La Ley 26.743 de Identidad de Género tiene once años de vigencia en el país, se trata de una medida pionera que reivindicó la lucha de la comunidad LGBTIQ+.
Esta ley sancionada el 9 de mayo de 2012 reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI respetando su identidad de género. Esto fue el resultado de la lucha colectiva y permite acceder al cambio registral sin patologizar las identidades y sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales, sino que se realiza a través de un sencillo trámite administrativo.
En el país, esta legislación garantiza que la identidad de género sea considerada a partir de la autopercepción de cada uno, lo que representa un gran avance, pero también dejó la jugada abierta para el mal uso de la herramienta o con intenciones de favorecer a personas en determinados casos. Esto es un abuso de la normativa con la única finalidad de sacar ventaja en los procesos legales.
En Chaco, recientemente se conoció que un joven de apellido Alila, con una condena por abuso sexual que involucra a menores de edad, y que ahora enfrenta un nuevo proceso, decidió utilizar este derecho al asegurar que se percibe como una mujer. Su nombre ahora es “Ariela”.
Días antes de que esto se conociera, esta misma persona había sido denunciada por trabajar como chofer de Uber, prestando servicio en Resistencia. Por ello, volvió a ser detenido y, a las pocas horas, su abogado confirmó que se había pedido el cese de prisión y presentó un habeas corpus. “Realizaron una detención bajo el nombre de Sergio Alila pero detuvieron a una mujer», argumentó el letrado dejando en evidencia la estrategia.
Pero no es la primera vez que algo así ocurre en estos últimos once años, uno de los casos más resonantes ocurrió en Neuquén y es el de Eduarda Horacia, que tenía denuncias por violencia de género y que decidió pedir la rectificación de su género en el año 2022.
Una vez reconocida como Eduarda, dijo en declaraciones públicas que realizó este trámite por motivos legales y que se sentía en desventaja frente a su ex pareja.
Cabe preguntarse en este punto hasta dónde esta artimaña puede ayudar a una persona a salir de su situación legal. La abogada Nahir Barud, de la Secretaría de Derechos Humanos, expresó en declaraciones a Chaco TV que “es muy importante empezar a visibilizar que, así como accedemos a derechos dentro de las comunidades que somos minoría hasta el día de hoy, también hay personas que utilizan esto como una herramienta para una litigación poco ética”.
“Que una persona decida cambiar su género, que de repente decida empezar a percibirse de otra manera no la exime de ningún delito. La persona sigue siendo una por más que se cambie el nombre y su percepción de conformidad a su género u orientación sexual”, aclaró y, en esa misma línea, agregó que durante el proceso penal deben trasladar a estas personas a un establecimiento que cuente con pabellones especiales destinados a personas LGBTIQ+. En el caso de Alila podria interpretarse que este cambio registral aunque legal, pudiera haberse pedido para tener condiciones diferentes de detencion
Llama la atención como, de las veces que esto ocurrió, la mayoría de los casos estaban vinculados a delitos de odio contra el género o contra la integridad sexual.
Nuevamente, se replantea cuáles son los límites en el uso y aplicación de la Ley de Identidad de Género, analizar los pros y los contras de la autopercepción como único requisito para la rectificación del sexo asignado. Y, sin embargo, esta característica de la Ley fue una de las más celebradas por los espacios que lucharon por conseguirla, ya que no la consideraba una patología. Al mismo tiempo, el pedido en los dos casos mencionados no es ilegal y se debe garantizar el acceso al cambio de género.
La ley considera que el género es una vivencia personal y autopercibida. El debate ahora gira en torno a cómo evitar su uso abusivo.