Tres años pasaron desde que Rosalía Alvarado y Belén Duet juntaron fuerzas para llevar ante la justicia el caso de abuso sexual que sufrieron en la infancia de parte de Daniel Pacce y su esposa, Noemí Alvarado. Al fin, la Justicia avanzó en la imputación formal de Noemí Alvarado, de la mano del fiscal Sergio Cáceres Olivera por los delitos de “partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora en concurso real”.

Muchos obstáculos, medidas dilatorias y hasta la muerte de Daniel Pacce, quien falleció sin ser siquiera citado a declarar, pasaron en este tiempo. Algunos buenos indicios, como el hecho que a mediados de junio el Superior Tribunal de Justicia se expidió favorablemente respecto de la aplicación retroactiva de la ley de respeto a los tiempos de las víctimas para juzgar hechos ocurridos previos a su promulgación.

“Hoy es un día más justo. La lucha colectiva, el amor y la constancia logran cosas impensadas hace muchos años atrás”, dijo Rosalía tras conocer la noticia.

“Queda camino por recorrer, es tan largo y engorroso, pero como lo transitamos todas, porque todas somos parte de esto. En alguna medida, con alguien cercano o con el propio cuerpo somos víctimas de esta violencia machista, patriarcal, de estos abusos y violaciones. Tenemos que seguir. Ojalá que podamos llegar a un juicio oral para que se sepa la verdad y para que haya justicia”.

En la resolución judicial el Fiscal expone como plataforma fáctica de la imputación que Rosalía Alvarado concurría al domicilio donde vivían su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pacce y que esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial para facilitar y/o participar en los abusos perpetrados contra la víctima. Cabe recordar que Pacce fue diputado nacional entre 1987-1991 por el justicialismo. Su esposa Noemí Alvarado fue parte el Directorio del Instituto de Vivienda.

En el documento el fiscal Cáceres señaló en el documento que “las víctimas de un delito, tienen el derecho a ser reconocidas como sujeto jurídico, a ser protegidas de los ataques contra los derechos que de esa calidad emanan y a concurrir a y ser oída por los tribunales”.