Sin un salario docente digno no habrá contrato social en la educación chaqueña

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En medio del conflicto con el sector de la educación chaqueña, el Colectivo Pedagogía de la Emancipación emitió un comunicado acompañando la lucha docente por un salario digno y la mejora de las condiciones laborales y exhortando al gobierno a rever su política educativa.

«Lo que no esperábamos era que no se reconociera la deuda del 2020 y que se dijera en la reunión de Comisión de Política Salarial que había una propuesta superadora que consistía en abandonar la cláusula gatillo y ofrecer un 12 por ciento al valor del puntos, más 2 mil pesos remunerativos no bonificables y 500 por movilidad»

«La respuesta docente en calles y plazas es contundente. La respuesta no puede ser militarizar calles y rutas. Porque la respuesta no es ni debe ser la represión, sino la apertura de nuevas instancias de diálogo para retomar el rumbo de políticas públicas…»

El comunicado completo:

El Colectivo Pedagogía de la Emancipación pide al Gobierno del Chaco un cambio de rumbo en su política educativa.

Uno. Manifestamos nuestra solidaridad con la muy justa lucha docente por un salario digno y por condiciones de trabajo que dignifiquen la carrera docente y la educación pública. Porque fuimos y somos parte de esa lucha. Decimos hoy lo que decíamos ayer. Con dolor y con bronca también.

Porque en los años 2018 y 2019 este Colectivo planteó que el neoliberalismo había roto el contrato social en las escuelas chaqueñas y que solo era posible su refundación, con una reparación histórica que atendiera tanto una mejora sustantiva del salario y la infraestructura escolar, como políticas públicas que desde lo educativo fueran definidas de forma participativa por parte de la comunidad educativa de todo el Chaco.

Porque la realidad social que deja dicho neoliberalismo es pobreza e indigencia en la gran mayoría de los docentes y estudiantes en particular, y del pueblo argentino en general. Por eso saludamos la firma de un acuerdo preeleectoral el 11 de septiembre por parte del por entonces candidato a gobernador Jorge Milton Capitanich.

Porque ratificaba la cláusula gatillo, conquista docente luego de una lucha de tres meses hace dos años. Por eso también saludamos el anuncio de su continuidad en las primeras reuniones de Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Por eso fue posible el inicio normal del ciclo lectivo.

Reconocemos que la pandemia en curso afectó y afecta dramáticamente todas las esferas de la vida institucional, colectiva e individual. Lo entendemos. Por eso fue importante escuchar de parte del Gobernador que se reconocía la deuda y los compromisos contraídos en la campaña y en los primeros meses de gestión.

Por eso, precisamente, advertimos que las reuniones de Comisión de Política Salarial para el ciclo lectivo 2021 debían comenzar en diciembre, y que lo que no se discutiera con tiempo y paciencia entre diciembre y enero y primera quincena de febrero sería un tiempo valiosísimo perdido, irrecuperable luego. Pero nada de esto se hizo.

Lo que no esperábamos era que no se reconociera la deuda del 2020 y que se dijera en la reunión de Comisión de Política Salarial que había una propuesta superadora que consistía en abandonar la cláusula gatillo y ofrecer un 12 por ciento al valor del puntos, más 2 mil pesos remunerativos no bonificables y 500 por movilidad.

La Paritaria nacional que definió un 34, 5 por ciento con cláusulas de revisión, que también debió comenzar mucho antes, marca a las claras la distancia lejana que hay entre la misma y lo que sucedió en nuestra provincia.

Dos. La respuesta docente en calles y plazas es contundente. La respuesta no puede ser militarizar calles y rutas. Porque la respuesta no es ni debe ser la represión, sino la apertura de nuevas instancias de diálogo para retomar el rumbo de políticas públicas que más allá de la crisis actual, ni en su fondo ni en su forma deben ser abandonados a costa de quebrantar la fe política que construyó la posibilidad de un nuevo gobierno a partir de 2019 y auguró un cambio en la gestión de educación pública en el Chaco.

Tres. Tampoco la respuesta puede ni debe ser el ajuste en la educación pública. Lo dijimos a lo largo del año pasado: debía ser el Congreso Pedagógico, la participación democrática de docentes y estudiantes y de toda la comunidad educativa la que definiera las políticas públicas que son indispensables de lograr para alcanzar la justicia educativa y la justicia social plural, en el marco de una redistribución más justa de los recursos. Por eso no avalamos antes ni lo haremos ahora que se pretenda cerrar grados, cursos, y carreras y comisiones en educación superior, solo razonando desde “la política de administrar la educación como si fuera una empresa”.

Porque dijimos que había que salir a buscar como Estado a las y los estudiantes que nos faltaban en las aulas. Este colectivo presentó una propuesta al gobernador para hacerlo. Para convertir eso en una épica, en una auténtica política de estado. Hoy más que nunca lo decimos: porque la pandemia agravó ese cuadro de situación. Porque hablar hoy de derechos social a la educación es hablar de derecho social a la conectividad para estudiantes y docentes. De salarios dignos, de infraestructura escolar adecuada y de formación docente permanente, gratuita, en servicio y situada.

Por último, siempre hemos pensado que la mejor política es el arte de saber asumir y tramitar los conflictos de forma democrática. Por eso, como integrantes de un Colectivo Pedagógico que nunca se pensó neutral y que acompañamos sin eufemismos las propuestas educativas que impulsó el actual gobernador del Chaco, no nos escondemos ante el conflicto y le exhortamos con lealtad militante por un proyecto de provincia y de educación justas y emancipadoras, que enderece el rumbo de las actuales políticas educativas antes de que sea tarde, porque la confrontación y el choque traerán más confrontación y choque. Porque nos merecemos más y mejor democracia, y más y mejor educación.

Foto: Jorge Tello

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