En el marco de la convocatoria para el diseño del Plan de Igualdad de Géneros, impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos, la Coalición por una Comunicación Democrática -Capítulo Chaco-, presentó un documento en el que se manifiesta sobre la redistribución de los medios de comunicación de nuestra provincia, entendiendo al Estado como garante de la comunicación, derecho fundamental en el ejercicio de la ciudadanía y en la lucha contra las violencias.

En el texto sostienen que la puja distributiva no es solo económica sino también simbólica y consideran que los medios de comunicación construyen la realidad y no sólo la reflejan. La paridad de género, el periodismo con perspectiva de derechos humanos, el tratamiento no sexista de los contenidos son sólo algunos de los puntos que resaltaron en el mismo.

A continuación, los detalles del documento presentado.

Identidades diversas y medios

Hasta 2014, las mujeres ocupaban el 15,4% entre accionistas en Argentina y 21% en los puestos directivos, sin la chance de tomar decisiones en las líneas editoriales y de noticiabilidad. Seguramente la consecuencia de tal desigualdad se traduce en estadísticas como las del 2013. En noticieros, las mujeres e identidades diversas aparecen como sujetos de violencias. Casi nunca como sujetos políticos. De 13.029 noticias relevadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, el 18,7% fue del género policiales como tópico prevalente, mientras que educación ocupó el 0,3%, niñez y adolescencia el 0,9%, derechos humanos el 0,4% y género el 0,3%. Sólo 37 noticias de esas 13.029 tematizaron el tópico género como principal, durante todo el 2013.

A partir de la sanción de normas como la ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, y la ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, se empieza a definir el rol que el Estado tiene como garante en el derecho a la comunicación, especialmente, de mujeres y colectivos diversos, hasta entonces discriminados. Se trata del establecimiento de políticas públicas en comunicación con perspectiva de género.

Es preciso trazar líneas de articulación con el Ministerio de Educación, en todos los niveles educativos, para la inclusión de la formación en perspectiva de género; particularmente en carreras de comunicación y periodismo y organismos abocados a la tarea de supervisar la erradicación de lenguajes y contenidos sexistas.

Es necesario capacitar a quienes trabajan en medios de comunicación sobre violencia mediática, protocolos de abordaje de abusos en la infancia, suicidios, salud mental, diversidad sexual.

Resaltamos que, si bien todos los medios deben comprometerse en esta tarea inclusiva, son los medios públicos y la comunicación institucional de los poderes del Estado -y sus hacedores y hacedoras- quienes deberán asumir mayor responsabilidad en la tarea pedagógica y de construcción.

También, es importante contar con Defensorías de las Audiencias o del Público con la capacidad de escucha atenta de los diferentes actores de la comunicación, pudiendo vincular a la sociedad civil con los diferentes organismos de los Estados nacionales, provinciales, municipales, locales y aún internacionales y con la posibilidad de realizar investigaciones como el monitoreo de contenidos mencionado para diagnosticar y planificar políticas públicas que logren transformaciones sustanciales. Reconocemos que, al derecho humano a la comunicación, le corresponde un Estado responsable que lo salvaguarde. El respeto al derecho a la comunicación y su acceso igualitario, no puede quedar librado a la buena voluntad de los licenciatarios.

Como aporte a la discusión para no olvidar el rol de trabajadoras. “En 2018 el Frente de Trabajadoras de la Comunicación de Chaco, presentó una consulta que reveló que el 77,7% de las comunicadoras necesita más de un trabajo para cubrir sus necesidades, que casi el 31% es monotributista y que un 63,5% sufrió violencia verbal en el ámbito laboral. Condiciones de precariedad, desigual acceso a puestos jerárquicos y a secciones tradicionalmente de varones, son parte de los datos relevados. El 50% de ellas es redactora o cronista -categorías iniciales en la actividad y las más básicas en la escala salarial-, y un 28% productoras.

Les siguen en importancia roles como locutoras, movileras, conductoras o creativas, que tampoco representan sueldos mucho más altos. Sólo el 34,6% ocupa un puesto de responsable de comunicación institucional, que puede significar algún nivel de decisión. En secciones consideradas típicamente de varones, el acceso es restringido: sólo el 15% cubre temas deportivos y el 19,2% policiales. Y casi no existen mujeres en puestos técnicos: solo se registraron tres camarógrafas y una operadora técnica. El 36,5% de las encuestadas aseguró desempeñarse en Cultura y espectáculos. La mayoría cubriendo secciones como locales o política, con hechos de gobierno o temas de interés general que no requieren especialización”, publicado en la Revista Proyecto Bohemia”.

Formación y cumplimiento de las normas vigentes

En primer lugar, respecto a lo educativo se necesita una formación de profesionales en la comunicación no sexista y en otros niveles (inicial, primario, secundario, terciario), una audiencia crítica que pueda distinguir el estereotipo de la mujer creado por la cultura machista y rechazar la violencia simbólica, incorporando el lenguaje inclusivo.

Segundo, en los medios públicos y publicidades estatales, acatar todas las recomendaciones producidas por la Defensoría del Público y otros organismos, para convertir en un modelo de prevención y erradicación de la violencia al aparato de comunicación estatal.

Tercero, elaborar una estadística que transparente la propiedad de los medios privados de comunicación y su conformación.

Cuarto; controlar que se cumplan las leyes laborales, eliminando la discriminación más común para la mujer: percibir un menor ingreso frente al varón que realiza la misma tarea.

Quinto; la creación de una Defensoría de las Audiencias local.

Sexto; orientar la distribución de pauta oficial a aquellos medios o producciones locales que cumplan con las recomendaciones para una comunicación no sexista, con el fin de no sostener económicamente la reproducción de una cultura machista.