre el cual debe expedirse ahora el Superior tribunal de Justicia.

Sólo a modo de ejemplo, citamos especificidades cronológicas a las que fueron y son sometides, tanto sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, como sus entornos protectores.

Caso Niña Cielo

En el año 2021 la Niña Cielo relató a su mamá los abusos que sufría en la casa de su progenitor, cuando compartía las visitas que le había otorgado el Juzgado de Familia. A raíz de ello, se inició el Expediente 30026/2021-1, en el que se está a la espera de requerir al progenitor imputado Mauro Frugoni, a Juicio Criminal.   Este expediente cuenta con la prueba más importante: la niña relatando en primera persona los abusos que sufría, gracias a la tecnología que permite grabar con un celular.                                                                                                                                 

Además, constan en el expediente los informes del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán de Resistencia, del Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia (SAINNAVV), de la Psicóloga Particular y la Evaluación Psicodiagnostica que cuentan que la niña presenta claros indicadores de abuso sexual.                                                                                                                         

A su vez, desde el entorno protector de la niña, se refiere la realización de una evaluación psicodiagnóstica en Buenos Aires en 2022, que revela que los abuelos paternos (madre y padre del progenitor imputado) se encuentran involucrados en los abusos. En consecuencia su Madre Protectora hace una denuncia en el año 2023 por los indicadores que describe ese informe psicológico y la respuesta fue el archivo de esta causa en el mes de junio de este mismo año, por parte de la Fiscalía 3 a cargo de la Dra. Rosana Soto.                                                                                

En paralelo desde el año 2022 desde el Juzgado de Familia, tanto los abuelos paternos como el progenitor le abrieron una decena de medidas cautelares a la Madre Protectora.                                                                                                                  

Juzgado de Familia

En septiembre 2021 el SAINNAVV del Hospital Pediatrico remitió informe al Juzgado de Familia N°1, a cargo de la jueza Karina Felmann, donde se concluía que: “se asume como sospecha de abuso infantil” por los indicadores que presentaba la niña de 3 años al haberle realizado la evaluación. A partir de allí, se inició un expediente de protección integral. Sin embargo, a casi dos años de haber sido iniciado, no se dispuso ninguna medida proteccional a favor de la niña.

El Juzgado, por el contrario, lo que hizo fue intentar bajo todas formas revincular a la niña con su progenitor, excusándose en que no tenía ninguna medida de resguardo solicitada por la fiscalía, como tampoco el imputado había estado nunca detenido.                                                                                                                             

 Así, en enero de 2022, la Cámara de Apelaciones Civil obligaba a reanudar el contacto paterno filial con el Sr. Frugoni; orden a la que con la lógica que impulsa el cuidado y la protección, la madre se negó.

Luego, al haberse logrado una medida de protección con su progenitor, el juzgado de familia, insiste en la obligación de revincular a la niña con los abuelos paternos.

Se realiza un solo encuentro, que ante las faltas de garantías de protección y cuidado para la niña, según entendía su familia, sería luego suspendido por su entorno protector.

En respuesta, la Jueza Feldman ordena su cumplimiento con  presencia de abogados, oficial de justicia y abuelos en las puertas del jardín al que asistía la pequeña. Ante este accionar,  por lo menos temerario para la niña, según su entorno protector, la madre se la lleva y hoy enfrenta un proceso de “Desobediencia Judicial”, ya que ella es la imputada por haberse negado a revincular a su hija.

Cabe agregar que la Madre Protectora tuvo que tratarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cursar un embarazo de riesgo. En ese contexto, el progenitor interpuso una medida de habeas corpus en la que acusaba a la madre de tener privada de su libertad a la niña, a lo que el citado juzgado dio trámite, como así también a la medida de “no innovar el centro de vida” de Cielo, quién obviamente por su corta edad estaba con su madre, prohibiendo de esta manera su salida de la provincia.

En el marco de un contexto de hostigamiento y amenazas durante su estadía en CABA, desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema le otorgaron medidas de protección por el Informe de Alto Riesgo elaborado por el  el Equipo de la Corte Suprema de Justicia. Medidas vigentes hasta el mes de agosto 2023. 

Sin embargo, desde el Juzgado de Resistencia se pidió que le envíen los expedientes porque la “competencia” es suya, atento a que es el lugar en que viven.

Hoy en día, la madre de Cielo enfrenta más de 20 medidas cautelares iniciadas en el fuero civil.

Tampoco la Justicia ha otorgado ninguna medida de protección hacia la niña ni a su familia protectora.                                                                                                                        

Durante todo este trayecto, la madre de Cielo fue examinada por más de siete profesionales distintos de los Equipos Interdisciplinarios, concurrió más de nueve veces a evaluarse y todos los informes fueron favorables al otorgamiento de medidas de protección.

Por el contrario, el Juzgado pidió el cambio del equipo Interdisciplinario que, sin entrevistar jamás a la madre, la “examinó” a través de un expediente y dictaminó que era una mamá obstructora.

También, desde el Juzgado de Garantías N° 2, tergiversando todas las acciones realizadas por la madre, y con un lenguaje jurídico atravesado por rasgos misóginos, se desliza que Cielo podría estar sufriendo “maltrato infantil” por su propia madre.

“En muchos juzgados predomina una concepción adultocéntrica, familiarista y patriarcal que niega el abuso…”

Respecto de las vivencias de las personas vinculadas a ésta y las otras causas que presentan patrones similares, desde Al Fin Justicia, fueron contundentes: “acompañamos y somos testigos del sufrimiento y terror que viven las Madres Protectoras, cómo se consumen sus cuerpos y su vida, porque, o luchan por proteger a sus hijos/as, o es la entrega a sus abusadores”.

Cuando una infancia o adolescencia habla, cuando puede poner en palabras el padecimiento de un abuso, la madre o cualquier persona adulta cuidadora en quien haya confiado semejante dolor, tiende a hacer todo lo posible para protegerla. No solamente no pone en duda jamás su credibilidad, sino que buscará, mediante la denuncia pertinente, una Justicia reparadora y protectora, y no siempre la encuentran: “Lo más grave e ilógico es que hicieron lo correcto: escucharon, creyeron y denunciaron el abuso de sus niñes. Es decir, recurrieron a donde corresponde, a la Justicia. Se dan contra una pared, en muchos juzgados predomina una concepción adultocéntrica, familiarista y patriarcal que niega el abuso y persigue a quién protege, en su mayoría mujeres. Las Madres Protectoras se tienen que defender del victimario y también del Poder Judicial», sigue relatando la referida Fundación.

La realidad nos enfrenta a fallos repletos de adjetivaciones misóginas hacia las madres. Aún la Justicia tiene muchos resabios patriarcales en sus estructuras, con pocas y esperanzadoras excepciones. Y son los mismos nombres de abogados defensores y peritos de parte que aportan sus construcciones “seudo científicas” y ficciones para tergiversar testimonios, pericias, Cámara Gesell; y denuncias para les profesionales que acompañan. Al Fin Justicia participa de la Mesa contra el Abuso Sexual a infancias y adolescencias en Argentina y sentencia una realidad cruda en los procesos judiciales que abordan el delito de ASI: «estamos en contacto con otros casos de otras provincias y de los mecanismos que se utilizan en todo el país para garantizar la impunidad de este delito. Y es el mismo manual en todos lados, por eso decimos que estamos ante un mecanismo de tortura”, sentencian desde la organización.

Aún así, la lucha de las distintas organizaciones contra la mirada adultocentrista, misógina y patriarcal de buena parte de la Justicia, genera legítimas expectativas acerca de una positiva evolución en los criterios judiciales que acompañen los cambios que la sociedad ya reclama.