La violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) jamás es justificable y se debe prevenir. Las familias tienen un papel primordial en esto, incluso las familias extensas (cercanos, amigos). Sin embargo, se conoce que casi el 80% de los casos de abuso sexual en la infancia se dan en el círculo cercano de NNA. 

Es el caso de una joven chaqueña -que hoy tiene 28 años- y su hermana (25). La mayor, es quien ha roto el cerco de la opresión, el temor y la angustia que causa trauma semejante y se animó a denunciar a su padre, César Adolfo Heriberto García. El progenitor está imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia”, pero aún sigue en la libertad de su hogar, junto a su esposa (madre de las víctimas) y acude cada semana al templo de la Iglesia de Dios de calle Obligado 653. Paradójicamente, las jóvenes intentaron poner en situación a la comunidad acudiendo al pastor, pero fueron ignoradas. Ellas buscaron contención espiritual en otra comunidad. 

El inicio del derrotero judicial

Por lo menos han pasado 20 años desde aquellos sometimientos y finalmente ambas hermanas pudieron, hablar entre ellas y con una tía (hermana del imputado) que fue, y es, el pilar de ambas para poder afrontar todo. Hasta el momento la única que logró denunciar en la Justicia, ha sido la mayor de las dos. Cada persona tiene sus tiempos para el proceso que significa afrontar tal efecto en la vida de un ser humano. De hecho se trata de respetar el «tiempo de las víctimas» como lo estipula, incluso, la legislación vigente.

La primera denuncia formal fue el 4 de enero de 2018 en la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano de (Avenida 9 de julio 318). Allí comenzó el derrotero judicial, que no suele ir de la mano con la urgencia de las personas vulneradas en sus derechos, mucho menos cuando se trata de este tipo de casos. La causa se inició en la Fiscalía Nº 4. Luego, como sucede en una buena mayoría de la ciudadanía chaqueña que no cuentan con recursos suficientes para afrontar un litigio, es el Estado quien debe garantizarlo. Así la causa quedó en manos del defensor oficial, Juan Pablo Cerbera, quien de inmediato solicitó una orden de restricción que no tuvo eco expeditivo en la Fiscalía.

Las sobrevivientes estaban a esta altura contenidas ya por el equipo del Centro de Atención a Víctimas de Violencias (CAVV), ubicada en López y Planes 157 de Resistencia, herramienta fundamental para que cualquier persona vulnerada pueda afrontar un proceso judicial que les dé esperanzas de sanar profundas heridas.

Transcurrido cierto tiempo y sin avances por parte de la Fiscalía a la solicitud de restricción de acercamiento contra el padre y la madre, el pedido de resguardo esta vez fue presentado ante el Juzgado del Menor y la Familia Nº6, a cargo de Laura Parmetler. Ahí se generó otro expediente y sí obtuvieron, por fin, la “orden de restricción contra ambos progenitores de manera inmediata”. La medida no sólo fue sobre la denunciante, sino también para la hermana menor, incluso la contención psicológica, que en este caso se dio a través del Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial.

Luego llegaría, además, la restricción por parte de la Fiscalía y el 18 de octubre de 2018, Cesar Adolfo Heriberto García sería “notificado y declarado imputado” , por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia”, sin embargo se abstuvo de declarar.

La labor judicial y el tiempo de las víctimas

Según consta en el expediente, la Defensoría Nº 4 solicitó varias veces la orden de detención como así también la orden de restricción. El juzgado a cargo de Parmetler tuvo resultados más expeditivos con relación a la restricción de acercamiento. Pero no es menor repasar la labor de agentes judiciales en los diferentes procesos. Sin sólo caer en las meras comparaciones, sino con el objeto de tener una idea aproximada y lograr dimensionar como los equipos se atiborran de expedientes, un dato es esclarecedor: mientras una Juzgado Federal de Resistencia en promedio lleva a cabo unos cuatro (4) juicios al año, un Juzgado de Cámara Penal de la ciudad, más de cien (100), y a veces casi son docientos (200). La Fiscalía N°4 se compone de tres equipos fiscales que entran en turno todos los meses y está integrado por, aproximadamente, unas cinco (5) personas (Secretario, Prosecretario, uno a tres Proveyentes) más el o la Fiscal/la. Estos son los equipos que deben investigar o trabajar en otras tareas en búsqueda de pruebas para la elevación a juicio de una causa o no, o dar respuestas a les justiciables. La Justicia no es lenta, cuenta con agentes con total compromiso, como los hay que no, pero ¿son suficientes para dar respuestas a una víctima que tiene urgencias dolorosas para sí y heridas que sanar para poder «cerrar» una etapa lesionante en su vida?

“No me permiten cerrar esta etapa”

Con el apoyo de la tía, única familiar que acompaña y contiene a las hermanas, en octubre de 2019 la joven mayor decidió contratar como abogada querellante a Sonia Valenzuela. Así, la Defensoría oficial quedaría atrás.

Aún espera que la causa sea elevada a juicio. La audiencia de oposición ante el Juzgado de Garantías fue suspendida en dos oportunidades. ¿Mala fortuna? Se dio una sucesión de hechos que se interpusieron en la posibilidad de que se concreten las audiencias para debatir la elevación a juicio del caso. Prioridades procesales que debió atender la Fiscalía. Cuando se indica que la justicia no va de la mano de las urgencias de las víctimas, se hace referencia a estos casos. Sin embargo, si bien caben ciertas críticas, también es cierto que no se cuenta con los recursos humanos suficientes como para que la espera de las personas afectadas sea por lo menos soportable.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, reconoció que ambas suspensiones obedecieron a que en la primera audiencia “estaba en un debate en Cámara, por regla, como es con detenido y ya estaba abierto el debate, tuve que solicitar la suspensión de esa audiencia” que había sido para 24 de octubre. Luego, el 10 de diciembre del mismo año se volvió a fijar audiencia cuando el fiscal “estaba en una subrogancia de la Fiscalía N° 11 y también tenía otra audiencia con detenido, así que nuevamente se tuvo que reprogramar”.

Luego llegó el receso administrativo, donde la actividad judicial está en “feria” y sólo atiende “urgencias”.

Se hace por lo menos necesario rediscutir esos procesos que se interponen paradójicamente a las necesidades de personas afectadas en sus derechos, dolor que no se toma vacaciones. Pero tal vez sea válido un artículo exclusivo para el análisis más profundo del ejercicio de justicia.

Todo se postergó al año 2020. ¿Quién podría haber imaginado en diciembre del año pasado que las “urgencias” debieran haber sido atendidas porque la pandemia por Covid-19 haría todavía más difícil atenderlas?

Al día de la fecha, “no he sido notificada respecto del estado de mi causa” cuenta entristecida la joven que admite que “la situación me genera incertidumbre y angustia al ver la lentitud de la justicia, sintiendo que restan importancia al padecimiento que fui sometida desde muy chica y no me permiten cerrar esta etapa”.