Ante un hecho delictivo, la sociedad en general, pide más cárcel, mayor punitivismo y firmes condenas. Porque en el ideario colectivo los años encerrados en los centros de detención llevarán a la persona que delinquió, a reflexionar sobre lo que hizo y allí adquirirá herramientas válidas para que, una vez cumplida su condena, pueda volver a encontrar un lugar en esa misma sociedad. Haber adquirido un título profesional que le abra puertas,  tener un  trabajo, acceder a los beneficios y obligaciones que implican vivir en comunidad.

¿Sabe la gente que cuando pide más cárcel y mayor punitivismo no siempre las oportunidades de reinserción social, son tales? ¿Sabe, que si en esos años de encierro la persona no adquiere herramientas para poder vivir en sociedad, lo más probable es que no haya más oportunidades, que volver a delinquir? Suena duro de entender cuando se tuvo todas las oportunidades: haber sido bien alimentado y contenido, haber estudiado, poder trabajar y vivir de lo que uno hace. 

Durante los últimos días de octubre se dió un hecho histórico en la unidad penitenciaria local. Un estudiante universitario privado de su libertad, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho al voto, en las elecciones de autoridades estudiantiles en la facultad que estudia. Esta posibilidad representa una victoria para la restitución de derechos que históricamente les fueron negados a quienes purgan una condena: el derecho a que se respete su dignidad, a trabajar, a comunicarse, a recibir visitas, y a estudiar.

El procedimiento

El operativo se desarrolló de manera conjunta entre la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC)  de la UNNE, a través de su Subsecretaría de Asuntos Sociales y Graduados y su Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles; el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco; y el Servicio Penitenciario Provincial. 

Para que el estudiante pudiera emitir sus votos para la elección del centro de estudiantes y el consejo directivo, la junta electoral se trasladó al establecimiento en donde se encuentra detenido, contando con el sector Escuela de la Alcaidía Resistencia para efectuar el voto, espacio cedido por la unidad penitenciaria. Junto con todo lo preciso para el procedimiento: las dos urnas, los padrones, las boletas con las diferentes opciones y demás documentación. 

Con anticipación se comunicaron con el estudiante para informarle acerca de las propuestas de cada frente y sus respectivos candidatos y candidatas, por lo que se encontraba en pleno conocimiento para su elección. Así fue que el día jueves 27 por la mañana un celador lo trasladó hasta el sector donde se encontraban las autoridades electorales.

Una facultad inclusiva

La licenciada Andrea Rougier, docente y subsecretaria de Asuntos Sociales y de Graduados de la FADyCC, dijo a Proyecto Bohemia que esta fue la primera experiencia de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura en la que se movilizaron y garantizaron el derecho al voto a un estudiante privado de su libertad. Debido a su corta edad, ya que la FADyCC tiene apenas 10 años de vida, todo lo relativo al contexto de encierro le resultó un campo desconocido. 

Por ello, desde el primer momento en que el estudiante ingresó a una de sus carreras, la facultad comenzó a indagar, relacionarse con instituciones afines y a trabajar en proyectos para abordar la temática. “Hablar de inclusión significa brindarles oportunidades a todos los estudiantes” reflexiona Rougier.

“Venimos desarrollando una serie de acciones que están orientadas a esto, a trabajar la temática, a poder darla a conocer, a trabajar de manera articulada con otras instituciones con las que no teníamos contacto anteriormente” afirmó.  El proceso se da gracias a la articulación que han mantenido con el Comité para la Prevención de la Tortura, el Servicio Penitenciario y la Fundación Bandada: Feminismo entre rejas. Este equipo interdisciplinar está desarrollando diferentes actividades para y con las personas privadas de su libertad, como una intervención colaborativa muralística.

Estas actividades significan una apertura de la universidad, que comienza a volverse un espacio efectivamente inclusivo. Significa una universidad abierta que repiensa su funcionamiento y se moviliza para que todes puedan estudiar y ejercer derechos como votar, incluso las personas privadas de su libertad, ya que el único derecho que deben perder es ese, el de la libertad.

Restituir derechos

Este suceso debería ser un hecho regular, que no llame la atención. Pero lo cierto es que es inédito. El derecho a la educación, sobre todo a la educación superior, todavía no está totalmente garantizado para las personas que cumplen una condena privadas de su libertad.

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en Chaco sólo un 2% de la población total de reclusos y reclusas llegan a un nivel terciario y/o universitario. 42% no llega a completar el nivel de escolaridad primario:

Datos del Informe Anual 2021 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)

Se comprende entonces, que hay una limitación del acceso a derechos. Y no sólo estamos hablando de la educación. Ya que Ariela Álvarez, licenciada en trabajo social y comisionada del Comité para la Prevención de la Tortura sostiene que en Chaco “Tenemos serias dificultades para garantizar el derecho a la salud integral. Esto significa que de alguna manera está garantizada la atención primaria, pero realmente nos preocupa el acceso a la atención integral, especialmente en materia de salud mental”, comentó a Proyecto Bohemia.

Dentro de la salud integral también se encuentra la alimentación nutricional, otro derecho que no está garantizado en su totalidad.“El derecho a la alimentación la tienen garantizada las personas en el ámbito del servicio penitenciario, pero la situación no es igual para unas mil personas aproximadamente, que son alojadas en comisarías”, agregó Álvarez.

El derecho al trabajo es otra deuda que aún no ha sido saldada en la provincia. No obstante, se está trabajando en formas de garantizar a través de la ley de peculio, en proceso de implementarse. Esta ley tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas en conflicto con la ley a través del trabajo con emprendimientos productivos.

Por supuesto que no todo es negativo, ya que las acciones de monitoreo del Comité, y el compromiso de las autoridades penitenciarias para trabajar contra la violencia institucional y por la restitución de derechos, han conseguido avances en el objetivo. Tal como se dió a principios de este año, cuando una resolución del Ministerio de Seguridad autorizó el uso de la telefonía celular para las personas privadas de su libertad. 

Esto no sólo colocó a la provincia en una posición pionera en la garantía de derechos dentro de las unidades penitenciarias,  sino que ha permitido frenar los niveles de corrupción de ingreso y compra ilegal de teléfonos. Gracias a este acceso, las personas privadas de su libertad pueden recuperar el vínculo con las familias y personas que no pueden visitarlos regularmente. Esto resulta muy beneficioso para quienes son de localidades alejadas y sufren el desarraigo de sus familias.

La legalización de la compra y uso de teléfonos celulares también fue un paso muy importante para la prevención de la tortura, porque les permite un contacto permanente con el teléfono de guardia del Comité, posibilitando una intervención más rápida y asertiva. Pero también les dio la posibilidad de contar con el derecho a la educación; funcionando como una herramienta para el acceso a cursos, talleres e incluso estudios superiores.

La posibilidad de estudiar

Si bien no hay ningún tipo de obstáculo institucional o reglamentario que les impida el acceso a la educación, las circunstancias en las que se encuentran los empuja a que no puedan ejercer ese derecho. Menos de la mitad de las personas privadas de libertad acceden a la educación en el ámbito del servicio penitenciario.

Aunque la ley dicta que la privación de la libertad tiene como objetivos rehabilitar a la persona para que pueda volver a la vida social, culturalmente la prisión tiene una profunda connotación moralizante. Se piensa que la persona debe ser castigada, por lo que, poco importa si se cumplen o no, derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.

“Desde la propia ley de ejecución de la pena se plantea la educación, el trabajo, la convivencia. como los tres pilares fundamentales para que la persona transite de manera exitosa la pena y concluya con mejores perspectivas de rehabilitación”, explica Álvarez. Es por esto que es tan importante garantizar el derecho a la educación, porque de otra forma el encierro pierde sus fines rehabilitatorios y se vuelve una herramienta de simple castigo y sufrimiento.

Esto no quiere decir que cualquier persona privada de su libertad puede acceder a la asistencia de clases, sin importar la integridad física del resto de la ciudadanía. En el marco de la ejecución de la pena, para que pueda acceder a la educación superior universitaria se debe contar con una autorización de un juez de ejecución en donde se constata que la persona ha internalizado normas básicas de convivencia y no pone en riesgo al resto.

Es por ello que socialmente debemos comprender que el ejercicio de un derecho va más allá de nuestras convicciones personales. Se trata de la restitución de un derecho que en la mayoría de los casos ha sido vulnerado incluso antes de privarlo de libertad. Así lo afirmó la comisionada: 

“Independientemente del delito que cometieron en general, un altísimo porcentaje de personas privadas de libertad no han tenido derecho a la educación. Por lo que ingresan con un derecho vulnerado anterior a la privación de la libertad. Muchas veces, ese derecho se empieza a restituir y tienen la oportunidad de acceder a él a partir de estar encerrados. Por todo lo que esto supone, yo creo que la educación debe ser un espacio de libertad dentro del encierro”.

Ariela Álvarez, Comité para la Prevención de la Tortura

Tal como lo expresó el propio estudiante que ejerció su derecho al voto estando en un contexto de encierro durante comunicaciones con Proyecto Bohemia: “Un título universitario, como para toda persona que se recibe, es una habilitación importante desde lo intelectual y laboral. Pero en forma personal es un factor importante en el autodesarrollo personal. (…) Todas las personas privadas de su libertad tienen la capacidad de terminar sus estudios si se lo proponen, y si se esfuerzan para lograr los permisos pertinentes dentro de su proceso de progresividad y nivel de confianza logrados”.

La posibilidad de estudiar estando en un contexto de encierro no sólo es una herramienta de cambio para su rehabilitación y desarrollo personal, sino que además significa la apertura de oportunidades una vez cumplida la condena. Oportunidades que tal vez nunca tuvo. Oportunidades para sí mismo y también para esa sociedad que lo necesita incluido, para ser mejor persona en una mejor comunidad.

Ante un hecho delictivo, la sociedad en general, pide más cárcel, mayor punitivismo y firmes condenas. Porque en el ideario colectivo los años encerrados en los centros de detención llevarán a la persona que delinquió, a reflexionar sobre lo que hizo y allí adquirirá herramientas válidas para que, una vez cumplida su condena, pueda volver a encontrar un lugar en esa misma sociedad. Haber adquirido un título profesional que le abra puertas,  tener un  trabajo, acceder a los beneficios y obligaciones que implican vivir en comunidad.

¿Sabe la gente que cuando pide más cárcel y mayor punitivismo no siempre las oportunidades de reinserción social, son tales? ¿Sabe, que si en esos años de encierro la persona no adquiere herramientas para poder vivir en sociedad, lo más probable es que no haya más oportunidades, que volver a delinquir? Suena duro de entender cuando se tuvo todas las oportunidades: haber sido bien alimentado y contenido, haber estudiado, poder trabajar y vivir de lo que uno hace. 

Durante los últimos días de octubre se dió un hecho histórico en la unidad penitenciaria local. Un estudiante universitario privado de su libertad, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho al voto, en las elecciones de autoridades estudiantiles en la facultad que estudia. Esta posibilidad representa una victoria para la restitución de derechos que históricamente les fueron negados a quienes purgan una condena: el derecho a que se respete su dignidad, a trabajar, a comunicarse, a recibir visitas, y a estudiar.

El procedimiento

El operativo se desarrolló de manera conjunta entre la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC)  de la UNNE, a través de su Subsecretaría de Asuntos Sociales y Graduados y su Secretaría de Bienestar y Asuntos Estudiantiles; el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco; y el Servicio Penitenciario Provincial. 

Para que el estudiante pudiera emitir sus votos para la elección del centro de estudiantes y el consejo directivo, la junta electoral se trasladó al establecimiento en donde se encuentra detenido, contando con el sector Escuela de la Alcaidía Resistencia para efectuar el voto, espacio cedido por la unidad penitenciaria. Junto con todo lo preciso para el procedimiento: las dos urnas, los padrones, las boletas con las diferentes opciones y demás documentación. 

Con anticipación se comunicaron con el estudiante para informarle acerca de las propuestas de cada frente y sus respectivos candidatos y candidatas, por lo que se encontraba en pleno conocimiento para su elección. Así fue que el día jueves 27 por la mañana un celador lo trasladó hasta el sector donde se encontraban las autoridades electorales.

Una facultad inclusiva

La licenciada Andrea Rougier, docente y subsecretaria de Asuntos Sociales y de Graduados de la FADyCC, dijo a Proyecto Bohemia que esta fue la primera experiencia de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura en la que se movilizaron y garantizaron el derecho al voto a un estudiante privado de su libertad. Debido a su corta edad, ya que la FADyCC tiene apenas 10 años de vida, todo lo relativo al contexto de encierro le resultó un campo desconocido. 

Por ello, desde el primer momento en que el estudiante ingresó a una de sus carreras, la facultad comenzó a indagar, relacionarse con instituciones afines y a trabajar en proyectos para abordar la temática. “Hablar de inclusión significa brindarles oportunidades a todos los estudiantes” reflexiona Rougier.

“Venimos desarrollando una serie de acciones que están orientadas a esto, a trabajar la temática, a poder darla a conocer, a trabajar de manera articulada con otras instituciones con las que no teníamos contacto anteriormente” afirmó.  El proceso se da gracias a la articulación que han mantenido con el Comité para la Prevención de la Tortura, el Servicio Penitenciario y la Fundación Bandada: Feminismo entre rejas. Este equipo interdisciplinar está desarrollando diferentes actividades para y con las personas privadas de su libertad, como una intervención colaborativa muralística.

Estas actividades significan una apertura de la universidad, que comienza a volverse un espacio efectivamente inclusivo. Significa una universidad abierta que repiensa su funcionamiento y se moviliza para que todes puedan estudiar y ejercer derechos como votar, incluso las personas privadas de su libertad, ya que el único derecho que deben perder es ese, el de la libertad.

Restituir derechos

Este suceso debería ser un hecho regular, que no llame la atención. Pero lo cierto es que es inédito. El derecho a la educación, sobre todo a la educación superior, todavía no está totalmente garantizado para las personas que cumplen una condena privadas de su libertad.

Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en Chaco sólo un 2% de la población total de reclusos y reclusas llegan a un nivel terciario y/o universitario. 42% no llega a completar el nivel de escolaridad primario:

Datos del Informe Anual 2021 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)

Se comprende entonces, que hay una limitación del acceso a derechos. Y no sólo estamos hablando de la educación. Ya que Ariela Álvarez, licenciada en trabajo social y comisionada del Comité para la Prevención de la Tortura sostiene que en Chaco “Tenemos serias dificultades para garantizar el derecho a la salud integral. Esto significa que de alguna manera está garantizada la atención primaria, pero realmente nos preocupa el acceso a la atención integral, especialmente en materia de salud mental”, comentó a Proyecto Bohemia.

Dentro de la salud integral también se encuentra la alimentación nutricional, otro derecho que no está garantizado en su totalidad.“El derecho a la alimentación la tienen garantizada las personas en el ámbito del servicio penitenciario, pero la situación no es igual para unas mil personas aproximadamente, que son alojadas en comisarías”, agregó Álvarez.

El derecho al trabajo es otra deuda que aún no ha sido saldada en la provincia. No obstante, se está trabajando en formas de garantizar a través de la ley de peculio, en proceso de implementarse. Esta ley tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas en conflicto con la ley a través del trabajo con emprendimientos productivos.

Por supuesto que no todo es negativo, ya que las acciones de monitoreo del Comité, y el compromiso de las autoridades penitenciarias para trabajar contra la violencia institucional y por la restitución de derechos, han conseguido avances en el objetivo. Tal como se dió a principios de este año, cuando una resolución del Ministerio de Seguridad autorizó el uso de la telefonía celular para las personas privadas de su libertad. 

Esto no sólo colocó a la provincia en una posición pionera en la garantía de derechos dentro de las unidades penitenciarias,  sino que ha permitido frenar los niveles de corrupción de ingreso y compra ilegal de teléfonos. Gracias a este acceso, las personas privadas de su libertad pueden recuperar el vínculo con las familias y personas que no pueden visitarlos regularmente. Esto resulta muy beneficioso para quienes son de localidades alejadas y sufren el desarraigo de sus familias.

La legalización de la compra y uso de teléfonos celulares también fue un paso muy importante para la prevención de la tortura, porque les permite un contacto permanente con el teléfono de guardia del Comité, posibilitando una intervención más rápida y asertiva. Pero también les dio la posibilidad de contar con el derecho a la educación; funcionando como una herramienta para el acceso a cursos, talleres e incluso estudios superiores.

La posibilidad de estudiar

Si bien no hay ningún tipo de obstáculo institucional o reglamentario que les impida el acceso a la educación, las circunstancias en las que se encuentran los empuja a que no puedan ejercer ese derecho. Menos de la mitad de las personas privadas de libertad acceden a la educación en el ámbito del servicio penitenciario.

Aunque la ley dicta que la privación de la libertad tiene como objetivos rehabilitar a la persona para que pueda volver a la vida social, culturalmente la prisión tiene una profunda connotación moralizante. Se piensa que la persona debe ser castigada, por lo que, poco importa si se cumplen o no, derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.

“Desde la propia ley de ejecución de la pena se plantea la educación, el trabajo, la convivencia. como los tres pilares fundamentales para que la persona transite de manera exitosa la pena y concluya con mejores perspectivas de rehabilitación”, explica Álvarez. Es por esto que es tan importante garantizar el derecho a la educación, porque de otra forma el encierro pierde sus fines rehabilitatorios y se vuelve una herramienta de simple castigo y sufrimiento.

Esto no quiere decir que cualquier persona privada de su libertad puede acceder a la asistencia de clases, sin importar la integridad física del resto de la ciudadanía. En el marco de la ejecución de la pena, para que pueda acceder a la educación superior universitaria se debe contar con una autorización de un juez de ejecución en donde se constata que la persona ha internalizado normas básicas de convivencia y no pone en riesgo al resto.

Es por ello que socialmente debemos comprender que el ejercicio de un derecho va más allá de nuestras convicciones personales. Se trata de la restitución de un derecho que en la mayoría de los casos ha sido vulnerado incluso antes de privarlo de libertad. Así lo afirmó la comisionada: 

“Independientemente del delito que cometieron en general, un altísimo porcentaje de personas privadas de libertad no han tenido derecho a la educación. Por lo que ingresan con un derecho vulnerado anterior a la privación de la libertad. Muchas veces, ese derecho se empieza a restituir y tienen la oportunidad de acceder a él a partir de estar encerrados. Por todo lo que esto supone, yo creo que la educación debe ser un espacio de libertad dentro del encierro”.

Ariela Álvarez, Comité para la Prevención de la Tortura

Tal como lo expresó el propio estudiante que ejerció su derecho al voto estando en un contexto de encierro durante comunicaciones con Proyecto Bohemia: “Un título universitario, como para toda persona que se recibe, es una habilitación importante desde lo intelectual y laboral. Pero en forma personal es un factor importante en el autodesarrollo personal. (…) Todas las personas privadas de su libertad tienen la capacidad de terminar sus estudios si se lo proponen, y si se esfuerzan para lograr los permisos pertinentes dentro de su proceso de progresividad y nivel de confianza logrados”.

La posibilidad de estudiar estando en un contexto de encierro no sólo es una herramienta de cambio para su rehabilitación y desarrollo personal, sino que además significa la apertura de oportunidades una vez cumplida la condena. Oportunidades que tal vez nunca tuvo. Oportunidades para sí mismo y también para esa sociedad que lo necesita incluido, para ser mejor persona en una mejor comunidad.