Restituir el rol del Estado como garante de la educación pública

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Foto: Jorge Tello

Foto: Jorge Tello

En esta quinta entrega de este ensayo, articulado a partir del paradigma de una educación pública emancipadora, abordaremos la tercera tesis cuyo foco es la reparación histórica federal de la educación pública para restituir el rol del Estado Nacional como su garante, tras la herida abierta por las transferencias de las instituciones educativas a las provincias sin fondos para solventarlas.

Tesis 3: para forjar la Soberanía Educativa desde una Pedagogía Emancipatoria es necesaria una reparación histórica federal del Estado Nacional, que revierta presupuestariamente las condiciones estructurales de desigualdad educativa, consagradas por la dictadura del ’76 y el menemismo, porque debe entenderse la refundación nacional de nuestro sistema educativo como instauración de los principios de igualdad y equidad federales.

 

Escribí en la nota anterior sobre ocho condiciones de posibilidad para el surgimiento de una Educación Emancipadora, a las cuales podemos definir como materiales y simbólicas. En esta ocasión nos centraremos en la madre de todas las condiciones materiales: reinvertir la lógica de la relación de aportes al presupuesto educativo entre Nación y provincias, actualmente 30/70, a una ecuación de 60 Nación y 40 las provincias, hecho indispensable para consagrar la igualdad federal de todos los sujetos de nuestro sistema educativo nacional y federal, para llevar la inversión educativa al 8 por ciento del PBI.

Uno. De eso no se habla. El neoliberalismo hirió gravemente a la educación pública argentina en sus dos etapas de brusca regresión de la distribución de la riqueza material y simbólica en favor de los sectores del capital financiero más concentrado y en contra del salario de las grandes mayorías: durante la dictadura del 76, con las transferencias de los jardines de infantes y escuelas primarias de Nación a las provincias, sin fondos para solventarlas, y luego, durante los ’90, bajo el menemismo, con el traspaso de las escuelas secundarias e Institutos de Educación Superior a las jurisdicciones para que se hagan cargo de ellos. Fueron dos ciclos de responsabilización del Estado Nacional respecto de su rol como garante del sistema educativo público. Así llegamos a mayo del 2003 con el Estado Nacional aportando un 30 por ciento y las provincias 70. Antes de la dictadura la relación era: 80 Nación y 20 las provincias. A este proceso llamo Consagración de la desigualdad educativa. Porque en nombre del federalismo y la descentralización se hirió de muerte al federalismo. Porque no hay federalización del país unitario si el Estado de la Argentina nuestra tan unitario no federaliza sus recursos. Tampoco si se desestructura la idea misma de Nación y si se desvaloriza lo público.

 

Dos. El período político precedente, 2003-2015 restituyó en buena medida ese rol nacional. Fue un paso histórico, ya que llevó la inversión educativa de 3,6 a 6,5 del PBI. Al término del mismo Nación aportaba 40 y las provincias 60, con un sistema educativo en expansión, con 17 nuevas universidades.

Sin embargo, 27 años mayoritariamente signados por políticas neoliberales transformaron las economías provinciales y regionales de forma brutal, al punto de que el 60 por ciento de ellas fue empobrecida, con núcleos importantes de pobreza estructural, convirtiendo al país en más unitario, en más centralista, como consecuencia de los traspasos de educación y salud –y también de lo que hoy conocemos como desarrollo social- a la órbita de las jurisdicciones. Porque ese 60 por ciento de provincias destina entre el 70 y más del 80 por ciento de sus ingresos genuinos en pagar salarios.

Porque el proyecto de país federal –o mejor, los proyectos que existieron en la historia, porque los reclamos del archipiélago de Nación que somos- tienen por eje una más justa y equitativa redistribución de la riqueza y de la toma de decisiones. Porque federalizar y descentralizar en los ’90 significó retiro del Estado Nacional en términos financieros, pero recentralización de las decisiones. Porque de eso no volvimos a hablar más, no al menos como tema de agenda prioritaria.

Porque las pesadas herencias de la dictadura y del menemismo triunfaron como realidades y sentidos comunes en la política y cultura nacional. Porque el neoliberalismo ganó y nos ganó el pensamiento a la hora de debatir de qué se trata aspirar a vivir en un país federal, en una democracia federal. Porque discutir el desarrollo integral estratégico de la Argentina tiene que hacer visible, en primer lugar, las diferentes dimensiones de la desigualdad existentes.

Por consiguiente, la importante inversión educativa nacional del período 2003-2015 fue de envergadura, pero no alcanza en términos estructurales y de prospectiva –de mediano y largo plazo-, para revertir la desigualdad educativa que produjeron las dos transferencias de las instituciones educativas ya mencionadas, dejando libradas a la suerte de las provincias el desarrollo de los sistemas educativos provinciales y sus sostenimientos.

En el Chaco, el artículo 83 de nuestra Constitución establece una inversión educativa no menor al 33 por ciento del total del presupuesto anual. Recién se cumplió en el 2008. Llegó a ser en el 2011 del 38 por ciento. Muy significativa. Pero no alcanza. Dicho artículo se incumple desde 2017. Según el presupuesto provincial presentado la inversión educativa bajará al 25 por ciento.

Tres. Ahora estamos en el tercer ciclo histórico de desresponsabilización del Estado Nacional respecto de la educación pública en particular y de los principios del federalismo y del conjunto de derechos sociales, culturales y económicos del pueblo argentino en general.

Porque el modelo de desarrollo en curso sólo identifica tres sectores: el de los agronegocios, con la reprimarización de nuestra economía, el de la energía y el de servicios (privatizados y a privatizar). Es un modelo para 7 o 10 millones de argentinos. El de una Colonia del FMI, en cuyo proyecto de presupuesto 2019, que ya tiene la media sanción de diputados, por cada 100 pesos 50 van destinados al pago de intereses y capital de la colosal deuda externa y 7 para ciencia y técnica.

El proyecto oficial de presupuesto prevé una reducción real del 39 por ciento para el sistema educativo. Afectará a casi todos los programas del Ministerio de Educación, en especial las partidas de infraestructura, equipamiento escolar, becas y programas socioeducativos. El único incremento es el del rubro evaluación, porque el otro año se realizará la PRUEBA PISA, la evaluación externa que la corporación educativa Pearson realiza en el marco del paradigma económico-educativo de la OCDE, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, o club de los países ricos como se la suele denominar comúnmente.

Si tal proyecto de presupuesto fuera aprobado al término del 2019 la inversión educativa en relación al PBI descenderá al 3,8 por ciento. Recordemos que al término del 2015 tal inversión representaba el 6,5 por ciento del PBI.

Cuatro. Resulta imprescindible y urgente promover un proyecto de Nueva Ley de Financiamiento Educativo que reinvierta las relaciones de inversión educativa entre Nación y provincias, en una ecuación 60/40 respectivamente, que lleve en un lapso de 4 años el presupuesto educativo al 8 por ciento del PBI. Este instrumento legislativo deberá contar con una gran legitimidad social, deberá ser ampliamente debatido entre la diversidad de sujetos de la comunidad educativa para luego pasar al debate parlamentario. Porque se trata de las bases materiales de un nuevo contrato pedagógico entre el Estado Argentino, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el conjunto de la sociedad argentina.

Esta nueva Ley de Financiamiento Educativo debe incluir un aporte del Estado Nacional a los salarios docentes, superador del Fondo de Incentivo Docente, que lejos de desaparecer, se tiene que transformar como un rubro del salario docente, como un Fondo Federal para la Docencia, específico, en el marco de la reparación histórica de la que venimos hablando desde el principio.

Por eso proponemos la declaración de la emergencia educativa, tal como ya lo hiciéramos en la nota anterior, como marco fundamental para iniciar el proceso de reparación histórica mencionada. Porque toda la legislación educativa de 2005- 2015 está siendo sistemáticamente violada. En tal sentido, la declaración de Emergencia Educativa Nacional significa, por un lado, que están siendo avasallados los derechos sociales a la educación de estudiantes, docentes y de toda la comunidad educativa, y por otro, que deben tomarse medidas de carácter extraordinario para revertir de forma integral tal cuadro de crisis, en el marco del estricto cumplimiento de toda la legislación educativa y sus metas de financiamiento, entre las cuales debe restituirse, para empezar la paritaria docente nacional.

Quinto. Es imperioso crear un Plan Nacional Quinquenal de Incentivo y estímulo a la docencia, tanto para quienes eligen las Universidades como los Institutos de Educación Superior, y un fuerte estímulo a la investigación-acción de los problemas pedagógicos de nuestras escuelas públicas, entre los que debe priorizarse el malestar docente. Ya hablamos en la tercera nota de las consecuencias del Programa de Incentivo al Docente Investigador, creado en el ’93 en nuestras Universidades, que en la práctica desalentó y desalienta a quienes quieren enseñar en educación superior, porque la representación cultural resultante de la existencia de dicho programa es la consagración de un status superior para quienes investigan y de una imagen indeseada, la de quien “solo enseña”. No hablamos aquí de eliminar este programa, sino de que exista también el que incentive de modo claro y práctico la carrera docente.

 


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