«Contó lo que el profe Salvador le hacía»

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Desde octubre de 2017 la vida de la familia Santos Oliveira y otras, cuyos hijos acudían al jardín de infantes del Colegio San José Obrero, cambió. Tanto la Directora del Jardín de la UEP N° 26, como los padres del niño, que entonces tenía 4 años, radicaron denuncias de supuesto abuso sexual por parte del profesor de catequesis Salvador Medina, un joven de 25 años cuando dictaba clases en el jardín los martes y jueves de cada semana, a los niños y niñas de la salita de 4.  

“Hemos pedido la prisión preventiva de Medina, pero el fiscal Bogado la denegó”, sostiene Mariana Santos Oliveira, mamá denunciante. Es que el Fiscal del equipo coordinador B, Juan Martín Bogado dice que no habría razones suficientes que argumentan una prisión preventiva, ya que el imputado se ha presentado en sede judicial cuando se lo requirió. No obstante el temor de los padres de una eventual fuga, radica en la posibilidad de que el viernes 29 se eleve a juicio la causa. 

Por ese motivo y ante los temores que embargan a los padres del niño que ya llevan más de dos años peregrinando en la justicia chaqueña, este jueves 28 a las 10:30 realizarán una marcha frente a la sede de la Fiscalía Penal de avenida 9 de julio 236. “Nuevamente pediremos al fiscal Juan Martín Bogado modifique su decisión en cuanto al pedido de prisión preventiva del imputado Salvador Medina por el caso de abuso sexual simple agravado por la tutela que en ese momento ejercía sobre el menor”, reza parte de la convocatoria que circula en las redes, que solicita: “Por favor pedimos nos apoyen y difundan está invitación”.

El temor de la familia es “pasar otra feria judicial y que el imputado siga libre, que se fugue. Porque sin imputado no hay juicio”, expresa la madre. 

De acuerdo a fuentes judiciales la calificación es «abuso sexual simple agravado por haberse cometido por una persona encargado de la educación y guarda 119 1° parr. E/f del 4° parr. Inc. B y 5° parr», y es por lo que en audiencia de este viernes se deberá defender la elevación a juicio de la causa.

“Empezó a tener miedo, a despertar a la madrugada con pesadillas”

“Al principio no podíamos reconocer que estábamos ante un caso de abuso, porque una nunca quiere reconocer algo así. Cuesta, pero mi hijo era un nene hiperactivo y de pronto empezó a no querer salir de la casa, solo miraba la tele, empezó a tener miedo, a dormir de nuevo conmigo a despertarse a la madrugada con pesadillas, llantos. El único lugar en que se sentía seguro era la casa”, cuenta la madre, en apariencia integra y valerosa para defender los derechos de su hijo, aunque con el dolor profundo de quien busca justicia ante un hecho tan aberrante como éste. “También empezó a manifestar que no quería ir más al jardín y esto nos alarmó porque siempre le encantó ir. Nosotros atribuimos estos cambios al nacimiento de su hermanita, de hecho lo hablamos con la maestra quien también creía que estaba celoso de su hermana. Hasta que llegamos a una psicóloga para ver si él contaba algo, porque llegamos a pensar que podía estar siendo maltratado, pero no imaginábamos que era víctima de abuso, hasta que lo pudo poner en palabras y contó lo que el profe Salvador les hacía”, detalla la mamá. 

Dos años de peregrinación judicial

“Ellos todo el tiempo revictimizaban a la víctima. En vez de hacer lo contrario, hacer valer los derechos del niño. Nos costó muchísimo llegar a cámara Gesell, que es un elemento importante para poder elevar a juicio la causa. Ellos pedían cámaras pre Gesell, (el niño en una oficina con un profesional en psicología del equipo interdisciplinario judicial). De hecho en la primera, con la licenciada Iliana Díaz, nuestro hijo verbaliza todo, cuenta todo. De hecho la psicóloga eleva un informe donde cuenta que cuando ella lo nombraba a Salvador él nene se tapaba la carita con un libro, o miraba para otro lado, cambiaba de tema. Pero él en esa entrevista cuenta todo lo que el profesor les hacía. A pesar de todo eso, la licenciada dice en el informe que nuestro hijo no está apto emocionalmente para la cámara Gesell, aunque nunca dice por qué. Inclusive en ese mismo informe dice que el nene manifiesta haber sufrido abuso sexual en el jardín”, detalla la mamá que no se explica por qué eso no era suficiente para solicitar la cámara Gesell, «mérito necesario» para requerir la elevación a juicio de la causa. “En ese momento nosotros estábamos abocados a la salud psíquica de nuestro hijo y no advertimos que era raro que, con todo eso, no pida la cámara Gesell. Hoy leemos el informe y encuentro muchas contradicciones, que terminaron dilatando la elevación a juicio de la causa”, sentencia.


“Detrás de esto está la Iglesia Católica”

Con tanto material probatorio para el avance de la causa, y sin embargo expuestos ellos y sobre todo el niño, a tal dilación, la familia intuye que hay intereses más grandes que van más allá de la libertad del propio Medina. “El imputado es una persona más, pero detrás de esto está la Iglesia Católica. Éste es el único colegio que pertenece al obispado y la iglesia tiene mucho poder y muchos contactos políticos y judiciales. Pero mi hijo fue un valiente, así que nosotros no vamos a bajar los brazos”.

“Medina dice que nosotros le arruinamos la vida, que es inocente. Si es así, ¿por qué se negó a todo lo que hacía posible que la causa siga adelante? ¿por que no quiere demostrar su inocencia?”, expresa desesperada Mariana.

Apenas hecha la denuncia en 2017, la causa cayó en manos de Patricia Passarino,  como fiscal provisoria. Luego de atravesar un concurso la investigación es asumida por su par Jorge Cáceres Olivera quien puso en práctica una serie de herramientas como cámara Gesell, entre otros recursos que lo llevan a imputar a Salvador Medina y a requerir la elevación a juicio de la causa. Audiencia de oposición que se realizará el próximo viernes 29 de noviembre, donde acudirá Caceres Olivera para defender el requerimiento, aunque ya no sigue a cargo de la investigación debido a su nombramiento como parte integrante del Equipo Especial de Género. Por lo cual la causa sigue en manos de la fiscal Graciela Griffith Barreto. 

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