Foto Portada: Casa Patria Neuquén

Parece mentira que en el país reconocido como líder en avances en materia de derechos humanos y género, en toda América Latina, sigan sucediendo estas arbitrariedades, han detenido y sometido a la violación de sus propios derechos, mediante un operativo cargado de tratos denigrantes,  a siete mujeres mapuches y sus hijes, quienes custodiaban el derecho a la vivienda para su comunidad, preexistente al Estado Argentino. 

Este hecho, sucedido el 4 de octubre pasado en Bariloche, entre otras serias consecuencias políticas, determinó la renuncia indeclinable de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. En la carta destinada al Presidente Alberto Fernandez, con copia al Jefe de gabinete Juan Manzur, la ahora exministra destaca: “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político. Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de  la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”, detalló Gómez Alcorta.

La exfuncionaria es contundente sobre la responsabilidad política del Poder Ejecutivo en el proceso violatorio de los DDHH de las mujeres mapuches “Independientemente de la responsabilidad directa que la magistrada que interviene tiene sobre dicha situación, la misma amerita una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo Nacional. En lo personal, siento que con este hecho se ha transpuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este Ministerio”, concluye, al tiempo que reconoce que en la actual gestión “se han hecho innumerables avances en materia de género y diversidades”, sin embargo este hecho, con”franqueza” determinó su alejamiento. Siendo la cuarta y última ministra mujer que quedaba en la era Fernandez, y que también renuncia al Gobierno Nacional, llegado al poder bajo promesas de compromisos de igualdad de género y políticas públicas progresistas. 

La ahora exfuncionaria de la actual gestión, recibió el apoyo de diferentes sectores sociales y políticos, y de los propios feminismos. Las  integrantes del Consejo Federal de las Mujeres, Géneros y Diversidad (CFMGyD), expresaron mediante un comunicado “nuestra solidaridad con la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta”, por considerar “un claro avasallamiento de los Derechos Humanos”. Además como consejeras también manifestaron: “repudiamos el encarcelamiento, incomunicación y traslado de estas mujeres, acciones que resultan desproporcionadas, excesivas y, por supuesto, carentes de perspectiva de género”. 

Mientras que en el orden provincial, “organizaciones feministas, disidentes , sociales,sindicales y  defensoras de los derechos humanos, de la provincia del Chaco”, firmaron un documento manifestando el “enérgico repudio” al hecho violatorio de los derechos de las mujeres mapuches. 

“Sabemos que no es con la militarización del territorio como se podrá resolver. No es violentando o encarcelando como se pondrá fin a este conflicto que lleva demasiado tiempo. Ya hemos sufrido demasiadas muertes a lo largo de la historia desde la tristemente célebre Campaña del Desierto, hasta las recientes de Santiago y Rafael que nos llenan de indignación y coraje”, expresa una cuarentena de organizaciones como la CANPO, Identidades Diversas Chaco, Mesa multisectorial feminista, Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha entre otras, y referentas de la política local, entre las que se destacan Nancy Sotelo, Tere Cubelles, Silvana Pérez que además de ser la Secretaria de DDHH y Género provincial, integra el CFMGyD que se manifestó en solidaridad con la exministra Gómez Alcorta. 

A nivel nacional e internacional son innumerables las instituciones que han salido rápida y enérgicamente a pedir una resolución pacífica del conflicto y respetuosa de los derechos humanos.  

ONU Derechos Humanos en América del Sur, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, expresaron ”su preocupación por el operativo policial», donde “las mujeres no habrían tenido acceso inmediato a sus representantes legales” además de ser trasladas a más de 1.500 km de distancia en condiciones denigrantes. Por eso desde “ONU Derechos Humanos y UNFPA recuerdan a las autoridades pertinentes la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales de derechos humanos, garantizando el debido proceso, y llaman a abordar la causa penal con un  enfoque de género e interculturalidad, considerando que se trata de población históricamente vulnerada” expresaron en un comunicado las organizaciones internacionales.  

Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es otra de las organizaciones que expresó su rechazo al avasallamiento de los derechos de las mujeres mapuches, expresando mediante sus redes sociales:

Reclamamos en sede judicial que: 

1. No se les realice requisas en sus cuerpos, bajo ninguna circunstancia, en tanto desde el 5 de octubre estuvieron bajo custodia.

2. No se les realice largos trámites de registro.

3. No sean esposadas en el viaje. Se les dé comida y abrigo.

4. Se les informe el destino, horario de llegada.

5. Se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres. 

Manifestando además que: “Todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches”.

La presión social y su efecto en la “Justicia”

En medio de esta conmoción política, a tres días del denigrante operativo policial, la Jueza Federal de Bariloche, que había hecho trasladar a Ezeiza, a cuatro de las siete mujeres detenidas, vuelve sobre sus pasos, por la presión social, y ordena que sean devueltas al lugar de dónde nunca debieron haber sido sacadas. 

De las siete mujeres, dos son lactantes y una con un embarazo a término, que dio a luz anoche mientras no se sabía aún lo que sucedería con sus hermanas trasladadas a más de 1.500 km de distancia de su tierra. 

Distintas organizaciones indígenas y del resto de la sociedad civil salieron en principio a manifestar un enérgico rechazo al desmesurado operativo policial. La obstaculización de la defensa de las mujeres mapuches, dejan a la vista el peligro permanente de la verdadera garantía de los derechos humanos para todos, todas y todes en nuestro país. 

Y si esos derechos son de comunidades originarias, preexistentes a la actual Nación Argentina, las vulneraciones son más latentes. 

Varios derechos fueron avasallados a las mujeres mapuches. Las raíces discriminatorias y racistas afloraron como fundamentos subyacentes. 

Debían haber sido indagadas en 48 horas de su detención y fueron trasladadas a más de 1.500 km de distancia. En ese contexto fue explícita la obstaculización de su derecho a la defensa. No pudieron tener contacto con sus abogades antes de ser indagadas. De hecho, las trasladaron a una cárcel federal sin siquiera ser procesadas.

Se dieron una serie de violaciones a estas mujeres. Derechos culturales, separación del vínculo con su tierra, alejamiento de sus defensores, dificultad para comunicarse por la lengua e impedimento de acceso a defensa, por ende a la real “Justicia”. 

El Estado, que estaba sentado a la mesa de negociaciones, se levantó y desplegó un desmesurado y violento operativo. Las tierras, reclamadas como propias por la comunidad mapuche, arrebatadas durante el genocidio indígena, constituyen predios discutidos en litigios diferentes, en distintas instancias procesales. 

Elevar los reclamos para el verdadero respeto de los DDHH de nuestras comunidades originarias se hace indispensable para una verdadera Nación, inclusiva y diversa, como es la Argentina.