«Necesitamos que la Justicia nos dé una explicación a nosotros y al pueblo en general», lo dijo Juan Carlos Robledo. Es el hermano de  Marilú, la joven de 27 años asesinada por su ex pareja, el viernes pasado en Puerto Vilelas.  

“Necesitamos que la Justicia nos dé una explicación”, lo repite quien sea que sepa que Marilú había denunciado violencia, en reiteradas oportunidades, ante Comisarías de la Ciudad de Resistencia y la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano. 

¿Tiene explicación este femicidio? ¿La tiene, alguna muerte que pudo haberse evitado? ¿Qué herramientas faltan para que el Estado proteja y prevenga? 

La familia, junto a referentes de Ni Una Menos acaban de presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra funcionarios y funcionarias judiciales. Apuntan a los fiscales Elio Valdivia y Francisco De Obaldía Eyseric; la fiscal de la Mesa Única de Ingreso de Intervención Temprana ( MUIT), María Laura Vancorbeil; la jueza correccional Silvana Morando y los jueces de Ejecución Penal que intervinieron en el caso. 

Una sucesión de procedimientos carentes de criterio proteccionista, carentes, evidentemente de perspectiva de género, pudo significar el camino allanado para que Héctor Gutiérrez la termine asesinando a puñaladas, frente a los tres hijos de ambos.

Con más de 20 denuncias, desde el 2014 Marilú pidió al Estado que la proteja. Con un solo pedido de ayuda por parte de una víctima de violencia, el Estado debería desplegar todas las herramientas necesarias para evitar la muerte. 

Pero, ¿hay conciencia real del peligro en que se encuentra una mujer y su entorno a partir de la primera amenaza?, solo la visión de género en los procedimientos logra esa conciencia.

Si la hubiera, ¿cuentan los diferentes poderes del Estado con herramientas válidas y de real prevención y protección? 

El femicida había sido condenado por violencia de género a dos años de prisión en un juicio abreviado. ¿Dos años en prisión y después qué? Cumplida la irrisoria condena, sin más, sin abordaje terapéutico de  su violencia, ni protección eficaz para ella y su familia, ¿qué garantías daba el Estado a esa mujer de no ser asesinada? 

Desde la justicia acompañaron la sentencia con las clásicas medidas del botón antipánico y prohibición de acercamiento, que por supuesto no sirvieron de nada. 

El femicida había violado la restricción más de una vez. El botón es más lento que la llegada a resguardo de la policía, que a veces ni llega. La restricción es un papel, una notificación. Una orden de no acercarse a Marilú, que jamás fue respetada por su asesino. La policía nunca encontró a Gutierrez ante el pedido de captura judicial, y aún así, todos durmieron tranquilos. 

Una sola denuncia de alguna persona que tema por su vida, debiera ser suficiente para que tenga protección eficiente y real. 

Una sola denuncia debiera desplegar dispositivos que impliquen la protección inmediata y eficaz para la víctima.

Una sola denuncia debería significar contención y acompañamiento real de la víctima, e incluso resguardo efectivo en centros especializados. Lugares, ocultos de las personas violentas y que, con equipos especializados, ejerzan verdadera protección.

No es esta una enumeración utópica de herramientas de prevención incapaces de darse en la práctica. 

No hay dudas de la necesidad que los distintos poderes del Estado, involucrados en la protección de las víctimas de violencia, deben hacer una profunda autocrítica, y del urgente accionar de los organismos de control del cumplimiento de funciones públicas, que mediando exhaustivas investigaciones con resultados vinculantes, logren evitar más muertes. Y que además, le imprima la necesaria eficiencia a un accionar que declama incompetencia en la prevención de femicidios.

Los femicidios deben ser evitados y el Estado debe hacer más de lo que hasta ahora hace. Aunque hubo algunos avances, en relación a años anteriores respecto de la inversión en género. Es evidente que no es suficiente.

Si queremos saber el verdadero interés de la efectividad de una política pública, habremos de ver el presupuesto que destina el estado en ella y el efectivo destino de esos fondos. 

Evitar los femicidios debe ser una política pública con la inversión necesaria en todos los poderes del estado.

No habrá prevención sin presupuesto real invertido en las áreas donde sea necesario: Ley Micaela obligada a los agentes del Estado, mayores controles y seguimientos a partir de la primera denuncia por violencia de género e incluso sin que medie denuncia, ante el primer pedido de ayuda de una víctima, equipos interdisciplinarios al servicios de la contención de la persona y su familia en diferentes ciudades de la provincia. 

Una sola advertencia debería ser suficiente para evitar una muerte.