Ante el nulo avance en la causa, frenada desde hace meses luego de la recusación de la defensa al fiscal del proceso, la querella que representa a las denunciantes Rosalía Alvatado y Belén Duet presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un pedido formal de “celeridad para una justicia pronta y eficaz”. El exdiputado (fallecido) Daniel Pacce y Noemí Alvarado están acusados de abuso sexual infantil en la infancia.

A tres años de la presentación formal de la denuncia, y luego de una seguidilla de obstáculos y medidas dilatorias orientadas a mantener el proceso en una situación de estancamiento permanente, la causa Pacce-Alvarado por abuso sexual en la infancia llegó al STJ a partir de un pedido formal de la querella para que tomen cartas en el asunto y propicien un avance en la causa. El último obstáculo dilatorio fue la recusación del fiscal Sergio Cáceres Olivera.

Asimismo, cabe recordar que a mediados de junio el STJ se expidió de modo favorable en función de la aplicación retroactiva de la ley de respecto a los tiempos de las víctimas para juzgar hechos ocurridos previos a su promulgación.

Rosalía Alvarado se comunicó con elDIARIO de la Región y manifestó su profunda preocupación ante la inacción judicial: “Los retrasos en la convocatoria a juicio juegan en favor de los acusados, no pedimos otra cosa que un juicio conforme a derecho. La defensa especula con extender los plazos y de ese modo lograr la impunidad por la vía del paso del tiempo. Pacce falleció sin ser ni siquiera intimado. Algo parecido ocurre con Noemí Alvarado”.

Carrera de obstáculos

En 2016, el exdiputado y funcionario Daniel Pacce (fallecido) junto con su esposa Noemí Alvarado fue denunciado por el delito de abuso sexual en la infancia por María Belén Duet y Rosalía Alvarado (sobrina por vía paterna de Noemí) cuando ambas denunciantes eran niñas: Rosalía tenía seis años, y María Belén, tres.

Las denunciantes tuvieron que lidiar con la angustia y el dolor propios de haber pasado por un hecho semejante. Luego, cuando lograron la fortaleza necesaria para denunciar, se toparon con que para la ley vigente el delito había prescripto. Tuvieron entonces que esperar a la reforma de la ley N° 27206 que canceló la prescripción del abuso sexual en la infancia para poder presentar una denuncia formal el 15 de junio de 2016.

Sobrevino entonces el pedido de archivo de la causa por “prescripción” y consiguiente cancelación de la investigación por la fiscal Daniela Meiriño sin siquiera llegar a juicio. Esta cuestión fue resuelta luego de la apelación de la querella, por lo que la causa cambió de fiscal y recayó en el Juzgado N° 2, a cargo de Héctor Sandoval. Este retraso judicial resultó en que Daniel Pacce falleciera en junio de 2018 sin haber sido citado a declarar. Lo que ocurrió después de la ratificación de la continuidad del juicio fue que se tomaron una serie de declaraciones y pericias, pero no se avanzó en la citación a Noemí Alvarado.

Impunidad biológica

Por todo ello, el abogado querellante Paulo Pereyra presentó un pedido formal ante el SJT, al que tuvo acceso este medio y en el que se destaca: “Solicitar a este Superior Tribunal de Justicia que tenga bien arbitrar los medios y formas a los efectos de que los órganos judiciales le impriman celeridad a las causas descriptas. Esto, conforme los derechos humanos fundamentales -acceso a la justicia (pronta y eficaz), a una tutela judicial efectiva”.  Asimismo, en el escrito se remarca “el alto riesgo de impunidad biológica de la imputada Noemí Lucia Alvarado, por la avanzada de 80 años”.

Respecto del trámite de recusación interpuesta por la defensa de la imputada a Noemí Alvarado contra el fiscal coordinador “C” Sergio Cáceres Olivera, la querella precisó que justamente este fiscal fue el único que tomó medidas probatorias fundamentales en la causa. Por ello, entiende que el planteo, a las claras, es “dilatorio e infundado y que ‘paraliza’ la tramitación de la cuestión de fondo (que no es otra cosa que acceder a que se intime a la imputada y consecuentemente se requiera la elevación a juicio de las causas)”.

El pedido recoge además la serie de compromisos internacionales asumidos por el Estado chaqueño y argentino, que obligan al sistema de justicia a velar por “los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la tutela judicial efectiva, la sujeción a la debida diligencia estatal requerida”.

Publicado en El Diario de la Región