Así lo expresa un duro comunicado de Justicia Legítima Nordeste ante el segundo asesinato de un joven detenido en cárceles correntinas en menos de ocho meses. «Manchita» y «Kevin»: el primero debió haber recobrado la libertad por comprobarse su inocencia y la burocracia estatal lo mantuvo encerrado, y el segundo cumplía su condena en julio de este año. Kevin estaba imputado por el robo de un celular que su madre pagó a la vecina en cuotas y Manchita, porque acompañaba a un amigo en una moto robada.

Cuando las estadísticas indican que alrededor del 80 por ciento de las y los internos de cárceles de país son personas pobres, la realidad nos está diciendo algo. Y cuando además esas personas son asesinadas estando en guarda del Estado para cumplir una condena o ya habiéndola cumplido y son asesinadas, y a muy pocos importa esas vidas, la sociedad también nos está diciendo algo.

Los «ladrones de guantes blancos» se las ingenian con el sistema para no caer en esos lugares o, en todo caso, lograr protecciones. Sin embargo, no es la lucha de clases la cuestión de fondo. Lo dramático es la falta de justicia efectiva.

La Red de Derechos Humanos de Corrientes denunció que «el miércoles 13 de enero, el Servicio Penitenciario mató a golpes a un joven de 20 años, detenido en la Unidad Penal 6 de San Cayetano. Se llamaba Héctor «Manchita» García, quien había reclamado –por la mañana- asistencia sanitaria y medidas de prevención por el brote de Covid 19 que se produjo en la mencionada unidad penitenciaria», expresa el documento.

El 10 de enero pasado, la ONG dirigida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, «Servicio de Paz y Justicia», manifestaba su preocupación por la situación que atravesaban las 400 personas detenidas en el Penal N° 6 de San Cayetano en la capital de Corrientes, en la que varios detenidos padecían -y padecen- síntomas propios del Covid 19; sin embargo, no se instrumentan medidas sanitarias pertinentes, como ser: asistencia a las personas contagiadas, provisión de insumos de higiene, desinfección de ambiente, etc».

Tres días después, «Héctor Ezequiel García ingresa al Hospital, con muerte cerebral, por edema cerebral y contusiones pulmonares», según denunciaron desde Justicia Legítima.

“Manchita” le decían, tenía 20 años y estaba a punto de recuperar su libertad al término de la feria judicial. Pese que estuvo casi un año privado de su libertad, se había probado su inocencia y debió haber regresado a su casa. No estar detenido y menos ser asesinado dentro del Penal Nº 6 de San Cayetano. Desde la agrupación denuncian «el ejercicio violento y brutal en ese penal, sacándolo al joven a las patadas, moliéndolo a palazos».

Si bien hoy están apartados de sus puestos ocho integrantes del servicio penitenciario, no hay responsables imputados. Los organismos de derechos buscan que se avance en el proceso judicial.

Éste no es el único caso sino el segundo en los últimos ocho meses. En abril del año pasado asesinaron salvajemente a José María Candia, un joven ladrillero de 22 años a quien le decía «Kevin». “Si ese crimen se hubiera juzgado y los responsables hubieran sido condenados, quizá hoy no tendríamos que lamentar la muerte de Ezequiel”, reflexiona Diego Vigay, integrante de Justicia Legítima.

Lo llamativo es que el ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, inmediatamente que el caso tomó estado público, salió a intentar bajar el tono de las publicaciones periodísticas, pretendiendo que «magnificaban» lo sucedido, al sostener que García “murió de un colapso cardio pulmonar”, diagnóstico lógico de una muerte. Lo que no indica son las causas de ese deterioro orgánico.

Situación similar a lo ocurrido luego del asesinato de «Kevin» Candia, caso que trae a la memoria el documento de Justicia Legítima denunciando que «fue asesinado salvajemente el 21 de abril en la Unidad Penal Nº 1 con varias balas de plomo disparadas por el Servicio Penitenciario durante una represión, no existiendo en la actualidad ningún avance ni imputación en la investigación». En ese caso el propio ministro de Seguridad, también rápidamente, salió a manifestar «que fue una pelea entre internos y que tenía heridas de arma blanca». Luego la autopsia demostró la existencia de por lo menos «dos balas de plomo» en el cuerpo de «Kevin».

Hasta el momento «no hubo ningún tipo de imputaciones. Prácticamente no hubo avances sustanciales en las investigaciones de ninguno de ambos casos», según denuncia Vigay.

La pandemia en las cárceles

Desde el inicio de la pandemia han sido los mismos familiares de los detenidos los que han difundido la gravísima situación de desatención sanitaria en las cárceles correntinas. «A través de todos los medios posibles, trataron también de sensibilizar a los responsables institucionales acerca de la pandemia en la cárcel de procesados. Reclamaban agua potable, lavandina, barbijos, control médico e hisopados en los pabellones. Pero la respuesta siempre fue la misma: negación de una terrible y evidente realidad, carencia absoluta de elementos de higiene, rechazo a los hisopados, ingreso violento a los pabellones intimidando, prohibiendo la difusión de esta información», según reza el documento.

La responsabilidad estatal ante la violencia institucional

«Desde Justicia Legítima Nordeste entendemos que existe una responsabilidad política e institucional del gobernador Valdés, del ministro Lopez Desimoni, del jefe del Servicio Penitenciario Roque Romero, del jefe de Policía Barboza, por la gravedad de la situación de ambos homicidios, uno un fusilamiento y el otro por tortura través de una golpiza de ocho agentes. También responsabilizamos al Poder Judicial correntino, por su inactividad cómplice en las investigaciones y la falta de imputaciones y detenciones en delitos tan graves como homicidios calificados tanto de sus autores materiales como de quienes desde su responsabilidad institucional encubren tales crímenes», sentencia el documento.

Ambos casos han trascendido a la opinión pública nacional por la artera gravedad institucional. Una reciente publicación de Página 12, incluso detalla ambos casos como el paradigma de la in-justicia. Lo reproducimos textualmente tomando como fuente al diario de tirada nacional.

El caso de Kevin

José María, conocido como Kevin en su barrio, trabajaba como ladrillero junto a familia, desde los 14 años, hacía el corte del ladrillo. Y fue acusado del robo de un celular a una vecina. “Pudo tener un juicio abreviado en 2017 donde se consideró su edad, falta de antecedentes, condición socio cultural y los nueve meses que ya llevaba privado de su libertad”, recuerda Vigay. Se le impuso un tratamiento psicoterapéutico y se ofreció como reparación económica a la víctima seis mil pesos que su madre pagó en cuotas.

“Inexplicablemente en 2018 se le revocó la probation –continúa Vigay– por faltar a unas pocas sesiones del tratamiento y sin otra posibilidad le impusieron cumplir la condena”. En el penal, Kevin estudiaba para terminar la escuela, trabajaba en el servicio de comida y limpieza y cursaba talleres de oficios. En julio hubiera obtenido su libertad. Pero los internos del Penal N° 1 llevaban adelante una huelga de hambre, que tuvo como detonante un caso de Covid 19 en un oficial penitenciario que tenía contacto con la población carcelaria. Esto puso en cuarentena preventiva a sesenta agentes de ese servicio.

La Unidad 1 tiene una sobrepoblación del cuarenta por ciento, señala Vigay. “Hay 670 presos viviendo hacinados en un lugar que tiene 440 plazas. Los vídeos de la represión reflejaron las condiciones desastrosas en las que sobreviven”, describe el abogado. La autopsia demostró que Kevin recibió al menos dos disparos con armas de fuego, pero “no hay ningún imputado todavía, a ocho meses del crimen”, destaca Vigay.

El caso de Ezequiel

“A mi hijo lo mataron a golpes en la cárcel, hace unos días. Lo mataron y yo estoy destrozada, necesito que se haga justicia. Necesito que los efectivos de la Unidad Penal N° 6 de Corrientes paguen por lo que le hicieron. Mi hijo estaba preso desde hacía un año por un delito que no cometió. La Justicia admitió su inocencia y Eze iba a salir ni bien se levantara la feria judicial”, declaró Laura, su madre, a medios correntinos. “Pero eso nunca va a suceder porque me lo mataron. Lo desfiguraron en una golpiza tremenda y la Justicia no reacciona”. “Le pido a la sociedad que comprenda a una mamá desesperada, necesito ver a sus asesinos presos. Esto le puede pasar a cualquier mamá”, sostiene y cuenta que Ezequiel “era un pibe de un barrio humilde, como tantos. Lo acusaron de un robo que no cometió, se pasó casi un año preso y cuando iba a salir –en su expediente ya constaba su inocencia- me lo mataron y todavía no lo puedo creer. Solo la necesidad de que se haga justicia me mantendrá viva. Solo quiero justicia”, sostiene en su testimonio, que comenzó a viralizarse en redes sociales.