Nuevamente la perspectiva de género divide posiciones sobre los femicidios en la provincia. Según la organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA) Chaco, son 11 los casos que llevan contabilizados en lo que va del año 2019, y no siete como lo indican las estadísticas oficiales. “Desde el Observatorio lo que hacemos es seguir los casos que se publican en los medios y el contexto en que se llevaron a cabo esos asesinatos a mujeres. Ellos (por los organismos que publican cifras oficiales), deben contabilizar los casos que la justicia caratula como femicidios. Porque la justicia entiende que hay varios casos que no lo son y los ve como homicidios. Ahí radica la gran diferencia”, enfatizó Natalia Romero al programa En otras palabras de radio Facundo Quiroga. 

Donde asesinan mujeres, hay quienes ven femicidios

El criterio es diferente porque -en algunos casos- donde la justicia no ve un femicidio, la perspectiva de género sí. “También disentimos en las estadísticas nacionales -amplió Natalia- ellos contabilizan 111 y nuestra organización cuenta 137 casos de femicidios. Simplemente indagando en los hechos, nos encontramos con antecedentes de denuncias de violencia, evidentemente estamos ante femicidios. Sin embargo, para la justicia no lo son”. 

Claramente, la perspectiva de género debería atravesar a todos los integrantes de una sociedad para lograr una comunidad más equitativa e igualitaria en el acceso al cumplimiento de derechos, tanto de mujeres como de hombres. Ahora bien, cuando la carencia se da en organismos públicos, en poderes del Estado, esto es evidentemente grave y peligroso porque vulnera derechos y condena al desamparo estatal a las víctimas y sus familias. Un claro ejemplo es el caso Maira Benítez que no solo fue juzgado y condenado como “homicidio simple”, por lo que además de que la justicia de Villa Ángela entendió que no es un caso de femicidio, desamparó con esto a la hija de Maira, sujeto de derecho de la Ley Brisa, que plantea un resguardo económico para hijas e hijos de víctimas de femicidios en Argentina. 

Otro organismo no gubernamental que realiza una enorme tarea es el Observatorio de Violencia y Genocidio “Luisa Bautista”, dependiente de la Comisión Multisectorial de la Mujer, que entiende que por falta de perspectiva de género en la aplicación de la norma sancionada por el Congreso, se deja afuera de la reparación económica a más del 95% de los casos chaqueños. “En el Observatorio, llevamos contabilizados casos desde 2012 a la fecha que estamos analizando. Nuestras estadísticas se diferencian de las del Estado, porque para nosotras toda muerte de una mujer por asesinato en cualquier contexto, es un femicidio. Nos amparamos en la ley 26.485 (Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), que habla de la violencia sufrida por una mujer en todos los ámbitos donde se desarrolle. Y está el concepto de ‘feminicidio’, que referencia a la muerte de la mujer por el sólo hecho de serlo. Para nosotras eso es lo que rige como principio fundamental a la hora de incorporar y contabilizar los casos de femicidios”, explica Angélica Coll, presidenta de la Comisión. 

La Comunicación sin perspectiva de género es discriminatoria 

En el periodismo, por su carácter de formador, también debe existir la perspectiva de género para el análisis y abordaje de estos temas. Porque, claramente, citando fuentes oficiales sin cotejarlas con otras y sin cuestionar o al menos advertir con respecto a los datos o conclusiones ofrecidas, se deja fuera un gran marco que puede estar vulnerando derechos. Y se ofrece un análisis sesgado.

Recientemente, un periodista especializado en temas policiales del diario más importante de la provincia publicaba que “La base de datos de la sección Policiales de Norte cuenta con el estado actual de las causas que se tramitan en el Ministerio Público Fiscal, actualizada constantemente. Es así que la estadística sirve de sustento para los informes anuales del Poder Judicial del Chaco y el Observatorio de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia” y que según esa base de datos “con el crimen de Maribel Quiroz, ocurrido ayer (por el sábado 27 de Julio) en una vivienda de Villa Palermo II, en el sur de Resistencia, ascienden a 7 víctimas, sin contar un posible “femicidio vinculado” de Lidia Aquino, registrado el 23 de junio en Puerto Vilelas y que aún el fiscal del caso debe resolver al respecto”.

Estas “cifras oficiales” se diferencian del análisis con perspectiva de género realizado por organismos como MUMALÁ Chaco y el Observatorio de Violencia dependiente de la Comisión Multisectorial de la Mujer, que fue creada por la Cámara de Diputados de la Provincia.

Además de ser una obligación, la perspectiva de género permite mejorar la calidad de vida de las personas. La Ley Micaela obliga a todos los organismos públicos a capacitar en la materia a los agentes estatales y significa, por lo menos una esperanza para la construcción de una comunidad más igualitaria entre hombres y mujeres.

Especialistas en Latinoamérica entienden que la perspectiva de género imprime “mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género”.

Las herramientas están, leyes, guías para el abordaje de la temática, personas especializadas a quienes consultar. Las acciones deben implementarse ya. No hay más tiempo, la vida de las mujeres se va en eufemismos comunicativos y criterios judiciales carentes de visión de género.