Suicidio o femicidio, según cómo investigue la Justicia

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Protocolos internacionales a los que adhiere Argentina, establecen que toda muerte violenta de una mujer o disidencia, debe ser investigada en principio como posible femicidio. Luego, si el curso de la investigación así lo determina, la causa podrá girar a otro delito como un homicidio, o incluso se podrá confirmar si se trató de un suicidio o no. 

¿Cómo actúan lxs funcionarixs policiales y judiciales, primeros protectores de la ciudadanía, sin la presión social de un pueblo que sale a las calles?

Sin embargo, dos casos recientes en que sendas mujeres fueron halladas sin vida registraron una serie de irregularidades en los procedimientos judiciales y policiales. Casi podría decirse que se trata de la repetición de un patrón en el que, por lo menos, no se resguarda la escena del crimen y se revictimiza a las familias de las víctimas, lejos de darles contención. 

Dos casos paradigmáticos recientes

El lunes 23 de noviembre, a la madre de Adriana Barreto, que vive en La Verde,  la policía de Colonia Elisa la llamó “varias horas después de su muerte”, al llegar a la comisaría tuvo que esperar en un patio otra hora más, hasta que la recibieron para decirle que su hija se había “suicidado”. Al mismo tiempo la Fiscala Andrea Langelloti, que lleva adelante la investigación de la causa, la caratuló como “supuesto suicidio”. Desde el simple sentido común y el respeto, por lo menos es notorio el maltrato. Es supuesto que agentes estatales, servidores públicos, cuanto menos debieran contar con ambas cosas y es exigible aún,  que sumen profesionalismo, tecnicismo y apego a normas, tratados y protocolos.

Pasados los tres días de la investigación y con una pueblada generada por la indignación ciudadana, la fiscala ordena la detención preventiva de la pareja de Adriana,  Carlos Ojeda, el padre de este y un agente de la policía que habían intervenido en el traslado del cuerpo al hospital.  

Con el avance de la investigación y ante familiares y sociedad discrepando con la idea de que la joven de 26 años pueda haberse quitado la vida, se solicita una autopsia. Entre otros datos relevantes el documento resalta que el cuerpo de Adriana presenta “una lesión contuso penetrante en tórax anterior, segundo espacio intercostal izquierdo”; más allá de cualquier tecnicismo se entiende que, en caso de pretender suicidarse, la joven debió haber envuelto con su brazo derecho la parte de adelante de su tórax y poner el arma en la zona de su axila izquierda para disparar. Por lo menos es llamativa esa metodología, al ojo de cualquier persona; sin embargo nada hizo dudar ni a agentes policiales ni a la propia fiscala que inició la investigación con la hipótesis de “supuesto suicidio”, a contramano de lo que sugieren los protocolos con perspectiva de género. Más tarde se conocería que los resultados del barrido electrónico confirmaron rastros de pólvora (tres metales plomo, bario y antimonio) en las manos de Ojeda y también en el cuerpo de la joven. La hipótesis de la querella entiende que Adriana pudo intentar defenderse por eso se halló pólvora en sus manos. 

¿resulta ético que este dato sea filtrado a la prensa antes que se comunique a la familia de la víctima?

También aquí hubo otra irregularidad: la familia de Adriana se enteró mediante una publicación periodística. No fue la Fiscalía, ni la Procuración quienes comunicaron  esto, que es parte del expediente, ni a la querella ni a la propia familia.

Más allá de que la información es un bien público, incluso el acceso a esta está contemplada en la propia Constitución, ¿resulta ético que este dato sea filtrado a la prensa antes que se comunique a la familia de la víctima? Debate aparte la ética periodística de cerciorarse antes de publicar algo que pueda lacerar a personas que acaban de perder a un ser querido. 

Otro caso reciente, en la ciudad de Charata, es el de Macarena Medina, hallada sin vida en su casa, el sábado 28 de noviembre. Advertida por vecinos y vecinas, la policía ingresa a la vivienda. Según el abogado querellante (de la familia), Marcelo Morales “no preservaron la escena del crimen”. Daniel Medina, el padre de la joven detallaría luego que “tocaron todo, el celular de Maca, se sirvieron agua del dispenser y el Fiscal Hugo Baigorrí nunca se presentó en el lugar”. Aunque la madre, que se encontraba a 50 km de Charata, “había solicitado que la esperen, no les importó nada, cargaron a Maca como si fuera un perrito en la parte de atrás de una camioneta y se la llevaron”, explica el padre.

“Al forense le llevó 20 minutos determinar que mi hija se había suicidado”

Esta causa también comenzó a investigarse como supuesto suicidio. “Al forense le llevó 20 minutos determinar que mi hija se había suicidado”, reclamó Medina, que junto a la madre de Macarena y buena parte de la sociedad marcharon el lunes 30 para exigir una investigación que llegue “a las últimas consecuencias”. 

Es que la familia está convencida de que “Maca era una chica que quería vivir, teníamos proyectos de que se venga a Córdoba conmigo para estudiar – dijo el padre-  jamás se hubiera suicidado”. De hecho la familia denuncia que la joven pudo haber sido víctima de una “red de trata, prostutución vip y comercialización de estupefacientes” y exige investigación. 

Otro aspecto llamativo al ojo humano pudo haber sido que la joven fue encontrada sentada con un caño corrugado de plástico envuelto en su cuello. “Se trata de esos que se utilizan para tirar los cables del tendido eléctrico de una casa que estaba metido en el cielorraso y salido, como arrancado o estirado -explica el abogado- ¿Cómo es que pudo soportar el peso sin estirarse?” es una de los tantos interrogantes que sorprende que no se hayan planteado los funcionarios judiciales y/o policiales. 

Una vez más el reclamo social y de la familia en particular, merece la reacción estatal. Hace días llegaron a la ciudad de Charata investigadores especiales de la división Trata de Personas de la Policía  provincial. Aunque es muy probable que el caso merezca la intervención federal por las características de los delitos denunciados, la pregunta obligada es ¿qué hubiera sucedido si la familia, confiada en el accionar policial y judicial, no reclamaba y creía en la primera hipótesis del suicidio? ¿Cómo actúan les funcionarixs policiales y judiciales, primeros protectores de la ciudadanía, sin la presión social de un pueblo que sale a las calles?



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