Esta semana se publicó en un diario local, el resultado de las pericias solicitadas al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por la defensa de la mamá de Maira Benítez. Conforme los resultados del EAAF, los restos ya peritados por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial del Chaco, no sólo no son los restos de su hija, sino que pertenecen a una persona de sexo masculino.

El caso de la desaparición de Maira es bandera del colectivo feminista en la provincia del Chaco. A través de este caso se denunció y aún lo hacemos, la falta de perspectiva de género en la policía y la justicia. El juicio se llevó adelante sin haber encontrado a Maira. La causa no tuvo la carátula de femicidio. Esto significó el derrotero de su mamá para lograr la asistencia económica, que la Ley Brisa otorga a les niñes víctimas por el femicidio de sus madres, entre otras injusticias.

Antonia Morán, la mamá de Maira, sospechó que los restos, analizados por IMCiF, que le entregaron no eran de su hija. Con Silvina Canteros como abogada querellante,  gestionaron no sólo el nuevo peritaje sino estudios bioantropológicos, para corroborar las dudas sobre la identidad de esos huesos, que a esta altura tiene muchas certezas detectadas por EAAF. 

El estupor, las preguntas que despertaron los nuevos datos fueron compartidos por Antonia a algunas integrantes del colectivo feminista que tantas veces la sostuvo para poder seguir buscando justicia por Maira. La consigna fue el secreto como parte de la estrategia de la querella, hasta recibir la información completa del EAAF, situación que tuvo que ser modificada por la aparición de la “primicia”.

El camino es la ética periodística

Tener buenas fuentes que nos permitan obtener información noticiable nos pone también en el lugar de evaluar la oportunidad de hacerlo. Después de todo, la noticia cobra valor en su contexto. Si sólo vemos la información como una mercancía para obtener más clientes no vemos el daño y la violencia que ejercemos una vez más sobre una familia. 

Una comunicación sin perspectiva de género, no es respetuosa de los derechos de las víctimas ni de sus familias. 

Nunca es buen camino perder de vista la ética periodística en todo el proceso de la noticia. El ejercicio de este oficio, desde el inicio en la búsqueda del hecho noticioso y de la relación con las fuentes hasta la impresión del enfoque de la noticia y la decisión última de la publicación, pasando por todo el proceso del tratamiento de la información, requiere de una constante reflexión moral interna o individual, El Derecho y la Moral deben ejercer una función reguladora del ejercicio de la profesión periodística.  

La deontología profesional (rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes de quienes ejercen una profesión), en el periodismo, actúa como un orden normativo que afecta a la actividad regulada por dos principios básicos: la responsabilidad social y la veracidad informativa. Además, exigen del profesional un continuo reciclaje y auto perfeccionamiento profesional. No podemos quedarnos con la “vieja escuela” que nos empujó en varias prácticas a un periodismo amarillo. Si la sociedad ya no se ríe con el humor misógino que poblaba los medios en décadas anteriores, por qué no exigiría el mismo aggiornamento del abordaje de la comunicación. 

Desde 2019 Argentina cuenta con la Ley Micaela que obliga a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado a capacitarse en materia de género. Se sancionó como una necesidad imperiosa a que las y los funcionarios públicos tengan las herramientas necesarias para proteger a una mujer o identidad femenina víctima de violencia, incluso desde la prevención. La comunicación es un derecho público. Quienes hacemos los medios de comunicación, ¿debiéramos tener esas mismas herramientas para preservar tanto a quienes son objeto de la noticia como al público que la recibe? ¿Escapa al rol de la o el periodista la afectación social de una noticia? 

La Defensoría del Público, creada a instancias de la Ley de Medios Audiovisuales, indica la importancia de “extender los derechos comunicacionales de quienes están de un lado y otro de las pantallas y los parlantes”. Claro que este organismo no tiene incidencia en los medios gráficos, sin embargo los lectores bien deben ser dignos de los mismos derechos que espectadores de medios audiovisuales. En definitiva, si se trata de periodismo con perspectiva de derechos, sólo se trata de desplegar un abordaje comunicacional desde la ética periodística. 

Las leyes vigentes como 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las convenciones internacionales como CEDAW y Belém Do Pará, a las que adhirió Argentina,  nos obligan a trabajar en esa dirección. 

La primicia fue cuestionada en muchas oportunidades cuando fue publicada sin pensar a quién dañaba. ¿Qué hacer ante un dato que puede ser tentador publicarlo? Se puede consultar, a las víctimas, a sus defensas, hacer acuerdos sobre el momento oportuno de darlo a conocer. 

Ser, como comunicadores y comunicadoras, herramientas de acceso al derecho a la información de unas y unos, pero sin dañar los derechos de otres. La deconstrucción de lo aprendido es una tarea ardua, del día a día. Aprender a hacer una comunicación respetuosa del otre es una obligación y no colisiona con el derecho a informar y a hacer buen periodismo.