Privadas de su libertad, no de los demás derechos

«Si la mujer está acusada de un supuesto delito que sea juzgada de forma rápida y con perspectiva de género y si ya está cumpliendo su condena que tenga acceso a todos los derechos que por ley le corresponden». Así versa el comunicado emitido por la organización «Bandada- feminismo entre rejas», a propósito de la convocatoria del gobierno para el Plan Igualdad 2020, en torno a articular políticas de género y derechos humanos en el sistema penal.

Que el estado garantice el cumplimiento de los derechos de las mujeres acusadas de cometer delitos y las presas bajo condena, sus necesidades mínimas de alimentación, higiene y salud; que se revise el impacto que ha tenido la ley de narcomenudeo en las mujeres y que los procedimientos policiales y judiciales sean con perspectiva de género, son algunos de los ejes sobre los que se enfoca el documento. A continuación, el texto completo.

Por un sistema penal y carcelario con perspectiva de género

A raíz de la convocatoria del gobierno a las organizaciones que trabajan la temática de género a presentar propuestas para el Plan Igualdad 2020, nosotras desde Bandada feminismo entre rejas consideramos muy necesario exponer la situación que padecen las mujeres en contexto de encierro, esa realidad que no es igual a la que viven los varones y que debe ser tratada de una forma especial por el Estado y sus instituciones empezando por la policía, pasando por los equipos fiscales, luego el dictamen de una sentencia con perspectiva de género y finalizando con un cumplimiento de condena acorde a las necesidades de las mujeres. Sobre todo, de éstas mujeres que en su mayoría están detenidas por el delito de narcomenudeo, que han vivido situaciones de vulnerabilidad toda su vida y que el Estado solo las alcanza a través del sistema penal.

A través de nuestro trabajo en el territorio, más precisamente en el Centro de Detención Femenina de Villa Los Lirios, pudimos ver qué las mujeres no cuentan ni siquiera con las necesidades básicas como son comida, agua, elementos de higiene. Si el Estado pretende una real resocialización de mujeres que han cometido delitos deberían poder garantizar sus necesidades mínimas.

Desde Bandada no planteamos un abolicionismo de las cárceles, pero si planteamos la obligación que tiene el Estado dentro de todos sus poderes en conjunto de cumplir con los derechos mínimos que establecen las leyes en materia de privación de libertad, si la mujer está acusada de un supuesto delito que sea juzgada de forma rápida y con perspectiva de género y si ya está cumpliendo su condena que tenga acceso a todos los derechos que por ley le corresponden.

Es por eso que nuestras propuestas son:

Que el Estado garantice la satisfacción o cobertura de las necesidades mínimas de las mujeres privadas de su libertad. (Agua, comida, elementos de higiene y limpieza)
Que se realice un estudio y evaluación del impacto que ha tenido la ley que desfederaliza el narcomenudeo especialmente sobre las mujeres pobres.
Que cumpla con los establecido en la ley 24.660 sobre ejecución de pena y en las Reglas Mínimas de Bangkok para el tratamiento de mujeres privadas de su libertad, establecidas por la ONU.
Que se plantee una articulación entre todos los ministerios para que las mujeres puedan acceder a Salud, Educación, Trabajo, Cultura, con una intervención comunitaria de los equipos de los ministerios.
Que el Centro de Liberados que tiene que ocuparse sobre todo de las mujeres con prisión domiciliaria (actualmente existen 89 prisiones domiciliarias, 43 son de mujeres) y las que están por recuperar su libertad o ya están libres luego de cumplir su condena, cuente con un equipo interdisciplinario con enfoque en género.
Que la formación policial y penitenciaria sea realizada con perspectiva en derechos humanos y géneros, para evitar allanamientos violentos dónde vulneran inclusive a les niñes de las mujeres, evitar también las requisas invasivas, y sobre todo cambiar la forma del trato que tienen hacía las mujeres privadas de su libertad que sigue las lógicas del poder y de jerarquías.
Que el Ministerio de Seguridad establezca un área con enfoque en Derechos Humanos y Géneros, para que también la policía tenga un lugar al cual acudir ante las violaciones a sus derechos, teniendo en cuenta que las mujeres policías y penitenciarias sufren las desigualdades en relación a su género.