La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial,  resolvió revocar la sentencia interlocutoria de primera instancia de la jueza Marta Aucar del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19, y en consecuencia, rechazar la medida cautelar que había sido peticionada por un grupo de personas que buscaban impedir el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Chaco.

La sentencia tiene las firmas de las Juezas  Eloisa Barreto  y  Wilma Martínez de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Resistencia.

La provincia era la única del país en la que ese derecho no se cumplía. La Ley había sido  sancionada en diciembre del año pasado en Argentina, después de décadas de lucha feminista. 

La cautelar fue concedida por una jueza cercana al Arzobispado de Resistencia, y había sido solicitada por nombres vinculados desde hace al menos diez años a la militancia anti-perspectiva de género, anti-diversidad sexual, anti-ESI y anti-derecho a decidir. 

Aquel fallo de la Jueza Aucar había generado el repudio de organizaciones de la sociedad civil defensora de los derechos humanos, entre otras, por la asociación civil “Unidos por la Diversidad” que incluso hizo presentaciones judiciales anulatorias que expresaban la inconstitucionalidad de esa medida.

El fallo también fue apelado por el gobierno del Chaco, a través de la Fiscalía de Estado, cuestionando la falta de competencia de una jueza ordinaria en una cuestión que debiera ser analizada por el fuero federal. Especificando que no existía un caso particular, sino un planteo en “abstracto”. La apelación del Estado chaqueño también advirtió sobre la falta de legitimación pasiva, señalando que “las madres gestantes que quieran ‘voluntariamente’ someterse al procedimiento de IVE contemplado en la ley, son las genuinas demandadas del caso; advirtiendo que al accionarse sólo contra la Provincia del Chaco, se las deja sin representación procesal y se las priva de un derecho legal sin que siquiera puedan apelar la medida recaída”. Además de plantear que los accionantes, entre los que se encontraba la ex diputada radical Clelia Ávila, tampoco contaban con legitimidad activa para impulsar esa medida judicial.

Luego de esta medida revocatoria “ahora vuelve a tener plena operatividad la ley 27.610, es decir que se pueden realizar interrupciones voluntarias del embarazo, hasta tanto se resuelva la cuestión planteada a nivel federal sobre la inhibitoria que ha presentado el Gobierno Nacional en Ciudad AUtónoma de Buenos Aires”, explicó Nahir Barud, de Asociación Pensamiento Penal (APP), una de las organizaciones que había manifestado repudio al fallo de la jueza Aucar, por considerarlo por lo menos “inconstitucional”. 

La abogada detalló además que, “ahora resta la implementación de los protocolos pertinentes para la aplicación de IVE, como así también continuar las interrupciones legales del embarazo que tuvieron sus modificaciones con la ley IVE”.

Ante la posibilidad que surjan nuevas presentaciones “antiderechos”, el rechazo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial existe como precedente de que no se hace lugar “por una cuestión de competencia (se debe presentar en el fuero federal) y de legitimación pasiva (el Estado provincial) y activa (personas que se arrogaban la protección de niños y niñas por nacer)”, según la referente de APP. 

Se trata de un avance hacia la defensa de derechos adquiridos luego de intensas luchas históricas desde los feminismos, y que recién fue logrado en diciembre 2020 en nuestro país. “Desde APP estamos muy contentos y contentas porque ahora debe volver a respetarse lo que consideramos un gran paso en la adquisición de derechos de los cuerpos gestantes”, enfatizó la profesional especializada en género.