La Justicia obliga a ciudadanos criollos a capacitarse en género y diversidad cultural

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La protección judicial resulta de una presentación ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli, a cargo de Liliana Senger, luego de que un grupo de mujeres indígenas y sus hijxs fueran brutalmente atacadas mediante agravios, amenazas de vejaciones y muerte, además de haber recibido algunas agresiones físicas. “Las vamos a violar, a matar como perros y vamos a tirar sus cabezas en la calle… Vamos a terminar con su raza… indias putas, indias de mierda”, cita enfáticamente la sentencia de nueve fojas. Los hijos de las denunciantes también fueron víctimas de actos de violencia por parte de los denunciados quienes “les arrojaron balines con una gomera, produciendo lesiones” en tres niños de 9, 8 y 3 años, “debiendo estos refugiarse hasta la noche en el monte”.

La particularidad de esta sentencia radica en que la jueza, además de establecer la prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento a las mujeres, les ordena a los tres referentes de la organización “Fuerza Criolla”, capacitarse en género y diversidad cultural, debiendo acreditar estos seminarios ante el Juzgado. 

Cuatro años reclamando viviendas y sufriendo violencia

En el lote 94 de Miraflores, se  construyen unas 30 viviendas del Plan Techo Digno. Las mujeres, cansadas de los agravios, hicieron la denuncia ante el Juzgado de Castelli y reclaman que esas casa, una vez concluidas, sean destinadas a ellas y sus familias. Ante el pedido de ese derecho, hace cuatro años se encuentran acampando en las inmediaciones del lugar, sin usurpar ni tomar las construcciones, sino en unas carpas precarias donde desarrollan sus vidas.

«Fuerza Criolla» es un grupo integrado por ciudadanos que se diferencian de los pueblos originarios con ese nombre, y se adjudican defender derechos de vecinas y vecinos de Miraflores. Intervienen sin respetar roles ni instituciones, en conflictos de tierras y demás situaciones sociales. Lo llamativo es el rol de las instituciones que carecen de presencia para cuidar a todos y todas, las y los vecinos de esa localidad del Impenetrable chaqueño, sean de cualquier etnia u origen. 

Fue el 25 de marzo pasado que, al irrumpir en el lugar, los tres hombres comenzaron a agraviar, amenazar y agredir tanto a mujeres como a niños que estaban en sus carpas. De hecho, por las agresiones físicas los tres niños “fueron atendidos por el médico del hospital donde él mismo realizó un informe de las lesiones pero que el comisario Escobar le pidió dicho informe para remitir a la Fiscalía. Sin embargo, nunca lo remitieron”. En el informe médico también figura la agresión física hacia una de las mujeres también y nada fue presentado en sede judicial por el Comisario mencionado en el expediente. Así como en otras oportunidades, tampoco se hicieron eco de las denuncias de las víctimas según consta en la propia sentencia “que varias veces fueron a la comisaría a realizar la denuncia por todos estos hechos pero no se las tomaron porque protegen a este grupo de personas, ya que muchos de sus integrantes (de la agrupación) son familiares de los policías».

Por todo esto, las denunciantes solicitaron se dicte “cese de hostigamiento y se incluya a estas personas en programas de capacitación sobre violencia de género y diversidad cultural, dado que en la localidad de Miraflores existe un grave problema de discriminación racial tanto por parte de este grupo como de las autoridades policiales”, según expresaron también pidieron “el secuestro de las armas que se encuentren en poder de los agresores”.

El informe del Equipo Interdisciplinario Judicial fue clave para la sentencia

Los y las profesionales en diferentes disciplinas que integran el Equipo Interdisciplinario Judicial trabajaron en la elaboración de un informe del que se desprende que “estas mujeres y sus hijos menores de edad han sufrido heridas de gomerazos, amenazas de muerte y vejaciones». Respecto de su situación habitacional, expresaron: «Este grupo de personas no posee viviendas. No tienen dónde vivir”.

Según el escrito, «las familias entrevistadas se encuentran atravesando SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y DE ALTO RIESGO, dado que las amenazas de muerte aun no han cesado. Los niños causantes se encuentran en SITUACIÓN DE PELIGRO EXTREMO, dado que permanecen unidos la mayor parte del tiempo a sus madres, por lo cual se sugiere se arbitren los medios necesarios para brindarles protección integral (cese de hostigamiento y prohibición de acercamiento hacia las personas involucradas)”. Además proponen, con carácter urgente, instar «a los organismos gubernamentales competentes a brindar una solución al conflicto mencionado, brindarle una vivienda digna y todo lo que sea necesario para el normal desarrollo de las Familias afectadas». 

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