La menstruación es un hecho natural que le sucede a la mitad de la población y sin embargo, es un tema tabú. Desde el plano de la salud hasta el impacto ambiental, la gestión menstrual está empezando a ocupar agenda parlamentaria; más que un “asunto de mujeres”, una política pública que hay que atender.

Lo cierto es que, al momento, sigue siendo “nuestro problema”, tengas la economía que tengas y cuentes o no con los servicios sanitarios adecuados, porque menstruar o no menstruar no es una opción. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido productos y consumidoras de la economía capitalista. En el hecho fisiológico más básico, el mercado ha sabido ver el negocio. Altos costos de toallitas higiénicas y tampones, analgésicos genéricos cuyo color rosa aumenta considerablemente su valor, son algunos ejemplos.

Pero nada dicen acerca de las consecuencias de la exposición química a largo plazo por vía vaginal derivada del uso prolongado de ciertos materiales, ni del impacto ambiental que se genera por el desmonte de selva nativa para el cultivo de pinos de los que se extrae la materia prima de los productos tradicionales, que también es una cuestión a atender. Por otra parte, hay que hablar de las condiciones básicas de salubridad que necesita toda persona menstruante, como el acceso a agua limpia e instalaciones sanitarias adecuadas.

Algunos números para entender la economía de la menstruación

Según un informe publicado en Economía Femini(s)ta, en Argentina la brecha salarial promedio es del 27,7%, pero más del 38% de las asalariadas están en situación de informalidad, donde esa diferencia asciende al 37%. A su vez, la mitad de las mujeres en nuestro país gana menos de $17.900 mensualmente y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2020 mediante la compra de toallitas y tampones es de entre 2.900 y 3.800 pesos argentinos anuales.

Se trata de un gasto del que no se puede evadir y que impacta directamente sobre nuestros ingresos que de por sí son menores. La campaña denominada #MenstruAcción propone en primer lugar la quita del IVA de los productos de uso menstrual, ya que son de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para las personas que menstrúan. En segundo término, su distribución gratuita en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios en los que la mayoría de las personas pobres son mujeres (7 de cada 10 en la Argentina), y no pueden adquirir los medios llevar adelante este momento del ciclo femenino, lo que representa un factor de ausentismo escolar y laboral.

Un proyecto de “Ley integral de menstruación sostenible”, presentado en el Congreso Nacional por los diputados del Frente de Todos Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, e impulsado por la asesora de la Jefatura de Gabinete, Carmela Moreau, propone que se garantice la entrega gratuita por parte del sistema de salud, tanto público como privado, de los elementos necesarios, con el objetivo de asegurar “un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud” de toda la población.

El proyecto de Ley abarca dos pilares: la gestión menstrual y la salud menstrual integral. “Cuando los ingresos no alcanzan o hay falta de información, muchas mujeres terminan utilizando elementos que pueden generar infecciones o problemas de salud”, señaló Moreau y aclaró que “los productos sustentables y ecológicos son además más económicos”, en referencia a la copa menstrual de silicona, que dura alrededor de cinco años.

El texto establece la entrega gratuita y obligatoria, para quien lo requiera, de “toallas higiénicas reutilizables, copas menstruales, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente y todo aquel producto biodegradable o reutilizable, destinado a la contención durante la menstruación”. También incluye medicamentos -analgésicos, por ejemplo- que se requieran para atravesar el período sin padecimientos ni dolor.

“Siempre hubo un tabú hacia este tema en los contextos familiares y sociales», relató Moreau, que sumó al proyecto un último artículo para incorporar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) “contenidos referidos a la menstruación y el cuidado de salud menstrual desde una perspectiva integral y de género”, así como información sobre el uso de productos sostenibles.

El proyecto en nuestra provincia

Pensado por la diputada Gladis Cristaldo y acompañado por su par Tere Cubells, se presentó en junio de este año el proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Promoción de la Salud Menstrual. Entre sus objetivos primordiales están los de asegurar y promover la salud menstrual garantizando a las personas menstruantes el acceso a elementos para la gestión de higiene menstrual y categorizando a los mismos como “insumos básicos y necesarios”. Así también, promover la entrega de información, basada en evidencia científica veraz, detallada, eficaz y suficiente, respecto a la variedad, características y modo de utilización de estos productos.

Para hacer efectivos estos derechos, el Estado provincial deberá garantizar el acceso en forma gratuita los productos necesarios destinados a la gestión menstrual, la información pertinente y el acceso a instalaciones sanitarias acordes. Según este proyecto, son elementos de gestión de higiene menstrual las toallas higiénicas descartables y reutilizables, los tampones, las esponjas marinas menstruales, los paños absorbentes lavables, la ropa interior absorbente, las copas menstruales y todo otro producto de contención que sea considerado apto para su utilización durante la menstruación.

Asimismo, el proyecto incluye el factor ambiental cuando expresa que la autoridad de aplicación deberá realizar “los correspondientes estudios de impacto ambiental relacionados a la producción y desechos de los productos destinados a la gestión menstrual, y fomentar el uso de aquellos que resulten menos perjudiciales para el ambiente”. Para la adquisición de estos elementos, el Estado provincial deberá dar prioridad a las empresas o emprendimientos de la economía social que elaboren estos productos.

Menstruar cuidando el medio ambiente

Según informa Página/12, actualmente se estima que son alrededor de 3.380 millones las unidades de toallitas y tampones que se consumen en la Argentina, para las cuales se utiliza una materia prima a base de celulosa, que proviene de plantaciones forestales. Pero además del daño que suponen hacia el medio ambiente, también pueden representar un peligro para la salud de quien las utiliza: según un informe del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (EMISA), de la Universidad Nacional de La Plata, en ambos productos se detectaron concentraciones de glifosato, un químico del cual se ha comprobado su toxicidad, y de su derivado conocido como AMPA.

“Si el estado reemplaza masivamente estos productos tóxicos por otros amigables está haciendo un favor a la comunidad, apostando por un bienestar a futuro”, sostuvo Moreau y remarcó que “es un cambio contundente sobre el impacto ambiental”. Una de las consecuencias del mal uso del tampón es el Síndrome de Shock Tóxico (SST), causado por una bacteria para la cual la menstruación puede servir como medio de crecimiento. 

El proyecto nacional, que no incluye a los tampones ni a las toallitas descartables dentro de la lista de elementos de entrega gratuita, establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en coordinación con el de Salud, deberá realizar “evaluaciones técnicas” para garantizar que los materiales utilizados en la producción de los elementos de gestión menstrual “cumplan estándares de protección ambiental”. “Por ahora el foco está puesto en garantizar que todas las personas que menstrúan puedan acceder al mismo tipo de cuidados. Es una cuestión de justicia social y de equidad”, aclaró la funcionaria.