¿Qué pasa, puertas adentro de los medios de comunicación, cuando la Justicia obliga o solicita revisar algunas prácticas? ¿Qué pasa cuando un fallo judicial plantea resarcir injurias, entre otras revictimizaciones, hacia algunas personas? 

Recientemente, el diario La Capital, medio grafico mas importante de Rosario, fue obligado a  hacer una publicación, por un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo civil de esa ciudad, sobre la condena recibida por una nota sexista que había escrito en 2015. 

Según se detalla en dicha publicación, que transcribe parte del fallo condenatorio en su contra, una mujer, víctima de un intento de femicidio, denunció que “una nota publicada hace siete años en la sección Policiales contenía términos “injuriantes” hacia su persona y que “interfirieron en su vida privada y familiar, afectando el derecho a la intimidad”. 

Así también, la mujer denunció ante la Justicia que esa publicación “contiene datos falsos e inventados”, y que “la narración de los hechos resulta discriminatoria y violenta no solo para ella sino también para las mujeres”, perjudicándola porque “además de haber sido víctima de violencia de género por parte de quien fue su pareja, también lo fue por la publicación, ya que fue víctima de violencia de género psicológica, simbólica y mediática”, describe el medio en la publicación obligada. 

La sentencia insiste en que, “en la nota periodística hay una injustificada intromisión en la intimidad” de la mujer y considera que “no es ocioso volver a poner de relieve que la publicación contiene innecesarias referencias a la esfera íntima y sentimental” de la demandante. 

¿Cuántas notas gráficas, crónicas televisivas o radiales y peor aún, en redes sociales utilizadas como medio de comunicación, podrían enmarcarse en estas prácticas? 

Podrían ser interminables los ejemplos con los que nos topamos todos los días. 

No hace mucho tiempo, y también ante una intervención judicial, un medio gráfico local debió dejar de nombrar, en sus crónicas policiales, a un joven menor de edad en conflicto con la ley penal. 

Sobre el joven, entonces niño, se afianzó mediáticamente el apodo “Manitos de Miel”, tal vez surgido de las propias fuentes policiales, o quién sabe de qué mente creativa, a la espera de contribuir a estigmatizaciones, discriminaciones y toda clase de prácticas encuadradas en la violencia mediática. 

Ante noticias de estas características, los medios y, más aún, las y los periodistas, lejos de hablar de la marginación de la que son víctimas estos niños, niñas o adolescentes, como factor que provoca la comisión de delitos, ponen el foco en la estigmatización y hasta en la  condena previa. 

No ayuda al cambio social, que los medios de comunicación apunten a las personas menores de edad como  causantes de los problemas sociales, o que sólo las y los jóvenes, sean protagonistas en sus páginas casi exclusivamente, con noticias negativas. 

El cambio no se logrará sólo con políticas públicas, sino que debe darse una resignificación cultural de toda la sociedad, y en ello, las y los comunicadores tienen una responsabilidad crucial. 

Nunca es buen camino perder de vista la ética periodística en todo el proceso de la noticia. 

El ejercicio de este oficio, desde el inicio en la búsqueda del hecho noticioso y la relación con las fuentes, pasando por el tamiz del enfoque de la información, hasta la decisión última de la publicación, requiere de una constante reflexión moral interna y colectiva. 

El Derecho y la Moral deben ejercer una función reguladora del ejercicio de la profesión periodística.  

La deontología profesional (rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes de quienes ejercen una profesión), en el periodismo, actúa como un orden normativo que afecta a la actividad regulada por dos principios básicos: la responsabilidad social y la veracidad informativa. 

Esto exige del profesional un continuo reciclaje y crecimiento. No podemos quedarnos con la “vieja escuela”, que nos empujó en varias prácticas a un periodismo amarillo. Si la sociedad ya no se ríe con el humor misógino que poblaba los medios en décadas anteriores, por qué no exigir el mismo aggiornamento del abordaje de la comunicación.

Recientemente, los medios públicos de Chaco (Chaco TV, Radio Provincia del Chaco  y Agencia FOCO), anunciaron que sus trabajadoras y trabajadores han elaborado un Código de Ética Periodística, en el cual se vienen replanteando las prácticas y abordajes de la noticia, que han ido virando según el desarrollo y demanda de los cambios sociales.  

Tal vez experiencias similares, en medios privados, permitan la revisión de la práctica profesional desde una ética que filtre y atraviese el modo de hacer periodismo, como un camino posible que lleve a una mejor comunicación, sobre todo respetuosa de los derechos de las audiencias. 

Ser, como comunicadores y comunicadoras, herramientas de acceso al derecho a la información de unas y unos, pero sin dañar los derechos de otros y otras. La deconstrucción de lo aprendido es una tarea ardua, del día a día. Y aprender a hacer una comunicación respetuosa, es una obligación que nos reconcilia con el derecho a informar y a hacer buen periodismo.