Militantes de derechos humanos, integrantes de Asociación de Ex detenidos Políticos, Hijxs Construyendo Memoria, sectores de la cultura y sectores indígenas del Chaco se manifestaron públicamente en contra del golpe de Estado en Bolivia y se comprometieron a solicitar  la urgente intervención del Alto Comisionado De Derechos Humanos para resguardar la vida de Evo Morales y Álvaro García Linera y otros además de pedir una medida cautelar que proteja el derecho a ser candidatos y el de la población de elegirlos.

La convocatoria fue firmada por Egidio García, representante de los pueblos originarios en el Comité contra la Tortura, Alejandro Armoa, presidente del Comité contra la Tortura y Julio César García, subsecretario de Promoción de DDHH

En el documento las organizaciones entienden que ante el inicio de un nuevo gobierno popular y democrático en Argentina, se torna urgente comprender que “los pueblos del mundo manifiestan su disconformidad por las desigualdades y la mayor concentración económica en pocas manos. Las rebeliones se aprecian en países de Asia y Europa y en el continente americano.”

Además recuerdan las operaciones conocidas como lawfere en la que utilizando a políticos inescrupulosos, fiscales y jueces corruptos y una agenda monopólica para realizar blindaje mediático, provocan  “golpes blandos” como los casos de Paraguay y Brasil, que propician gobiernos títeres y serviles a las apetencias hegemónicas del imperialismo que es la apropiación del agua, el petróleo, reservas gasíferas, el litio, las riquezas naturales.

Cierran el análisis concluyendo que “nos hallamos en pleno desarrollo del segundo Plan  Cóndor: Estados Unidos, Inglaterra y los organismos internacionales quieren controlar el avance de China y Rusia en nuestro Continente. Nos están rodeando estratégicamente, tienen bases instaladas en las Malvinas, en la Triple Frontera, en la Patagonia, en Jujuy.”

Por estas razones declaran solidaridad con los Pueblos de Chile y Bolivia y con todos aquellos que luchan por su liberación, denuncian que la quema de las banderas whipalas es una forma de borrar el alma ancestral de nuestros pueblos indígenas que hoy no representa solo a los pueblos originarios de Bolivia, sino que su significado se ha implantado en toda América Latina, exigen la intervención de los organismos internacionales frente a la vulneración de derechos, la libertad total y definitiva de Milagro Sala y todos los presos políticos.

“nos hallamos en pleno desarrollo del segundo Plan  Cóndor: Estados Unidos, Inglaterra y los organismos internacionales quieren controlar el avance de China y Rusia en nuestro Continente. Nos están rodeando estratégicamente, tienen bases instaladas en las Malvinas, en la Triple Frontera, en la Patagonia, en Jujuy.”

La reacción de los organismos internacionales

A través de publicaciones en twiter la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que forma parte de la OEA, informó que envió un pedido formal a Bolivia para realizar una visita e investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe de Estado a Evo Morales.

 A través de la misma red social, Derechos Humanos de ONU, pública que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales y el establecimiento de un gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez.

Resguardar a Evo y a las futuras elecciones

Las organizaciones chaqueñas  realizarán una presentación ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en el cual recuerdan a la organización internacional, que Bolivia  participa en los diversos instrumentos del Sistema Interamericano que generan obligaciones internacionales de cumplimiento y piden por ello su urgente intervención. 

En un extenso documento en el cual detallan la cronología de los hechos que están ocurriendo en Bolivia  plantean la necesidad de resguardar la seguridad física de Evo Morales y Álvaro García Linera, así como también  algunos miembros del gabinete y otros representantes de la Asamblea Nacional.

Además ante la  posibilidad de que no puedan participar de las próximas elecciones, vulnerando el derecho a participar como candidatos y de la población a elegirlos, solicitan medidas “la intervención vía cautelar de la Comisión, solicitando al Estado que garantice los derechos políticos señalados, ante la urgencia de que se pueda quebrar gravemente el orden democrático, generando un daño irreparable para la estabilidad del país”