Betiana Calvo tenía 38 años, un hijo de 5, y trabajaba como técnica en el Hospital Pediátrico de Resistencia. Fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, situación que denunció en marzo de este año sin obtener una protección efectiva, más que la contención. El pasado sábado Betiana se transformó en la cuarta víctima de femicidio en lo que va de 2023 en la provincia del Chaco. Su femicida, Agustín Sanchéz, la acorraló y acribilló cuando salía de su casa de Villa Centenario en Resistencia, para ir a trabajar. Luego de quitarle la vida, se suicidó. 

¿Hasta cuándo? ¿Qué condiciones se dan para que alguien que pide ayuda tenga tal desprotección? La violencia machista, los tiempos del Estado, el siempre escaso presupuesto, siguen siendo cómplices de un sistema que debe cambiar de forma contundente. No hay respuestas que puedan justificar que una mujer que pidió ayuda, no fue protegida. 

Las  políticas públicas deben traducirse en acciones efectivas que logren ser verdaderas y urgentes herramientas de protección.  

Una restricción de acercamiento que no sea respetada, es un escudo de papel ante las balas. Un pedido de captura contra el agresor que no se efectiviza después de un mes, se convierte en una zona liberada para la acción del femicida. 

Son miles las denuncias de violencia por motivos de género que recibe el Estado, pero en este contexto, ¿puede la Justicia darse el lujo de subestimar a algún agresor? No hay fundamento válido para explicar que una mujer no reciba protección real y sea asesinada después de un mes de haber hecho la denuncia. 

El fiscal que investiga el femicidio, Jorge Cáceres Olivera, anticipó que ante las innumerables denuncias recibidas los equipos de trabajo deben “priorizar los casos más graves” porque los recursos son escasos. ¿Qué criterios entran en juego para determinar la gravedad de cada caso? 

La sábana sigue siendo corta y aún así, hay un candidato que aspira a la presidencia del país y ha anticipado en este año electoral que de ser elegido eliminará el Ministerio de Mujeres , Géneros y Diversidades de la Nación. Esto significaría contar con un presupuesto aún menor para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. En nuestra provincia, otrxs también despotrican por lo que hoy el Gobierno invierte para ese fin.  ¿Cuál es la mayor prioridad de los gobernantes sino cuidar la vida de su pueblo? 

El caso

El femicida, Agustín Sánchez, tenía 42 años y era enfermero del Ejército Argentino, vivía en Entre Ríos. Tanto él como Betiana eran oriundos de Pampa del Indio y tenían un hijo de cinco años en común, por lo que Sánchez viajaba regularmente a Resistencia.  

A fines de marzo, Betiana denunció a su ex pareja por amenazas en la Comisaría de la Mujer de la Policía del Chaco y,  junto a su abogado patrocinante, había solicitado una medida de restricción para el agresor. También esperaba la entrega de un botón antipánico.

Por las características del hecho, se presume que Sánchez planificó el ataque. El sábado 22 de abril acechaba las inmediaciones del hogar de la mujer en Villa Centenario de Resistencia,  aguardando el horario en el que ella saliera a trabajar. La atacó con siete disparos cuando subía a su auto y luego se quitó la vida. 

Esto sucedió un mes después de que la víctima hiciera la denuncia y pidiera ayuda. El doloroso e impotente desenlace, demuestra que las medidas de protección nunca llegaron y el Estado no estuvo presente para detener al agresor.

Muchos organismos para pocas respuestas

La Fiscalía N°5, a cargo de Nelia Velazquez, fue la que recibió la denuncia realizada por la mujer en marzo. Ante las consultas de Proyecto Bohemia sobre las medidas tomadas en el caso, la magistrada respondió: “Había medidas dispuestas. En la fecha de la denuncia inmediatamente se dispuso telefónicamente intervención de la línea 137 y 102, la entrega de botón antipánico y la inmediata aprehensión. La señora estaba citada para declaración testimonial en la causa y se estaba haciendo el seguimiento para lograr la aprehensión en la Provincia de Entre Ríos”. También, señaló que requirió informes sobre los oficios que ordenó y que próximamente daría difusión de un comunicado oficial.  

De igual manera, el fiscal en temática de género, Jorge Cáceres Olivera, anticipó que también se han pedido informes a las distintas dependencias judiciales y policiales intervinientes ante la radicación de la denuncia. Respecto a esto, ratificó que la Fiscalía N°5 habría dispuesto la detención de Sánchez pero que la misma se vio dificultada por no contar con el domicilio fijo del agresor y que por ello se realizaban tareas de inteligencia en la provincia de Entre Ríos. De la misma forma, la comisaría tercera de Resistencia, según señaló el fiscal, habría llevado adelante patrullajes en el domicilio real y laboral de la víctima, aunque ese 22 de abril a las seis y media de la mañana, no estaban.

«Lamentablemente todo estaba con informe negativo sobre el paradero y aprehensión de este victimario, llegamos tarde para poder auxiliarla y evitar que pase este hecho tan trágico», expresó Cáceres Olivera. Sobre la entrega del botón antipánico, dijo que «estaba citada para el día de la fecha justamente (lunes 24 de abril). Hay una lista de espera por la cantidad de causas de violencia que se están tramitando y hay escasez de dispositivos. Tengo entendido que estaba en espera para ser entregado el dispositivo y bueno, no nos dio tiempo lamentablemente para poder protegerla». 

Sobre las demoras y falta de celeridad para brindar medidas de protección a las víctimas dijo que «las medidas preventivas urgentes se hacen desde el primer llamado telefónico y anoticiamiento de la denuncia, se dispone la aprehensión del agresor como el sistema de contención a las víctimas. Lamentablemente hay circunstancias que escapan a cualquier medida preventiva que se pueda disponer, atento no solamente a la falta de recursos humanos, sino también materiales para poder dar una protección efectiva a todas las denunciantes». El fiscal continuó detallando que se tramitan entre 800 y 1000 causas por equipo fiscal y que son cuatro equipos en total para atender toda la demanda. Además, remarcó que la falta de personal es una cuestión que se repite en las fuerzas de seguridad lo que impide implementar medidas de acompañamiento permanente a las víctimas.

El azar como cómplice

En otro punto, el entrevistado expresó «yo tengo la postura que nosotros, independientemente de todo el accionar preventivo que podemos desplegar estos tipos de casos, tiene un elemento azaroso. Por ahí las causas que nosotros vemos como más gravosas, pueden pasar tres, cuatro o cinco años y no tenemos ni una novedad y por ahí nos encontramos una causa que es contravencional supongamos, un hostigamiento y termina en un caso grave. Esa situación azarosa es la que a nosotros por ahí nos dificulta la toma de decisiones, poder prevenir correctamente y evitar estos casos de femicidio». 

Cualquier caso de violencia por motivos de género debe ser abordado con la perspectiva experticia pertinente, de manera tal de no ser subestimada su gravedad bajo ningún concepto. Los “refugios” que han sido una de las inversiones más importantes de los últimos tiempos, para dar respuestas pedido de las organizaciones de mayor protección para las víctimas, son lugares semi públicos, cuyas ubicaciones conocen en una buena mayoría. ¿Pueden ser efectivos refugios en esas condiciones? 

No son casos de simple abordaje. Claro que hay múltiples factores que deben considerarse, y el azar juega un rol a tener en cuenta ante cualquier caso de violencia por motivos de género, por menos “gravoso” que parezca. Sin embargo a un mes de la denuncia el sistema le ha dado al agresor la posibilidad de matar a Betiana porque no lo encontraron en su domicilio en Entre Ríos. A su vez, el hombre con pedido de captura, pasó varios controles de seguridad dispuestos en la ruta entre esa provincia y la nuestra, para llegar a Resistencia. Esto significa que hubo negligencia. 

Por su parte, la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros expuso que tras registrar la denuncia en la línea 137, Betiana estaba siendo asistida a través de los dispositivos dispuestos para dar acompañamiento psicológico, legal y social para atravesar el contexto de violencia de género que sufría. 

Desde este área se le había otorgado a la víctima un turno para el día lunes 24 de abril para dar continuidad al espacio de acompañamiento psicojurídico, conocer resultado de la ratificación de denuncia en instancia judicial, y se había realizado la derivación a INSSSEP para tratamiento psicoterapéutico.

¿Ni una menos?

Cualquier denuncia por violencia debe ser prioritaria y debe tener una acción de protección inmediata más allá de que surja de un hostigamiento, un mensaje, una amenaza o una agresión física. 

La experiencia, lamentablemente, ha demostrado que la violencia machista puede dar su golpe en cualquier circunstancia, no necesariamente es progresiva e incluso en algunos casos el victimario no presenta denuncias previas. No hay excusas, cuando vivimos en un país donde se registra un femicidio cada 30 horas (Informe de Mumala -Mujeres de la Matria Latinoamericana-) es impensado que la Justicia y el Ejecutivo  no brinden la atención que merece este flagelo que es estructural y alejado de lo que puede considerarse «azaroso». 

La lógica indicaría que si hay escasez de recursos para atender la demanda, los recursos deben ser más, que la partida presupuestaria debería ser mayor y que debe haber una política transversal en las diversas áreas del Estado para atender situaciones que son reales y presentan riesgo de vida para una persona. Se ha avanzado, pero mientras las víctimas sientan que están en riesgo y que no tienen una efectiva protección, las acciones no serán suficientes.

Betiana fue asesinada por su agresor, su hijo quedó sin madre y sin padre, y los temores se acrecientan en quienes, como ella, han pedido ayuda. Exigimos que se tomen las medidas necesarias, no queremos perder más hermanas, madres, hijas y amigas por victimarios que no fueron aprehendidos a tiempo o por demoras que nunca debieron existir. 

El sistema de protección integral 

Ante este tipo de situaciones , es necesario recordar como funciona hoy el sistema de protección integral a víctimas de violencia en la provincia. El primer paso para ingresar al Sistema victimo asistencial de mujeres o persona de la comunidad LGTBIQ+ en contexto de violencia por motivos de género, es la denuncia a la línea 137 o la Guardia de Géneros dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia. 

De allí se debe avanzar a la etapa de medición del riesgo donde se atiende la urgencia con la derivación a un refugio o alojamiento transitorio, se aplican prestaciones sociales consistentes en asistencia alimentaria y beneficios sociales y se dan ingreso a una red comunitaria para brindar apoyo ya sea desde el Centro de Atención a las Violencias (CAVV) o con las áreas de géneros de los municipios. Para lograr esto, se articula con la fiscalía  (Poder Judicial) y comisaría intervinientes (Poder Ejecutivo). 

Luego, se despliegan dispositivos de asistencia psicológica con acompañamiento terapéutico de forma sostenida  y paralelamente el seguimiento del proceso judicial a través del equipo de abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros (Poder Ejecutivo) buscando garantizar la aplicación de una perspectiva de géneros y derechos humanos en el mismo. En este marco, además, se sugieren medidas de protección de la víctima que debe efectuar el Poder Judicial. 

El período de atención integral a la víctima se extiende con acciones que fomenten la construcción de autonomía de la víctima, complementandose con su participación en talleres comunitarios, asesoramiento legal y la continuidad del acompañamiento psicológico. 

El seguimiento de cada uno de estos pasos está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Dirección de Género del Ministerio de Desarrollo Social, el Centro de Atención a Víctimas (CAVV) y áreas de Géneros de los municipios. 

De esta forma, idealmente, cada organismo debe actuar en favor de la protección de la víctima. Velamos por que cada institución cumpla en tiempo y forma con cada medida y etapa para lograr la protección y acompañamiento integral a mujeres y personas de la comunidad LGTIBQ+ que atraviesan por estas situaciones. 

Si sos víctima o conoces una situación de violencia por motivos de género no dudes en denunciar. Podes comunicarte de forma gratuita a las líneas 144 y 137. Para casos de riesgo, comunicate con el 911.