Hoy 8 de mayo, es el día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. En 1987 ocurre lo que se conoce como la masacre de Budge en donde tres efectivos de la policía bonaerense matan a tres pibes que estaban tomando cerveza en una esquina. Por un problema con una vecina por la rotura de un vidrio, los agentes, en un evidente abuso de autoridad, , los fusilan. A partir de ahí se instala en la argentina el concepto de gatillo fácil y tiene plena vigencia hasta hoy con casos que se suceden en todas las provincias.

A propósito de este día compartimos una charla con Kevin Nielsen de la Asociación Pensamiento Penal quien habla de los estereotipos de delincuentes que la policía y la sociedad tienen, en la figura del pibe con gorrita, del por qué de la falta de sanción a los agentes que cometen violencia institucional, la responsabilidad de los ministerios de seguridad y los vacíos en la formación para implementar en la práctica las actuales perspectivas en seguridad

¿Qué es la violencia institucional y a partir de cuando se la llama de esa manera?

Hablar de violencia institucional es hablar de un tipo específico de violencia, que es la violencia ejercida por el Estado a través de sus agentes. Esa violencia puede ser por acción o por omisión. A partir de la masacre de Budge, que es señalada como el primer caso de gatillo fácil luego del regreso de la democracia, este tipo de violencia está asociada a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, como una problemática específica que requiere de un abordaje también específico. Hay que recordar que cuando se empezó a desbaratar el aparato militar represivo, a la vuelta de la democracia, quedó una asignatura pendiente que es generar cambios en las fuerzas de seguridad.

El pibe de la gorra es la principal víctima de las fuerzas de seguridad al ejercer violencia institucional. Hablar de violencia institucional no es sólo gatillo fácil, sino una serie de actos de violencia, que van desde el hostigamiento, las detenciones arbitrarias en la vía pública, desde el pedido arbitrario de exibición de dni sistemáticamente, las amenazas, las coacciones, las detenciones arbitrarias por pocas horas en la comisaría, las expresiones discriminatorias cometidas por la fuerza policial hasta los casos más graves de tortura y muerte.

Hay determinado aspecto vestimenta, determinados barrios que son flanco de más hostigamiento por parte de la policía…

Lo que las organizaciones populares pueden palpar  en los barrios vulnerables es lo que vienen descubriendo desde hace algunos años los estudios académicos. La violencia institucional es ejercida para cualquier persona que tenga contacto con la policía sino que es ejercida hacia una población extremadamente vulnerable en términos económicos pero que además tienen ciertas características estéticas producto de sus preferencias culturales, como la portación de gorra, o indumentaria que hacen referencia a su pertenencia cultural. 

Hay un estereotipo del delincuente, lo plantea la criminología argentina. Zafaroni tiene mucha producción intelectual sobre este tema. En los trabajos de campo descubren que esta violencia es ejercida mediante un prejuicio, que es un prejuicio social, en general pero que lo tienen las fuerzas de seguridad a la hora de entender de qué manera se viste un delincuente. Pasa en Latinoamérica, en Europa con las poblaciones migrantes, en EEUU con el afrodescendiente, tiene algunas variables pero siempre adscrito a determinados gustos culturales. Tiene que ver con la construcción que no tiene que ver con lo que la persona hace  para infringir la ley sino lo que la persona es. Lo cual no sólo es discriminatorio sino ilegal. No sólo en Argentina sino en todo el mundo occidental. Esta problemática de las fuerzas de seguridad actuando en base a prejuicios, al momento de hacer detenciones o averiguaciones, no tiene un solo origen y tampoco una sóla solución

¿Cómo ven desde la Asociación, las políticas que se vienen implementando contra la violencia institucional?

Se viene trabajando desde que se instala la violencia institucional, sobre todo a partir del 2013 son la sanción de la ley, con la exposición de los casos en los medios.

En estos momentos se está trabajando en un proyecto de ley nacional que abordaría el tema de manera integral, sería la primera vez. Lo que hay hasta ahora son acciones aisladas. Por ejemplo, ante un caso de violencia institucional debemos por una lado aplicar una sanción adecuada a los miembros de las fuerzas de seguridad pero por otro lado qué pasa con las estrategias para prevenir esa violencia, qué está pasando con la formación de los agentes de seguridad en todas las provincias

Desde el espacio de estudio de la Asociación Pensamiento Penal venimos reflexionando que a la violencia institucional siempre se la aborda desde el ámbito de los derechos humanos, pero falta un tratamiento desde las carteras o ministerios de seguridad que son las encargadas de la formación y capacitación laboral, lo tomen como una problemática propia. Porque cuando decimos violencia institucional, hay una afectación a los derechos humanos pero también tiene que ver con una acción muy poco profesional por parte del personal de las fuerzas de seguridad.

¿Cuáles son los problemas para poder avanzar?

En Argentina hay una alta tasa de impunidad ante estos hechos, judicial o administrativa. Un policía que ejerce violencia institucional, está cometiendo un delito, no es una falta, es un delito y sin embargo hay una alta tasa de condenas, en Chaco como en el resto del país. Esta es una de las primeras cuestiones que identifican las organizaciones y los espacios académicos.

También falta la sanción administrativa. Nosotros tenemos tratados internacionales en materia de DDHH, por ejemplo de Convención contra la Tortura, que indica que un agente policial denunciado debe ser inmediatamente apartado del cargo, amén de la cuestión salarial que se puede sostener, como una garantía de resguardo a las víctimas. Esto falta abordar y que se plasma en esta ley que se está proponiendo.

Otro problema es la justicia. Los tribunales, los fiscales, los jueces son muy empáticos con las fuerzas de seguridad y les cuesta ver estos actos con la suficiente gravedad. Al tener que trabajar permanentemente con la policía para descubrir y juzgar otro tipo de delitos, cuando es la policía la que delinque les cuesta juzgarlos y sancionarlos porque sienten que están rompiendo una alianza corporativa y por eso es que en el Chaco, a partir del caso Greco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compromete a crear la fiscalía especial en DDHH . Aún así falta perspectiva, cuando estas fiscalías acusan en un juicio, para que los tribunales entiendan la magnitud que tienen y condenen efectivamente y no con penas leves o penas inadecuadas.

¿Cómo se están formando las policías hoy en día? 

Si bien se avanzó muchísimo, en materia de inclusión de los tratados de DDHH en la formación policial, es netamente teórica y no impacta en los modos y en las prácticas de los agentes de seguridad. Todavía tenemos policías que están militarizadas, que están preparadas para una conflictividad inexistente. En otros países ya se ha abandonado ese paradigma, la policía en estos lugares tiene un rol en la resolución de los conflictos, por supuesto que están entrenadas para el uso de la fuerza pero para casos que lo ameriten. Aquí la formación predispone al uso excesivo de la fuerza. 

¿Por qué es tan persistente el hostigamiento hacia determinado perfil?

Estos pibes que tienen el perfil de la gorrita y demás características, que se los asume como delincuentes, algunas veces cometen delitos, cuando lo hacen cometen el uno por ciento de los contenidos en el Código Penal. Sin embargo, las fuerzas de seguridad deben descubrir, prevenir todos los delitos. También es una cuestión de eficiencia, cuando se persiguen cierto tipo de delitos toscos, producto de falta de presupuesto, falta de capacidad para descubrir otros delitos más complejos, cometidos por personas que no son tan vulnerables, es muy fácil encarcelar a un pibe que rompe un vidrio para robar un estéreo pero es mucho más difícil descubrir a quién lava activos o tiene una organización criminal, al contador que asesora a una empresa para que evada impuestos, a un abogado que asesora a una red de narcotraficantes. Todo es muy conveniente para que sea sólo una capa muy inferior de los delitos las que sean descubiertas e investigadas. Los que cometen estos delitos suelen tener estas características  y entonces la policía los tiene como el principal perfil criminal y entonces se produce ese hostigamiento. Por suerte no todos los que tienen estas características cometen delitos pero todos los que son perseguidos por la policía hacen suya esa etiqueta de delincuentes.

 Ahí hay otra cosa que se juega, los pibes son hostigados por la policía, que los trata como delincuentes solamente por portar una gorra y vestirse de determinada manera se genera un profundo efecto psicológico. Esa etiqueta de delincuente finalmente se va introyectando y son estímulos a que realmente estos pibes tengan conductas reactivas o de bronca contra la policía por el hostigamiento que recibe. Esa etiqueta hace que muchas veces se haga realidad. Si yo trato a un pibe, todo el tiempo como un delincuente posiblemente termine transformándose en un pequeño delincuente, esto está estudiado por la sociología. El propio estado que debería combatir la delincuencia termina generando y haciendo nacer carreras delincuenciales. La violencia institucional no sólo no combate la inseguridad,  violenta los derechos humanos y las garantías sino que predispone a un aumento de la inseguridad. El problema es que esta violencia tiene legitimidad social, más allá de la policía. Rodríguez Arzueta, criminólogo argentino plantea que no hay olfato policial sin olfato social es decir, detrás de un policía que está hostigando a un pibe, detrás de eso hay un señor, una señora llamando a la policía diciendo que en la esquina hay pibes con determinado aspecto, sólo por un concepto de estigmatización. No se puede quitar la violencia policial sino quitamos esa estigmatización que tiene la sociedad. Es parte del mismo problema por el cual decidimos  cambiar de vereda cuando vemos un pibe así. Es parte de un problema social y cultural