Durante la pandemia actual, que enferma y mata personas en todo el planeta, han surgido reflexiones sobre los sistemas de producción y cuánto inciden en la generación de zoonosis como estas.

En la última semana de octubre, un grupo de investigadores afirmó que habrá más pandemias y aún más agresivas que la actual si no se revierten conductas humanas que provocan el cambio climático y destruyen la biodiversidad.

El informe fue presentado por un grupo de investigadores integrantes del Consejo Mundial de la Biodiversidad (IPBES, por su sigla en inglés) cuya sede está en Bonn, Alemania.

Según consignan en la publicación, la expansión e intensificación de la agricultura, los tipos de producción, comercio y consumos no sostenibles están llevando a un mayor contacto entre animales salvajes, animales de granja, patógenos y humanos. “Este es el camino hacia la pandemia”, advirtió el zoólogo Peter Daszak.

Pero no sólo los extranjeros alertan sobre los desequilibrios, también los vernáculos vienen denunciando los desmontes, los incendios y las granjas porcinas.

Desmontes en el Chaco

A partir de 2009, Argentina tiene una ley que regula y controla el uso de los bosques nativos y determina que las provincias deben establecer un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Es decir, se debe establecer qué uso se le va a dar al suelo o al bosque nativo y cada cinco años se debe lo revisar.

Con la ley aprobada, el desmonte fue disminuyendo hasta el año 2015, momento en el cual comenzó un incremento preocupante de explotación.

Durante la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en el mes de septiembre de este año, el director nacional Martín Mónaco presentó un informe sobre deforestación en Argentina en el cual señalan, entre otras cosas, que la provincia del Chaco está entre las provincias que más ha deforestado en beneficio de la producción agrícola.

“La pérdida de bosque nativo en el periodo 2007-2018 se localizó principalmente en la región del Parque Chaqueño (87 %), fundamentalmente en las provincias de Chaco (14 %), Formosa (13 %), Salta (21 %) y Santiago del Estero (28 %) . Se trata de la región que más afectada se ha visto por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola (especialmente de oleaginosas y cereales) y ganadera. En el contexto de Sudamérica, la expansión de la frontera agropecuaria en dicha región, la convierte en el segundo foco de deforestación después del Amazonas”. 

Y también se refiere al otorgamiento de permisos, sin contemplar otros aspectos además del de la producción agrícola.“En algunas provincias se autorizaron recategorizaciones prediales de categorías I y II de los OTBN a categoría III, lo cual habilitaba a los desmontes. En el caso de las provincias de Salta y Chaco, donde este proceso se manifestó con mayor relevancia, esto implicó que 88.990 ha asignadas a categoría I y 33.675 ha de categoría II pasarán a categoría III (verde). 

El informe alerta que las autorizaciones en Chaco fueron cuestionadas por el Ministerio de Ambiente y por actores de la sociedad civil por ser incompatibles con la Ley N° 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”

“Estas autorizaciones se realizaron a través de normativas provinciales que fueron cuestionadas tanto desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como desde distintos actores de la sociedad civil, ya que se consideraron incompatibles con la Ley N° 26.331”. 

“Estas autorizaciones se realizaron a través de normativas provinciales que fueron cuestionadas tanto desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como desde distintos actores de la sociedad civil, ya que se consideraron incompatibles con la Ley N° 26.331”. 

Otros datos del informe de la Dirección Nacional de Bosques

-El 13 % de la población del país vive dentro de los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN).

-El 61,5 % de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se encuentran en los departamentos con bosques nativos. 

-Dentro de los bosques nativos del OTBN, se encuentra el 69,8% de los parajes del país 

– las comunidades indígenas que habitan los bosques nativos son 1.218 lo que representa el 65,6 % del total relevado

-“la reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos (especialmente de soja) creó nuevas condiciones que incentivaron el desmonte para ampliar la frontera de esos cultivos en detrimento de la superficie de bosque nativo, especialmente en la región chaqueña. La deforestacion provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogenización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales. Desde 2016 a 2018 la tasa de deforestación volvió a aumentar. Para poder permitir o no el desmonte, clasificación dividida en los colores verde, amarillo y rojo, no sólo se debe contemplar las posibilidades de la explotación agropecuaria o forestal. 

La ley establece 10 criterios, siete se refieren a aspectos ecológicos, uno considera el valor atribuido al bosque por las co munidades indígenas y campesinas existentes y dos están referidos al potencial productivo de las tierras cubiertas por bosques.  

En el informe de Nación se menciona que hay “una ponderación del potencial agrícola por sobre los criterios restantes”. 

El Estado, a la justicia

La Asociación Civil Conciencia Solidaria, integrante del colectivo Somos Monte de Chaco, está reclamando al Estado que cumpla la ley a través de un proceso judicial. Desde el decreto reglamentario en el 2009, la provincia no realizó el proceso legal para establecer nuevos OTBN. A pesar de ello otorgó permisos de explotación y cambio de uso del suelo.

Uno de los ejemplos registrados por la organización es el caso de la empresa H. Primo con domicilio en Laguna Larga, que comenzó el desmonte en el 2015 sin tener ningún permiso. Luego solicitó permiso para criar ganado pero sin desmontar; es decir, para desarrollar una actividad silvopastoril a pesar de estar inscripto como productor de soja, maíz y trigo. Sin embargo, aunque la ley exige presentar numerosos requisitos que acrediten la condición de ganadero y de una producción sustentable, la Dirección de Bosques aprobó los permisos. 

La denuncia expone que en cinco años limpiaron 2000 hectáreas de bosque nativo. En el mes de septiembre del 2020 se quemó lo que quedaba del predio.

El 16 de octubre del año en curso, las juezas Natalia Prato y Silvia Geraldine Varas, de la Cámara Contencioso Administrativa, otorgaron el amparo que solicitó Conciencia Solidaria y ordenaron la  suspensión tales permisos, 53 en total, y establecieron un plazo de cinco días para que el Estado provincial informe sobre los mismos.

Somos Monte planteó que “Llegar al extremo del cese de actividades es el resultado del accionar torpe, irresponsable e inconsciente de las autoridades de la oficina de Bosques durante estos últimos años. Las complicaciones que surgirán por el paro temporal de los permisos, se hubieran evitado si las autoridades provinciales hubieran tomado en serio los avisos que con extremada paciencia y en distintos ámbitos le hemos acercado.”

Pero no hubo presentación de informes porque la Fiscalía de Estado presentó una anti cautelar en el Juzgado N° 6 para parar la suspensión .El 19 de octubre, con una velocidad inusual, el juez Jorge Mladen Sinkovich, les concedió la medida que muchos calificaron de inédita e insólita.

La diputada Teresa Cubells, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, que viene impulsando el tratamiento del OTBN en el recinto, publicó en su cuenta de Instagram que no pudieron avanzar en los consensos legislativos que hubieran evitado los conflictos judiciales. Para la legisladora del Frente Grande “el tema requiere de celeridad porque hay sectores que se están enriqueciendo a costa de consumirse el futuro de la humanidad”

“El pasado viernes 30 de octubre se realizó una reunión de puesta en marcha del Consejo Provincial del Ambiente, regulado por Ley 783-R –antes Ley 3964- de impecables 27 años sin cumplirse cabalmente.” publicó el Frente Grande en su web. Somos Monte fue invitada pero con el reclamo de que el Estado transparente la información que afecte el ambiente.

Dardo Diddi de Somos Monte cuestionó también el permiso de deforestación que se está llevando adelante en un predio de Miraflores, ubicado en la zona amarilla, según el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Se trata de un predio que se encuentra dentro de en un corredor biológico y linda con la reserva indígena Techat.

“Lo que está sucediendo es grave e ilegal. El punto fundamental es que este permiso se dio en un área que en partes tiene bosques intactos según el OTBN, y estos no pueden ser removidas con un permisos de este tipo.”

“Si bien los permisos para limpieza de áreas quemadas y/o invasoras siempre existieron, a partir del 2010 con la implementación de la Ley de Bosque, empezaron a ser utilizados para desmontar ilegalmente en la zona amarilla y, en menor medida en la verde. En este caso del predio en la localidad de Miraflores,  alegan que esa es un área que se quemó en 1997, pero la Ley de Bosque se basa sobre un inventario del 2005, por lo que es ilógico e ilegal basarse en hechos anteriores. Además es exactamente por casos como este que se debe actualizar el ordenamientos territorial cada cinco años”, aseguró el ambientalista.

“Más de 24.000 ha fueron desmontadas con estos permisos desde el 2010 y es por esto que el informe de Red Agroforestal Argentina (REDAF) del 2018, los considera una artimaña legal para desmontar donde la ley no lo permite”, sentenció el referente de Somos Monte.

Fuentes: El Diario de la Región/ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible/ Propias