Por primera vez Chaco enjuiciará a cómplices civiles de la Dictadura

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En la mañana de este jueves 4 de julio, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, comenzará el sexto juicio oral por crímenes de lesa humanidad, esta vez para juzgar la complicidad judicial y civil con el terrorismo de Estado. Figuran imputados el exfiscal Domingo Mazzoni y el ex guardicárcel de U7 Pablo Casco.

Cabe recordar que la semana pasada el Tribunal Oral emitió el dictado de «la sentencia condenatoria para cuatro de los cinco imputados en la causa denominada Ligas Agrarias, por crímenes de lesa humanidad contra dirigentes y trabajadores rurales durante la última dictadura», según las crónicas de un minuciosos seguimiento periodístico de El Diario de la Región. Según el matutino «el tribunal que integran los jueces Juan Manuel Iglesias, Rocío Alcalá, y Luis Gonzáles resolvió condenar al exteniente coronel del Ejército, José Tadeo Betolli, a la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado por alevosía y por el número de partícipes en el caso del asesinato de Raúl Gómez Estigarribia. Con idéntica pena, se condenó al expolicía Alcides Sanferraiter por el homicidio calificado por alevosía en el asesinato de Carlos Piccoli. Al exoficial sumariante José Rodríguez Valiente se lo condenó a cuatro años de prisión por encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un “enfrentamiento”. Asimismo, el excomisario Eduardo Wischnivetzky fue hallado culpable de privación de ilegítima de la libertad y tormentos agravados en tres hechos, contra los trabajadores rurales Modesto Meza, Hipólito Britez y Santos Brítez, y se lo condenó a 18 años de prisión. Por último, el agente Miguel Gonzáles, quien oficiara de chofer de la comitiva que se trasladó desde Resistencia a Corzuela, donde tuvo lugar la emboscada contra Estigarribia, resultó absuelto, cuestión esta última que será apelada», de acuerdo a lo adelantado por la querella.

Juzgamiento para las «complicidades civiles y judiciales»

Luego de las cuatro condenas (y una absolución) en la causa Ligas Agrarias, el “año judicial” en lo que respecta al juzgamiento al terrorismo de Estado en la región, continuará con la causa que investiga la complicidad judicial y civil con la dictadura y en la que figuran como imputados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el guardia-cárcel Pablo Casco. Será este jueves 4 de julio desde las 10 hs. en la sede del Tribunal, en Hipólito Irigoyen 33.

En la oportunidad se espera la presentación del requerimiento fiscal de elevación a juicio del proceso, sexto en su tipo en el Chaco. Asimismo, se da por descontado que, luego de la presentación del Ministerio Público, la causa pasará a cuarto intermedio hasta agosto, una vez culminada la feria judicial. Entonces, se retomarán las audiencias con la convocatoria de testimoniales. Para este juicio se estima una lista de entre 10 y 20 testigos. 

Luego de varias idas y vueltas, el tribunal quedó conformado por los magistrados Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y  Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa. Juan Manuel Costilla ejercerá la defensa oficial de Mazzoni, y Olga Mongeló hará la propio con César Casco. Los fiscales Federico Carniel, Horacio Rodríguez y Diego Vigay llevarán adelante la acusación del Ministerio Público. La querella será representada desde la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco por Duilio Ramírez, Paulo Pereyra y Silvina Canteros.

Imputaciones para Mazzoni y Casco

Al ex fiscal Domingo Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento.Por su parte, al ex penitenciario Pablo Casco se le imputan torturas y tormentos agravados en dos casos. Es “célebre” entre la comunidad de sobrevivientes de la cárcel Unidad Nº 7 por ser uno de los jefes de guardia más violentos y duros, al punto de haber sido el  responsable de turno durante la “entrega” de detenidos políticos a las fuerzas militares el 12 de diciembre de 1976, en los prolegómenos de lo que sería la Masacre de Margarita Belén.

Acusaciones contra Córdoba y Flores leyes

En la causa figuraba imputado el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, pero  falleció antes de la realización del proceso en su etapa oral, al igual que el ex secretario Flores Leyes. Ambos aparecen señalados –junto con Mazzoni- como el “sostén judicial”  del dispositivo de terrorismo estatal que completaron los agentes policiales y militares en la región y tuvo su epicentro en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, hoy Casa por la Memoria.

Los delitos que se imputan son;  privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento. 

En el requerimiento de elevación, a juicio los fiscales Patricio Sabadini y Diego Vigay describieron la conducta del fallecido Córdoba y de Mazzoni como un «aporte sustancial» al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Los fiscales señalaron que ese aporte se tradujo en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus presentadas por las víctimas, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas y en su actuación ante allanamientos ilegales.

Antecedentes

Originalmente la causa debía haber comenzado el lunes 6 de mayo, pero tuvo que ser postergada ante la falta de nombramiento por parte de la Cámara Federal de Casación Penal del tercer juez (que terminó siendo el magistrado Belforte, integrante del tribunal que juzgó las causas Masacre de Margarita Belén I y Caballero II).

Durante 2018 y principios de de 2019 fueron designados los jueces Víctor Alonso y Fermín Ceroleni de Corrientes , Delfina  Denogens y Rocío Alcalá de la Cámara de Resistencia y Manuel Moreyra de Misiones y en todos los casos se excusaron por diferentes razones. Tampoco se pudo designar a la jueza Zunilda Nieremperger ni a José Aguilar por haber intervenido en instancias anteriores. En marzo fue designada Norma Nilda Lampugnani, del Tribunal de Posadas, pero adujo problemas de salud. 

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