El domingo 5 de junio, Manuela Calvo, recibió en su casa de La Rioja una orden de allanamiento y secuestro de elementos de trabajo, computadoras, pendrives, discos rígidos por decisión de una jueza que con anterioridad había ordenado que la periodista no hiciera mención del caso Arcoiris, seudónimo con el que se conoce un caso de abuso sexual infantil, denunciado a la justicia, a una niña menor de 4 años, por parte de su abuelo paterno. La misma jueza impidió que Bravo estrenara un documental en el que se refiere de modo genérico al delito pero sin mencionar este caso específico.

Desde todo el país reclamaron por el abuso contra Calvo.

Las Red de Comunicadoras de La Rioja publicó un comunicado que a lo largo de las horas fue sumando adhesiones.

Grave atentado de la justicia riojana contra la libertad de expresión y de prensa

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja repudiamos y alertamos sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, quien este domingo con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno.

Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados. En aquel entonces también se le ordenó que retire de las redes sociales todo el material referido al caso, disposición que fue cumplida por la comunicadora.

Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias.

Consideramos que, bajo la supuesta “desobediencia a la autoridad”, que alega la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa en nuestro sistema democrático. Mucho menos considerando que el interés superior de la niña no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora.

El artículo 43 de la Constitución Nacional expresa claramente que «no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística», lo cual se está violando peligrosamente con el secuestro de las computadoras, teléfono, notebook y discos de la periodista que contenían información sobre el caso.

También advertimos la llamativa, y muy poco común, premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la mañana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia. Y es mucho más llamativa cuando no tuvo la misma celeridad en este y tantos casos que se denunciaron la violación a los derechos de las infancias.

Consideramos un antecedente gravísimo que en menos de tres meses y sin precedentes en otros casos de nuestra provincia, la Justicia Riojana a través de distintos jueces/juezas, fiscales y otros operadores de justicia, haya naturalizado el uso de recursos judiciales para atentar contra los derechos de libertad de expresión o de prensa, reconocidos y protegidos en nuestro país a través de tratados internacionales.

Exigimos:
-La urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas.
-Que se devuelva en las mismas condiciones que fueron retirados, todo lo secuestrado ya que se trata de las herramientas de trabajo de la comunicadora Manuela Calvo.
-El cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias.
-El cese de las violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema.
Finalmente advertimos que este recurso judicial en contra de una comunicadora afecta a todas las personas que ejercemos el periodismo con perspectiva de género y derechos, y se convierte en un grave riesgo para el sistema democrático y el ejercicio de la profesión en nuestra provincia.

Organizaciones que se sumaron al repudio

«Desde #RedPar expresamos nuestra solidaridad con la compañera @lamanuc, integrante de nuestra red, por la violencia y el atropello ejercido por la justicia riojana atentando contra la libertad de expresión.»

«Frente a la orden de allanamiento a las oficinas de la comunicadora Manuela Calvo y el secuestro de sus instrumentos de trabajo en el marco de una investigación judicial nos parece que el procedimiento fue imprudente y desproporcionado afectando el derecho constitucional a la libertad de expresión y resguardo de las fuentes que asiste al ejercicio periodístico.» posteó en Twitter Delfor » Pocho» Brizuela Secretario de DDHH de La Rioja

La Defensoría del Público de la Nación publicó en facebook su preocupación por la posible afectación a la libertad de expresión, entendida por el derecho a buscar, recibir y compartir informaciones e ideas de toda índole y rechazaron el secuestro de las herramientas de la periodista Manuela Calvo.

La Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja expresó en Twitter “su solidaridad con la comunicadora Manuela Calvo” porque “este domingo su domicilio fue allanado por orden de la jueza de Instrucción del juzgado de Violencia de Género N° 1, María Eugenia Torres”.

La Red de Editoras de Género (RED) expresaron preocupación y alarma por el allanamiento. La desobediencia a la autoridad no puede cercenar la libertad de prensa. El secuestro de las herramientas de trabajo pone en riesgo su derecho a resguardar la identidad de sus fuentes de información