La muerte de una adolescente qom que atravesaba múltiples violencias revela qué lugar ocupa el acceso a la salud sexual de las niñas, adolescentes y adultas del Chaco. 

Juan José Castelli es una localidad ubicada a 233 km de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Posee un hospital de primera, con salas de alta complejidad, y cuenta con 40 mil habitantes aproximadamente. Una gran parte de su población proviene de la comunidad qom, moqoit y wichí.

Eva (nombre ficticio para proteger su identidad), una adolescente qom, hija única, vivía allí, sola con su papá, hasta que el sábado 12 de septiembre, en plena pandemia, una sepsis generalizada la mató. Su familia sabe que Eva sufrió abuso sexual en al menos dos oportunidades y, a pesar de que la autopsia determinó que su muerte se produjo por una sepsis provocada por una tuberculosis abdominal, no creen en este diagnóstico y quieren saber qué pasó, por qué murió.

La pandemia por la COVID-19 fue particularmente nociva para los pueblos originarios que habitan el territorio de la provincia del Chaco. En mayo un brote del virus atacó a la comunidad qom dejando más de 150 fallecidos. 

La violencia de género fue otra pandemia que afectó a la provincia. De acuerdo a las estadísticas brindadas por el Observatorio de Violencia de Género “Luisa Bautista”, entre febrero y septiembre de 2020, siete mujeres fueron víctimas de femicidios. Mientras que entre enero y agosto la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco registró 1070 denuncias formales de mujeres en situación de violencia de género, lo que da cuenta de que la pandemia y el aislamiento obligatorio intensificó las situaciones de violencia que sufren las mujeres.

Eva murió sin saber lo que ocurría con su cuerpo, sin conocer la justicia. Su muerte dejó un sabor amargo, de impotencia e injusticia en la comunidad qom y en su familia, que desde hace tiempo reclamaba que los abusos sufridos no habían sido condenados. 

Su muerte no es la primera que atraviesa a la comunidad qom de Castelli. Días previos al fallecimiento de Eva, una joven había sido asesinada por su ex pareja, quien alteró la escena para simular que la víctima se había suicidado. Por estos días, avanza el juicio –en plena pandemia– por el femicidio de Magdalena Moreira, una adolescente wichí de 16 años asesinada en agosto de 2019 en Miraflores; una localidad cercana a Castelli. 

Asimismo, en 2018 –en pleno debate por la ley de Interrupción Legal del Embarazo– Chaco fue noticia nacional luego de la muerte de una niña qom de 13 años de la localidad de Castelli. Estaba embarazada de 29 semanas, padecía un cuadro extremo de desnutrición. Luego de practicarle una cesárea, ella y el bebé –que nació con menos de un kilo– murieron. 

En Chaco, la tasa de fecundidad en niñas menores de 15 años en 2019 fue del 3,6 por mil habitantes y del 70,7 por mil en mayores de 16 años, según informes del Programa de Salud Adolescente del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco.

La historia de la niña de 13 años desnudó las estadísticas de embarazos adolescentes en la provincia. En Argentina, en 2017, la tasa de fecundidad en niñas menores a 15 años era del 1,5 cada mil habitantes mujeres, y del 53,1 por mil en adolescentes de 15 años a 19 años; en 2018 fue del 1,4 cada mil mujeres menores de 15 años, y 49,2 cada mil habitantes mayores de 15 años. En similares períodos de tiempo, las cifras en Chaco fueron mucho más altas: la tasa de fecundidad en niñas menores de 15 años en 2019 fue del 3,6 por mil habitantes y del 70,7 por mil en mayores de 16 años según informes del Programa de Salud Adolescente del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco. De acuerdo a fuentes extra oficiales, la mitad de las niñas menores a 15 años embarazadas, pertenecen a las comunidades qom, moqoit y wichí.

Ese año Chaco también había liderado el ranking con la tasa más alta del país en mortalidad materna, lo que dejó en evidencia la importancia de una real aplicación de la Educación Sexual Integral para niños, niñas y adolescentes y en las comunidades fuertemente vulneradas en sus derechos como es el caso de los pueblos originarios.

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Eva tenía 17 cuando en enero de 2020 fue víctima de una violación que fue denunciada ante la Justicia. Recibió atención de la Unidad de Protección Integral (UPI) del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Pero su agresor, un hombre adulto, quedó en libertad y, según cuenta su familia, muchas veces era Eva la que debía cuidarse de no encontrarlo. Ni siquiera la prohibición de acercamiento ordenada por la Justicia la protegía del merodeo del agresor. 

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco publicadas en 2019, en Chaco 351 niños, niñas y adolescentes sufrieron abuso sexual. Esa es la cifra de casos visibilizados y denunciados, ya que niñas, niños y adolescentes abusados no siempre cuentan con la contención necesaria, lo que dificulta que puedan denunciar. 

“Ella se agarró una infección a causa de una violación. Ante el miedo y las amenazas de este sujeto, no quiso volver a hablar”, denunció su familia. 

Bashe, comunicadora qom en Castelli, aseguró que en lo que va de la pandemia unas 120 niñas de las etnias qom y wichí han sufrido abusos sexuales. Casos que no han sido denunciados ante la Justicia “por temor y miedo a represalias por parte de los agresores” y debido a que “el sistema judicial no ofrece garantías ante estos casos”.

“Les pibes tampoco acceden a la ESI en los últimos años, las iglesias evangelistas han avanzado sobre la comunidad originaria, no permitiendo que accedan a una educación sexual que les permita conocer su cuerpo y detectar situaciones de abuso. La pandemia empeoró esa situación, sin escuelas abiertas y con poca accesibilidad al mundo virtual, les pibes no reciben educación y las iglesias avanzaron mucho”, afirma. 

La suerte de Eva no escapó a esa realidad que viven las infancias y adolescencias qom. El sábado 12 de septiembre ingresó en muy mal estado de salud al Hospital del Bicentenario de la localidad. “Tenía fiebre y le dolía la panza”, dice su tía Raquel. Horas después fue intervenida quirúrgicamente, pero murió por una sepsis generalizada siete días después.

En Hospital del Bicentenario de Castelli, donde Eva fue atendida.
Foto: Prensa Obrera

“Cuando murió en el Hospital de Castelli, quisieron hacerla pasar como muerta por la COVID-19 y la iban a cremar, cosa que no correspondía. Ella se agarró una infección a causa de una violación. Ante el miedo y las amenazas de este sujeto, ella no quiso volver a hablar”, denunció su familia.

El lenguaje es siempre una traba para las comunidades de pueblos originarios. La familia de Eva es qom y habla muy poco español. Desde 2010 el sistema judicial del Chaco tiene la obligación de incluir intérpretes en lengua indígena para que denunciantes y acusados tengan la posibilidad de ser escuchados y de entender el proceso judicial que se lleva adelante. 

“Les pibes tampoco acceden a la ESI en los últimos años, las iglesias evangelistas han avanzado sobre la comunidad originaria no permitiendo que les niñes accedan a una educación sexual que les permita conocer su cuerpo”. Bashe, educadora qom.

La falta de intérpretes en cada área del Estado, sumado a la discriminación que sufren las mujeres miembros de pueblos originarios, dificulta que puedan concretar las denuncias por abusos y violencia que sufren, que puedan pedir asistencia médica y acceder a una adecuada salud sexual y reproductiva, afirma Bashe, que es miembro de la etnia qom. 

Para la familia de Eva, esa pudo haber sido una de las barreras que le impidieron hablar, contar qué le estaba ocurriendo en sus últimos días de vida.

En Castelli, pueblos originarios marcharon frente a la sede del Poder Judicial para exigir una respuesta sobre la muerte de Eva.
Foto: Movimiento Crisol

Según cuenta su tía, unos días antes de morir, Eva salió a pasear con un joven que siempre la buscaba. Eran amigos. Su familia lo conocía poco y hasta desconfiaban de él. Volvió horas después de ese paseo con dolores, al rato tuvo fiebre, “se sentía muy mal”. Así que la llevaron al Hospital Bicentenario de Castelli.

Cuando llegó, tenía fiebre y hemorragias. Los médicos la atendieron y resolvieron realizarle una intervención quirúrgica. Estuvo internada siete días pero su condición fue empeorando debido a una infección generalizada. Finalmente murió. 

Los médicos que atendieron a Eva en el Hospital realizaron una denuncia ante el destacamento policial del nosocomio. Dejaron constancia de cuál era el estado de la adolescente al momento de ser atendida; también advirtieron que las lesiones de Eva coincidian con las de un abuso sexual con acceso carnal.

La tía asegura haber escuchado a los médicos comentar en los pasillos del Hospital que Eva no solo había sufrido abusos y daños que le provocaron la muerte; sino también que la adolescente presentaba un sangrado y “restos de placenta”. Lo que los hace pensar que Eva pudo haber sufrido un aborto clandestino, o espontáneo no tratado a tiempo; algo que en la Justicia aún no se pudo probar. 

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En mayo de 2020, momento más álgido de la pandemia en Chaco, el Gobierno Nacional declaró el acceso a métodos anticonceptivos y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) como servicios esenciales, tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Por esto, las provincias debieron adaptar sus estrategias de atención médica para brindar acceso a la salud a las mujeres y cuerpos gestantes. Así, en Chaco, los hospitales y centros de atención primaria garantizaron los métodos anticonceptivos y la Interrupción Legal del Embarazo. Desde 2015, Chaco se encuentra adherida al protocolo ILE establecido por el Ministerio de Salud de la Nación y actualizado a fines de 2019. 

#LosDerechosNoSeAíslan solicitó acceso a la información pública sobre ILEs, acceso a métodos anticonceptivos (MAC) y nacimientos durante la pandemia al Ministerio de Salud de la provincia del Chaco. Pero al cierre de esta investigación, la respuesta oficial fue nula.

A pesar de eso, se accedió a información extraoficial en la que se pudo saber que en la provincia del Chaco hay cuatro equipos médicos que realizan ILEs. Por precaución, dado que el entramado antiderechos tiene estrecha relación con el gobierno de la provincia, no se revelará en qué centros hospitalarios se encuentran esos equipos que garantizan el derecho a decidir de las mujeres y cuerpos gestantes. 

Entre marzo y octubre, las Socorristas en Red de Resistencia recibieron unas 220 consultas para terminar con embarazos no deseados. De ese número, se concretaron 150 acompañamientos, 30 fueron Interrupciones Legales del Embarazo que no recibieron apoyo por parte de los efectores de Salud Pública, y 120 fueron acompañamientos a Interrupciones Voluntarias del Embarazo. En la base de datos que el equipo de Socorristas en Red proporcionó a #LosDerechosNoSeAíslan, señalan que de esos 150 acompañamientos en Chaco, 79 se realizaron entre marzo y junio; los 71 restantes ocurrieron entre julio y octubre. 

Por otra parte, esa medida que tomó el Gobierno nacional de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva permitió que durante 2020 se incrementara la entrega de métodos anticonceptivos orales a adolescentes y adultas con capacidad de gestar. Entre marzo y agosto en algunas regiones de la provincia del Chaco la solicitud de MAC orales se multiplicó por 6 en relación con el mismo período en 2019, según fuentes extraoficiales.  

Una fuente del servicio de Salud Pública de la provincia afirma que las adolescentes tienen interés en métodos anticonceptivos de larga duración como el implante –que es gratuito para cuerpos gestantes menores a 24 años–, que en 2020 se aplicó un 10% más con respecto al año 2019. 

“Las maternidades han logrado sostener y aumentar la estrategia de anticoncepción post evento obstétrico, de manera que aseguraron la anticoncepción a personas con capacidad de gestar durante toda la pandemia”, explicó una de las especialistas en obstetricia del Ministerio de Salud. Quien también detalló que se nota un conocimiento por parte de las mujeres y cuerpos gestantes acerca de qué métodos anticonceptivos desean usar. 

En 2020, la aplicación de los implantes anticonceptivos tuvo un aumento del 10% con respecto al 2019.

En Chaco, desde 2018 –cuando se debatía el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo– es parte de la agenda cotidiana de las mujeres hablar sobre los MAC que existen. En tanto que, durante la pandemia, áreas como la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y agentes del Plan ENIA recorren el territorio con un programa llamado ESI va al Barrio, en el que brindan información sobre salud sexual y reproductiva de la niñez y la adolescencia.

Junto al Plan Detectar promotores de ESI acercan material para que las personas se informen sobre sus derechos sexuales.
Foto: Facebook de la Subsecretaría de Juventud de la provincia del Chaco.

Con la sospecha de que había algo más detrás de la muerte de Eva, su familia radicó una denuncia penal en la Fiscalía de Castelli. Un hombre fue detenido en los días previos a la realización de la autopsia a Eva. 

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco publicadas en 2019, en Chaco 351 niños, niñas y adolescentes sufrieron abuso sexual. Bashe, comunicadora qom en Castelli, aseguró que en lo que va de la pandemia unas 120 niñas de las etnias qom y wichí han sufrido abusos sexuales.

Para garantizar una investigación judicial acorde a las necesidades de la familia, una abogada miembro de una organización civil que apoya a pueblos originarios, acompañó la denuncia y se constituyó como querellante en la causa. Solicitaron la realización de una autopsia para determinar cuáles fueron las causas de esa muerte tan repentina. 

En paralelo, la Fiscalía solicitó al Hospital Bicentenario de Castelli la historia clínica de Eva, y tomó declaraciones testimoniales a familiares y amigos de ella. Días después, el informe preliminar de la autopsia confirmó que Eva murió por una septicemia generalizada y que presentaba una perforación en el intestino.

“Hay una barrera idiomática importante porque ellos hablan qom y poco español así que tuvimos que pedir que esté la traductora qom. Así se pudo saber que el jueves 10 de septiembre un chico que la frecuentaba, la fue a ver, la llevó a pasear y la trajo a su casa. Después de eso empezó con los problemas de salud”, detalló la abogada.

Esa información fue clave para que la fiscalía avance sobre la hipótesis del abuso sexual agravado e indague sobre las últimas horas de Eva con vida. “Los abogados que acompañamos a las comunidades originarias vemos con mucha preocupación que no es el primer hecho de abuso en la comunidad qom que denunciamos, sabemos que hay otros casos porque acompañamos a las víctimas a hacer las denuncias”, explicó la abogada.

Los informes de la autopsia tardaron más de 15 días en incorporarse al expediente judicial que se lleva por la muerte de Eva.

Con la pandemia, los plazos judiciales se corrieron. Si para las comunidades originarias el acceso a la Justicia siempre fue una traba, la situación empeoró. Los informes de la autopsia tardaron más de 15 días en incorporarse al expediente judicial que se lleva por la muerte de Eva. Finalmente, el equipo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la provincia del Chaco (IMCiF) determinó que Eva murió por una infección provocada por una fisura en el intestino, lesión compatible con un tipo de tuberculosis abdominal, una enfermedad muy común en los miembros de la comunidad originaria. 

“La salud indígena es muy distinta a la tradicional, los pueblos originarios hoy en día no tienen participación en los hospitales. Así es como los informes médicos y forenses terminan interpretando enfermedades que no tenemos o que no fueron las verdaderas causas de las muertes de nuestras hermanas”, afirma Bashe. 

Con ese informe forense, la Fiscalía dejó en libertad al único detenido en el marco de la investigación por la muerte de Eva. Pero su familia no cree en ese informe y van a solicitar que se realice otra autopsia. 

El acceso a la Justicia, la salud y la educación de las mujeres originarias es una deuda de la democracia en la provincia del Chaco. Las muertes de las niñas, adolescentes y adultas de los pueblos originarios engrosan una larga lista en la que muchas veces ni siquiera constan las causas reales. A esa lista hoy se suma Eva, una adolescente que sufrió abuso sexual, agresiones que según estima la familia pudieron extenderse durante un año, persecusiones de su agresor y finalmente murió por causas que todavía no están claras. Su familia no cree en el informe de la autopsia, y están convencidos de que Eva fue víctima de abusos que le provocaron daños que la llevaron a la muerte.

Ilustración: Amparo Guindon

Esta nota forma parte de una investigación colaborativa y federal «Los derechos no se aislan», que busca visibilizar el mapa de la vulneración de derechos de mujeres, adolescentes y personas LGTTBIQ+ en Argentina en el contexto de pandemia por la COVID-19. Cada protagonista de estos relatos atravesó un sufrimiento innecesario y hacerlo visible es aportar al camino para que los derechos contemplados en las leyes –y los que faltan legislar– se garanticen. Las 24 historias se pueden leer en https://losderechosnoseaislan.com/

Si tus derechos sexuales y reproductivos fueron vulnerados comunicate a la Línea Nacional de Salud Sexual 0800-222-3444