Por Camila Vautier

“Úrsula avisó”, declaró una de las amigas de Úrsula Bahillo en redes sociales con la bronca de recordar el momento en que la acompañó a hacer la denuncia y la única respuesta fue la indiferencia. “Fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, tuiteó.

Úrsula tenía 18 años, vivía en Rojas y fue asesinada por su ex pareja, un policía de la Bonaerense que tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral. Ella lo había alertado, había pedido ayuda.

Al grito de “Justicia por Úrsula”, familiares, amigxs y vecinxs realizaron una convocatoria frente a la comisaría municipal. La manifestación fue reprimida por las fuerzas policiales y dejó varixs heridxs, entre ellxs una joven que recibió en el rostro el impacto de una de bala de goma.

Con este pedido de justicia, que se extiende hoy a todo el país, nos preguntamos ¿qué sucede con los policías que son denunciados por violencia de género? ¿Cuál es la relación entre las fuerzas policiales y la Justicia? ¿Qué rol tiene el Estado en todo esto? 

En esta nota, tres mujeres denuncian a viva voz la violencia policial de las fuerzas de Río Negro y de Chubut que se coló en sus hogares, en su vida cotidiana. Para ayudar a otras a animarse a denunciar, para decirle al Estado que las pibas lo están avisando: hay machos policías, hay impunidad. Y eso debe terminar. 

Violencias

El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que en Argentina durante el 2020 hubo un femicidio cada 29 horas y que el 5% de los agresores eran integrantes de alguna fuerza de seguridad. De los 328 femicidios ocurridos en 2019, 20 fueron cometidos por personal de seguridad. Muchas de las víctimas tenían denuncias previas y medidas judiciales en curso. 

La Asociación Civil La Casa del Encuentro confirma estas estadísticas e informa que, entre 2008 y 2017, al menos 157 femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad.  

Los femicidios son la punta de un iceberg de violencia que se construye día a día. “La falta de perspectiva de género en lxs integrantes de las fuerzas de seguridad posibilita los abusos de poder, por acción u omisión, y reproduce las violencias machistas dentro y fuera de las instituciones”, advierte el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven en uno de sus reportes.

Historias 

Es un día de trabajo normal para Héctor, que se pone recto, saluda a su jefe. Un amigo dice que es un buen tipo y la cúpula del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER) lo asciende, pese a las denuncias por violencia de género que pesan en su contra. 

El COER es la fuerza especial de la Policía de Río Negro, suelen vestirse de negro y andar en camiones blindados, estar serios, duros, y con la mirada paralela al piso.  

Sofía* también quiso entrar a la Policía, pero no pasó el examen y a Héctor lo conoció justo en ese momento en que creía que ya nada tenía sentido en su vida. El camino de la ilusión al horror fue en caída libre, hasta que logró desatar esos nudos que le apretaban la garganta. 

Repasa cómo fue que empezó todo, se mira a sí misma en una foto de aquel momento y observa las bolsas debajo de los ojos hinchados que dan testimonio de un largo llanto. 

“Él quería que viviera encerrada, sin proyectos, sin sueños, viviendo el día a día esperándolo”, recuerda ahora Sofía, libre, que vuelve a fotografiarse: la luz parece a propósito, pero no lo es, y sus ojos brillan. 

Norma viajó desde el norte hasta un pueblo de Chubut sin más compañía que su ahora ex marido, policía como ella, a quien denunció por malos tratos. Una denuncia que le costó el traslado arbitrario firmado por el mismo agresor, ascendido hace un año al puesto de Comisario de la localidad.

Laura cierra los ojos y espera que la amenaza no se convierta en realidad. Que el arma con la que su ex pareja le apunta en la cabeza esté descargada, o tenga el seguro, cosas que aprenderá tiempo más tarde, cuando ella también se convierta en policía. “Es muy grave lo que hizo; nosotros -los policías- no podemos jugar así con las armas, es muy grave”, dice.

Cómplices

Hay un patrón que se repite en las voces de quienes deciden contar la violencia, esa violencia machista que ejercen los integrantes de las fuerzas policiales sobre sus cuerpos y vidas: la complicidad. 

En su estudio “Violencia Policial”, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicó que el encubrimiento policial entre compañeros es uno de los principales factores que perpetúan la violencia. 

“Tranquila Laurita, yo lo voy a llamar a José para que baje un cambio, estas cosas se pueden arreglar, usted tiene que volver con él porque no es un mal empleado”, le dijo el comisario a Laura la primera vez que denunció. 

José tiene 99 denuncias por violencia de género. Laura las contó una a una. Contó todas las veces que tuvo que llamar a la Fiscalía para presionar y que su denuncia no quede archivada en la comisaría donde su ex pareja sigue trabajando. En esa dependencia policial chubutense hay por lo menos dos agentes con denuncias por violencia de género en plenas funciones. 

La denuncia es un camino difícil que los contactos dentro de la fuerza podrían allanar, pero ninguna de estas mujeres los tiene. Porque los jefes están de su lado.

Sofía retrocede hasta ese día: “Tenía que ver a otro policía así que, imaginate”. En su mente se dibuja un uniforme que da miedo y rabia. “A él lo trasladaron en menos de un año, me lo trajeron acá, al mismo lugar donde yo vivía. Presenté la queja y no pasó nada. ¿Cómo puede ser que haga recorridas en frente de mi casa?”, pregunta mientras se acuerda de que también otra ex, otra mujer, lo había denunciado y con ella tenía una medida perimetral.  

En uno de esos ratitos que logró hacerse entre las horas de trabajo, Norma intenta dilucidar cómo pudo ser que la denuncia no haya impedido que fuera su ex marido quien firmara su traslado hacia otro pueblo más alejado, después de que ella le pidiera la separación. Lugar a donde, pese a su sequía, le encantaría criar a su hija. Eso si ese padre y agresor no la hubiera distanciado de ella “por puta”. La única explicación que encuentra: corrupción y, por supuesto, complicidad. 

El rol del Estado

La violencia perpetrada por parte de quienes integran las fuerzas policiales representa un grave riesgo para la vida de las mujeres, porque ellos tienen el uso legítimo de las armas.  

Según el CELS,  “la portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ‘estado policial’, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar”. 

A finales de diciembre pasado, el Gobierno Nacional dispuso la restricción de portación, tenencia y transporte de armas al personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales denunciados por violencia de género “cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso”, detalla la resolución 471/2020. 

Se trata de una adecuación a la resolución 1515/2020 firmada por la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien durante su gestión impulsó medidas para fomentar la perspectiva de género en las fuerzas. 

“Estas medidas no se centraban en ver a los hombres policías como posibles victimarios, sino en el desarrollo profesional con perspectiva de género”, explica Natalia Federman, ex directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación.  

En diálogo con Feminacida, Federman sostiene que las fuerzas de seguridad “son una manifestación de la sociedad machista y patriarcal”, por eso, esta política que ahora tiene continuidad en la gestión de Sabina Frederic en la cartera de Seguridad nacional, “no es una sanción, sino una medida preventiva para reducir el riesgo”. agrega. Pero este gran avance sólo alcanza a las fuerzas federales, por lo que las provincias adecúan políticas dispares. 

Pese a que la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres señala que la jueza o juez interviniente en una denuncia por violencia de género puede pedir la prohibición de la compra y tenencia de armas por parte del agresor, en las provincias de Chubut y Río Negro son pocas las veces que se cumple.

Caminos que se unen 

La fuerza sale de las entrañas, sin casi una explicación aparente. Pero un día cualquiera, de esos que podrían haber sido un infierno, ellas se animaron a denunciar. A partir de ahí, y con mucha valentía, comenzaron a sentir la libertad. 

Norma tiene un objetivo claro: quiere ver a su hija y disfrutar el tiempo con ella. Espera que el Estado le dé alguna respuesta, pero el Poder Judicial sigue a paso lento. Les permite a los agresores perpetuar su impunidad por un tiempo que, anhela, sea cada vez más corto.

Sofía piensa en si le conviene que al fin haya un poco de justicia, por que si lo consigue, él podría quedarse sin trabajo y ella sin la cuota alimentaria para sus hijas. El brazo de la violencia económica amenaza con retenerla de nuevo. Ahora vende ropa, limpia casas: se las rebusca como puede. Y eso la hace feliz.

Laura espera ansiosa a que finalice su licencia para pedir el traslado a la Comisaría de la Mujer. Siente que desde allí podrá ayudar a otras mujeres, que podrá contenerlas, aplaudir su valentía y darles aliento. Le encantaría ir a una marcha y levantar un cartel que diga “soy libre”. 

Norma, Sofía y Laura no se conocen, no saben nada la una de la otra. Pero, sin planearlo, las unió la necesidad de contar su historia, de romper los muros de la complicidad y el silencio que el sistema policial impone. Un silencio de escritorio, que parece enroscarse en un laberinto sin fin. 

Ellas lograron encontrarse con otras mujeres, una vecina que le tendió una mano, la amiga de la amiga que le dio el empujón para poder hablar, una abuela que acompañó. Ahora no están solas.  

Notas

*Todos los nombres y lugares fueron modificados para proteger la identidad de las víctimas. 

Publicado en Feminacida/ Imagen de portada Feminacida