(Foto ilustrativa)

Denuncia de la CTA, ante los decretos de pase a planta de personas que no pertenecen a las áreas respectivas, en cargos jerárquicos, sin concursos y violentando a trabajadores que cumplen funciones, con años de antigüedad en esos espacios, muchos de ellos precarizados.

El derecho a la estabilidad laboral ante todo

La CTA de los Trabajadores de la provincia del Chaco se ve en el compromiso de advertir públicamente la sistemática violación al derecho a la estabilidad laboral, la carrera administrativa y las leyes vigentes en materia de garantía de estos derechos laborales de los y las trabajadoras que prestaron servicios al Estado provincial durante los últimos años. Entendemos que combatir la creciente precarización laboral en el Estado no puede darse al margen de ley y los tratados internacionales que salvaguardan los derechos colectivos del conjunto de los y las trabajadoras. Por ende, hacemos responsable al gobierno saliente, que de manera malintencionada ha puesto bajo la lupa las peores prácticas clientelares en el seno mismo del Estado provincial, a través de decretos que distan de resolver los conflictos producto de la precarización laboral, que comprometen los recursos del estado, y por ende del pueblo de provincia del Chaco.
Cabe destacar, en consonancia con la política antisindical del Gobierno nacional, que el Ejecutivo provincial, en el transcurso de estos años, no ha implementado la paritaria provincial, manteniendo así un conjunto de mecanismo arbitrarios que posibilitó no sólo el empobrecimiento de los salarios y la creciente desigualdad, sino también la violencia laboral, institucional, la persecución y hasta la represión de sectores organizados que llevaron adelante reclamos legítimos, como así también denuncias que responden al gravísimo endeudamiento de la caja previsional de la provincia.

El gobernador Domingo Peppo, bajo prácticas vetustas, ajenas al bien común, ha negado totalmente el derecho a la carrera administrativa, no arbitrando concursos internos, creando direcciones y nombrando funcionarios sobre los mismos, vulnerando no solo el derecho a carrera, adquirido con años de lucha y organización de los trabajadores, sino también el objeto mismo de una política pública como es el bien común, el interés general y la garantía de los derechos sociales; servicios fundamentales como la salud pública, la vivienda, la educación, la previsión social, etc. El estado no puede ni debe ser botín de guerra ni usufructo de aparatos que nada tienen que ver con su función social.

Por lo expuesto, exigimos a los y las representantes del Pueblo en la Cámara de Diputados, se convoque al gobernador Domingo Peppo como así también a los ministros de las carteras y organismos comprometidos en estos decretos, que no hacen más que vulnerar derechos y generan un clima de conflictividad que resulta en violencia institucional y de extrema crueldad en momentos de incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de trabajadores del Estado provincial, a comparecer ante tamaño perjuicio social. A su vez, apelamos a la responsabilidad de convocar en carácter de urgente a la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que, entre los mecanismos arbitrados sobre estos decretos, se incumplen legislaciones votadas por unanimidad como la Ley de Ética Pública y Transparencia, el Régimen Integral para la Inclusión de las Personas con Discapacidad o ley 2934 de Inclusión Laboral Trans Travesti, entre otras, emanadas con el fin de combatir la desigualdad imperante para el ejercicio del derecho al trabajo. (14 bis de nuestra Constitución). Apelando a la responsabilidad de visualizar en la discusión parlamentaria, la decisión de encauzar una respuesta concreta al flagelo de la precariedad laboral.

La confrontación entre trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos, producto del ya conocido clientelismo que orada la posibilidad de reconocerse como trabajadores y organizarse para el bien colectivo, se ve seriamente comprometido con estas prácticas, por ello insistimos entonces, que ante este irresponsable proceder, que el camino siempre será la organización de los trabajadores, herramienta que no claudicaremos en reivindicar, fundamentalmente en tiempos de neoliberalismo y oportunismos irresponsables de la mano de quienes gobiernan.
Es nuestro deber salvaguardar los derechos de los y las trabajadoras, promover la negociación colectiva como contracara del interés particular y la especulación privada.

Por el efectivo cumplimiento del derecho a la estabilidad laboral de todos y todas las trabajadoras. Por un Estado democrático, transparente para la inclusión y la justicia social.

Documento de la CTA del los trabajadores.