Como resultado del proceso de democratización, la seguridad pasó a ser considerada una política pública como la educación o la salud. El paradigma, que para la dictadura militar fue de orden público, se desplazó hacia el concepto de seguridad ciudadana y democrática, considerada como un derecho fundamental de las personas.

Esta concepción de seguridad que plantea el deber indelegable del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y que debe crear las condiciones adecuadas para la convivencia pacífica, también prescribe la conducción política democrática de las fuerzas de seguridad.

Este modelo de seguridad democrática ha sido incorporado sólo discursivamente a las políticas públicas de la provincia y la policialización (Sain, 2008) es evidente. Los sucesivos gobiernos, con excepción del breve período en el cual Daniel Chorvat se desempeñó como ministro de Seguridad, han entregado a la institución policial la conducción de la seguridad ciudadana, su conocimiento y competencia.

Esta forma de gestionar la seguridad da origen a la peligrosa criminología, que rechaza el estudio científico del fenómeno criminal y solo reproduce estigmas y el ciclo de violencia e inseguridad, legitimando políticas punitivas.

La mencionada policialización de la seguridad es la razón del empoderamiento de la institución policial, que adquiere mayor discrecionalidad, mayor operatividad, mayores recursos, mayor incidencia en su diseño y su desarrollo institucional, así como en las estrategias de control del delito, etc. Los conflictos se gestionan desde una perspectiva predominantemente bélica y centralizada, orientada sólo por los intereses de la institución (Ávila, 2013).

La última reacción de la cúpula policial es una muestra de las mismas políticas policiales de siempre que reproducen un modelo tradicional de policía punitiva ligada al corporativismo y autonomía.

Son escasas las investigaciones realizadas en nuestro país sobre la institución policial y con excepción de los estudios efectuados sobre las fuerzas federales o las policías de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, la policía no es un objeto de estudio explorado en las Ciencias Sociales.

A nivel local no existen investigaciones sobre nuestra policía y sus problemáticas, se ignoran sus prácticas, modalidades de actuación, organización, cultura y estructura de formación. Los procesos de selección, socialización y formación institucional siguen estando en manos de la propia policía.

Como toda institución total, la policía es una agrupación social de clausura, autogobernada y autoproducida. La policía es siempre policía del poder y la construcción de su identidad no puede –hoy- sino ser democrática. Mientras tanto, la institución continúa creando sus propias imágenes acerca del delito y de los delincuentes, estereotipa y estigmatiza.

Nuestro paradigma de seguridad sigue centrado casi exclusivamente en la legislación penal y el sistema penal, con un innegable protagonismo del actor policial. Vivimos atacando consecuencias, criminalizando las consecuencias sociales de fenómenos cuyas causas reales nunca son atacadas” (Zaffaroni y Croxatto, 2019, p. 7).

Para encarar una seguridad democrática se deben comprender a las violencias y al delito como fenómenos multicausales y dinámicos, se requieren estrategias integrales que involucren diferentes actores que permitan abordar dicha complejidad.  Es necesario al fin, elaborar estrategias multisectoriales con participación de la ciudadanía porque no se trata de imponer un orden, sino de gestionar los conflictos y prevenir que se vuelvan violentos.