Caso Falcón: Catorce años de impunidad y piden más tiempo

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Pasaron catorce años de la primera denuncia por presunto abuso sexual realizada por sus dos hijastras al ex intendente de Colonia Benítez, César Falcón. Cuando las condiciones parecían ser las propicias para que el juez de la Cámara Segunda en lo Criminal, Víctor Del Río, fije una fecha para el inicio de las audiencias del juicio oral en su contra, surge la posibilidad de una nueva dilación. El defensor de Falcón, Juan Carlos Saife, solicitó que se aparte a las víctimas como querellantes, pero tanto el fiscal de Cámara provisorio, Juan Martín Bogado, como la querella particular representada por el abogado Paulo Pereyra, pidieron que se rechace el planteo del defensor y que se avance con el inicio del juicio oral.

Falcón se encuentra imputado por el delito de presunto “abuso sexual simple en grado continuado agravado por la situación de convivencia preexistente con menores de 18 años” por el presunto abuso de sus hijastras de 8 y 12 años entre los años 1995 y 2000.

Del Río rechazó en abril los planteos de prescripción de la causa de la defensa de Falcón. Este 5 de junio, la defensa volvió a orquestar otra maniobra dilatante, la objeción de la intervención de las víctimas como querellantes, aun “cuando ya había caducado ese derecho conforme lo dispuesto por el art. 195”, según señaló el fiscal Bogado en su dictamen por el rechazo al planteo.

Por su parte, Paulo Pereyra, abogado querellante de las víctimas, en contacto con Chaco TV también entendió que se trata de una “presentación dilatoria de la defensa, porque no identifica cuál es el agravio irreparable que generó, genera o generaría la participación como querellantes de las víctimas directas de los delitos contra la integridad sexual, cometidos por el acusado Cesar A. Falcón contra ellas”. Asimismo, indicó que “la no participación debida de las víctimas en un proceso como éste, provoca un agravio constitucional y convencional inadmisible para un Estado de Derecho democrático”.

“La única defensa posible que tiene es la dilación en el tiempo del proceso, de hecho, el año pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un planteo de la defensa de prescripción de la causa por paso del tiempo para que esta persona no sea enjuiciada y condenada como espera la víctima y también la comunidad”, dijo Pereyra. “Estos casos de violencia sexual previamente tienen una estructura de relación de poder que persiste luego del hecho. Vemos como este imputado privilegiado que tiene acceso a muy buenos abogados –refiriéndose al Saife, ex funcionario provincial- y a la posibilidad de dilatar 14 años su propio juzgamiento”.

“Cuando hablamos de violencia sexual no solo hablamos del hecho en sí, sino también de como el sistema y el Estado de Derecho se paran frente de esos crímenes, que no son cualquier tipo de crímenes, que merecen una sanción adecuada y que esa resolución sea comunicada a la sociedad”, expresó Pereyra, concluyendo con la idea de que es necesario que desde el Estado se transmita un mensaje de no impunidad ante hechos como estos.

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