En el marco de la quinta marcha de #NiUnaMenos, la diputada nacional Analía Rach Quiroga presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe a la Cámara de Diputados de la Nación sobre el cumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes públicos del Estado Nacional. 

Rach Quiroga, autora de la ley, argumentó: «Para que esta herramienta legislativa de tanta trascendencia social e institucional no se convierta en letra muerta es necesario conocer de qué modo el Estado está dando efectivo cumplimiento. Los femicidios han aumentado por eso es central que todas las provincias adhieran a esta ley nacional, y se implemente en todo el territorio nacional; aplicar la Ley Micaela es levantar las banderas de #NiUnaMenos».

A través del proyecto se solicita al Ejecutivo que informe si, como se estipula en el artículo 5 de la Ley, el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) ha recibido para su certificación los programas de capacitación elaborados por las autoridades máximas de cada organismo de los tres poderes del Estado. En caso afirmativo, que el Ejecutivo indique cuántos y cuáles se encuentren aprobados y certificados por el INM.

A su vez, de acuerdo al artículo 7 de la Ley, el proyecto requiere que se informe si el INM ha publicado en su sitio web una reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.

Por otro lado, la ley solicita que el Ejecutivo informe si el INM ha elaborado los programas, cursos u otras plataformas de capacitación para aquellos organismos que no presenten propuestas o programas propios y que detalle sus contenidos. Además que notifique el estado de adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La capacitación y sensibilización de quienes integran los diferentes estamentos del Estado viene a dar cumplimiento a una obligación internacional que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém do Pará”).

La Ley Micaela responde, en al ámbito del Estado Nacional, a una urgencia que involucra a todas las personas que integran los distintos estamentos de sus tres poderes: la capacitación obligatoria en perspectiva de género de modo de lograr intervenciones eficientes, y al mismo tiempo, comenzar a resquebrajar las estructuras patriarcales que reproducen, a través de la impericia y/o violencia institucional, la violencia contra las mujeres.

Acompañan este pedido de informes las diputadas Cristina Alvarez Rodriguez, Lucila Masin, Mónica Macha, Verónica Mercado, Fernanda Vallejos, María Cristina Britez, Silvina Frana, Laura Alonso y Analuz Carol.

Los primeros en adherir

Las universidades nacionales adhirieron a la “Ley Micaela” en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que prevé la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. (Ver también «Las universidades nacionales, pioneras en la aplicación de la Ley Micaela»)

Por otra parte, el medio La Voz, informó que sólo tres municipios de Córdoba adhirieron a la Ley nacional. «Colonia Caroya, Villa María y Mendiolaza son las únicas que aprobaron ordenanzas. De ellas, sólo la primera puso en marcha prácticas concretas; las otras las prometen en breve».