El proyecto de ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como Plan de los 1.000 días, ingresaron a la Cámara de Diputados, inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández de su envío al Congreso.

El presidente Alberto Fernández afirmó en un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, que «es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo». Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.

«He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida», explicó el presidente durante el anuncio.

Así, a partir de ahora la Cámara de Diputados se prepara para debatir la legalización del aborto, un proyecto que desembarca por novena vez en el Congreso Nacional, esta vez impulsada por el Gobierno y luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.

El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).

La iniciativa del Poder Ejecutivo llegó pasadas las 18 al Congreso junto a otra propuesta, el Plan de los 1000 días, que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.

La decisión ya había sido anticipada la semana pasada por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, cuando confirmó que el Poder Ejecutivo giraría los proyectos este mes para que fueran tratados en sesiones extraordinarias.

A partir de esa confirmación, las diputadas que se identifican como verdes -el color que utiliza la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito- y como celestes, las ligadas a las organizaciones autodenominadas «pro vida», ya hicieron las primeras proyecciones sobre cómo sería la votación en la cámara baja.

La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador, aunque está claro que el Frente de Todos tiene mayor cantidad de diputados verdes y Juntos por el Cambio, de celestes.

La intención del oficialismo es, por un lado, «seguir ajustando los números» y, por otro, evitar las confrontaciones que se produjeron en 2018, cuando los legisladores sufrieron escraches por la posición que asumieron con respecto a la iniciativa.

Esta vez, el proyecto será analizado -a diferencia del 2018- en las comisiones de Mujeres y Diversidad, creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate; la de Legislación Penal y la de Salud, todas presididas por legisladores del oficialismo que respaldan el texto: Mónica Macha, Carolina Gaillard y Pablo Yedlin, respectivamente.

Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como ‘verdes’ ya se preparan para el debate y confirmaron que hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.

Esos mismos números manejan los legisladores ‘celestes’ y, por eso, resulta central, convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al FdT.

Las características especiales del contexto de la pandemia y la realización de sesiones mixtas, es decir con legisladores presentes y otros conectados virtualmente, tiene un especial condimento en esta oportunidad, ya que la conectividad podría complicar la sesión.

Por ello, los denominados ‘verdes’ necesitan garantizarse el respaldo de algunos indecisos más para no tener dificultades a la hora de la votación del texto.

Si bien las iniciativas más conocidas que buscaron ingresar al recinto antes del debate de 2018 fueron impulsadas por la Campaña Nacional, el primer anteproyecto sobre aborto y anticoncepción introducido al Congreso fue presentado por la Comisión por el Derecho al Aborto en 1992. Fue redactado por integrantes de la organización y presentado por la diputada radical Florentina Gómez Miranda, histórica defensora de los derechos de la mujer. Ese día se realizó un acto frente a la confitería El Molino con la participación del también ya fallecido diputado Alfredo Bravo y las legisladoras María José Lubertino y Gabriela Gonzalez Gass.

Sin embargo, el primer proyecto de ley para la despenalización y la legalización ingresó al Parlamento en 2007 y se reiteró en 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019, cada vez con un número mayor de diputados y diputadas firmantes.

Pese a ello, hasta ahora, la presentación de propuestas en el Congreso no garantizó que esas iniciativas lograran ser discutidas en comisión o en los recintos de las cámaras, por lo que esos intentos perdieron estado parlamentario y naufragaron.

En el proceso, el texto fue actualizado y revisado en numerosos foros organizados por la Campaña, a la luz de los avances que se fueron sucediendo, como la Guía Técnica para Abortos no Punibles, el fallo FAL, la reforma del Código Civil y la Ley de Identidad de Género.

Un Estado presente que acompañe a las mujeres en su decisión

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un compromiso político por parte del gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud. 

“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, explícito la ministra.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año. “El aborto clandestino es un problema de salud pública”, señaló.

Los abortos clandestinos empujan sobre todo a las mujeres de menores recursos a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras. “Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura. Desde el retorno de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos”, explicó. 

“Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad. Hacerlo es una cuestión de salud pública pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros que afectan principalmente a los sectores populares”, señaló la ministra. 

Y agregó: “Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud”.

La ministra también señaló que las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse. “Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”, aseguró.

Según explicó Gómez Alcorta, la legalización también tiene un efecto directo en el uso eficiente de los recursos públicos ya que permitiría disminuir los gastos derivados de las internaciones generadas por abortos inseguros y los tratamientos por las complicaciones derivadas de ellos. 

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado al Congreso, Gómez Alcorta señaló que “es imprescindible implementar políticas públicas que permitan acompañar a las mujeres que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, elijan continuar con su embarazo. Este proyecto busca garantizar la protección y el cuidado integral de la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia”.

“Es importante comprender que se trata de una obligación del Estado que debe garantizar la igualdad de oportunidades y derechos a todas las mujeres. Y nadie estará obligado a hacer algo que no quiere. La responsabilidad del Estado es evitar que las mujeres que deciden abortar mueran por hacerlo en condiciones inseguras. Y que las mujeres que tengan dificultades económicas puedan llevar adelante sus embarazos, para lo que debemos poner en marcha políticas públicas que garanticen condiciones de salud integral durante esa etapa y en los primeros 3 años de vida de sus hijos/as.”  

En el mundo, mueren 23.000 mujeres al año como consecuencia de abortos inseguros. En Argentina, los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna y se calcula que se hacen entre 350.000 y 522.000 por año. Por esos abortos, se hospitalizan cerca de 40.000 mujeres. Todas las muertes por aborto son evitables.

¿Por qué legalizar el aborto?

•  Porque las restricciones legales no se traducen en menor cantidad de abortos.
• Cada año se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo. Casi todos los abortos inseguros (98%) se producen en países en vías de desarrollo (OMS, 2012).
• En Argentina, se estima que se hacen por año entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros por año.
• Según la OMS (2012), casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley.
• El aborto legal en los países desarrollados es uno de los procedimientos más seguros en la actual práctica médica, con mínima morbilidad y con tasas de letalidad de menos de una muerte por 100.000 procedimientos realizados (Grimes, 2006).

Los abortos clandestinos producen muertes que son evitables

•  Cada año, en el mundo, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro.
• Se calcula que 5 millones de mujeres que han abortado de forma insegura padecen discapacidades temporales o permanentes, incluso infertilidad.
• La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna en la Argentina desde 1980 (REDAAS, 2018). Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, en el trienio 2016-2018 se produjeron 704 muertes maternas. De éstas, 108 fueron por complicaciones de aborto (15,3%). Mueren por abortos inseguros aproximadamente 47 mujeres por año (REDAAS, 2018).

La despenalización no aumenta la cantidad de abortos

• Según la OMS (2012), las leyes y políticas que facilitan el acceso al aborto sin riesgos no aumentan el índice o el número de abortos.
• La prevalencia de los abortos inseguros es alta en los 82 países con las normas más restrictivas. En los 52 países que permiten el aborto, la tasa de abortos inseguros es de 2 de cada 1000 mujeres en edad reproductiva (Grimes, 2006).
• En Uruguay, la mortalidad materna disminuyó significativamente desde la legalización del aborto: de 37% a 8% (REDAAS, 2018). En Rumania y Guyana también se redujo la tasa de mortalidad.
• En la Ciudad de México, que desde 2007 legalizó el aborto, desde el 2013 en adelante la tasa de abortos comenzó a descender –por lo tanto es falso que la legalización aumenta la práctica–. El Programa de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México ha atendido, desde su creación 191.356 mujeres sin reportar complicaciones.
• En España, tras la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y su entrada en vigor en 2011, las tasas de IVE por cada 1000 mujeres no mostraron aumentos.

El aborto legal implica menores costos económicos que el aborto clandestino

• Garantizar el acceso a servicios de aborto legal reduce los costos para el sistema de salud. El tratamiento de las complicaciones por abortos inseguros sumado a los costos indirectos asociados su morbilidad y mortalidad genera más gastos que su acceso legal.
• Los costos de incorporar la atención para un aborto sin riesgos son bajos respecto de los que acarrean las complicaciones por abortos inseguros.
• En algunos países, hasta el 50% de los presupuestos de las áreas de obstetricia y ginecología se dedican al tratamiento de las complicaciones de abortos inseguros.
• Los abortos hasta la semana 14 en condiciones de legalidad son seguros y bajos en costos. Se hace por medios químicos.
• En Argentina, un estudio publicado por la Universidad de Lanús en el año 2018 que compara los costos monetarios totales en 2018 (privados o de bolsillo y para el sistema de salud) entre abortos legales y abortos clandestinos, arroja que podría ahorrarse una gran cantidad de recursos si se implementaran los protocolos recomendados. Mientras que los abortos inseguros implicaron un total de AR$ 21.282.000 en gastos, las prácticas seguras arrojaron menos de AR$ 4.000.000 en todos los procedimientos (medicamentos, aspiración manual endouterina o combinaciones entre ambos).

Fuente: TELAM, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad