Las políticas públicas en tiempos de emergencia caminan sobre hilos muy delgados; aún con las mejores intenciones de preservar la vida de las personas, se puede estar vulnerando derechos de esa misma gente. Recientemente el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, advirtió sobre la necesidad de garantizar la salud de la población y no vulnerar otros derechos en el proceso. «Una situación de emergencia es siempre ocasión para toda clase de racionalizaciones de múltiples violaciones de derechos humanos. Es necesario equilibrar lo que hace al derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la preservación del trabajo, a la igualdad y a la intimidad de las personas, teniendo cuidado de que no se aproveche ese difícil equilibrio para filtrar pretextos para legitimar intereses sectoriales y mezquinos. No podemos ignorar que todo totalitarismo tuvo como celestina discursiva a la necesidad y, ante todo, la necesidad de ‘protegernos’, es decir, el paternalismo. En función de eso y para acabar en genocidios, convirtieron a todo el derecho penal en administrativo, o sea, en derecho de policía», sentenció en una entrevista publicada por el diario Página/12.

Protección de datos y democracia

Ante los anuncios gubernamentales en la provincia de usar información otorgadas por las empresas de telefonía, en el afán de frenar la circulación de personas en la vía pública y dar cumplimiento al aislamiento social para prevenir el contagio, la Asociación Pensamiento Penal (APP) Chaco analiza y sugiere políticas públicas que no avancen sobre los derechos de las personas, sino que los contemplen.  «Desde APP Chaco pensamos que las tecnologías que hoy se utilizan y proyectan expandirse para combatir la pandemia, deberían enfocarse para ampliar y garantizar derechos, nunca para restringirlos o violentarnos. Así, ante las medidas prontas a implementarse por parte del gobierno provincial con fines de obtener la información precisa de los teléfonos para identificar la movilidad de los usuarios, creemos necesario que esas acciones de vigilancia sean diseñadas dentro de la legalidad para poder conocer cuál es su contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y qué mecanismos de control involucran. Entendemos que el fin es proteger a la comunidad de la expansión del contagió de la Covid-19, garantizando el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Solo que también creemos firmemente que éstos métodos no deben ser utilizados sin el control democrático necesario; esto es: no invadir la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas al solo fin de descargar selectividad punitiva sobre ellos. No nos es ajeno el conocimiento de que estas nuevas herramientas digitales vinieron para quedarse y oponerse al avance de las mismas es irrazonable, pero quizás estemos en un momento histórico para aprovecharlas al máximo en aras de garantizar derechos, entre ellos, posibilitar que las personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad – en condiciones insostenibles – puedan acceder a un arresto domiciliario o al cese de prisión y así descomprimir la superpoblación carcelaria, ya que las pulseras electrónicas son mucho más costosas y el faltante de las mismas suele ser la excusa por excelencia para no otorgar aquellos derechos. Asimismo, éstos nuevos métodos de vigilancia podrían utilizarse para garantizarle protección a las víctimas de violencias de género, convirtiendo el celular de la víctima en un botón antipánico, para simultáneamente usar la información del teléfono del agresor contra el que rige una medida de prohibición de acercamiento, a los fines de obtener su ubicación en tiempo real. Las personas de la comunidad tenemos derecho a que se nos garantice que estos métodos no serán utilizados para violentar nuestras garantías y derechos constitucionales y sí para abordar más eficazmente los problemas que nos aquejan». 

Así se expresa APP Chaco, la organización no gubernamental, diversa, horizontal y federal que tiene presencia en toda Latinoamérica. Reflexiona y se expresa permanentemente sobre diferentes situaciones sociales. Son profesionales de distintas disciplinas a quienes los «une el interés y la vocación por la justicia y la libertad, la construcción de comunidades integradas y solidarias. También el respeto de la dignidad humana y la promoción de los derechos humanos, y la aspiración de una administración de justicia que se adecue al programa constitucional y el estado de derecho».