Breve historia de los servicios de inteligencia en Argentina

El periodismo pronosticaba que este 2019 iba a ser un año largo para la Argentina por ser un año electoral, y de las presidenciales –siendo este un país tan presidencialista-. Y empezó a la altura de las circunstancias, ya que la denuncia del empresario Pedro Etchebes al fiscal nacional Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D’alessio sacó a la luz el submundo de las extorsiones utilizando escuchas ilegales.

El caso tomó trascendencia también porque el falso abogado D’alessio tenía un perfil mediático -algo raro en un personaje de su entorno-  vinculado con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ¿con la DEA norteamericana?(Él lo afirmaba pero ellos lo negaron). La investigación cayó jurisdiccionalmente en manos del juez Alejo Ramos Padilla de Dolores, quien la lleva prolijamente e incluso marcó un hito en la historia de la Nación: fue a dar una exposición al Congreso. Dicha exposición técnicamente tendría que haber sido en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, pero por trabas de los miembros de Cambiemos no pudo ser convocada por lo que la posta fue tomada por la Comisión de Libertad de Expresión, ya que en la investigación del juez Ramos Padilla se descubrió que D’alessio -en complicidad con el periodista Daniel Santoro- escuchaba a colegas de este último, entre ellos Alejandro Fantino y Romina Manguel.

Las suspicacias políticas de sectores del oficialismo quisieron embarrar la investigación, criticando personalmente a Ramos Padilla y queriendo trasladar la causa a Comodoro Py, más precisamente al juzgado de Claudio Bonadio. Pero el juez contó con el apoyo de la Corte Suprema de la Nación y el organismo internacional Human Right Watch.

El último fin de semana de marzo, un ex agente de la AFI, “Rolo” Barreiro (que estaba prófugo) se presentó a la fiscalía de Dolores para brindar declaraciones que ampliarían la lista de escuchados y escuchadores, entre ellos figuras relevantes de la política y la justicia. Barreiro habría pedido ser catalogado como arrepentido pero el fiscal Juan Pablo Curi se negó, a contramano de la praxis de su par Stornelli en la causa de las “fotocopias de los cuadernos”.

Mientras esta causa y su parafernalia continua -que podría ser parte de una novela de John Le Carre-, vamos a mirar para atrás y ver el origen de los servicios de inteligencia.

El origen

La primera secretaría de inteligencia dependiente del Estado nace con Juan Domingo Perón en 1946, vía el decreto presidencial 0337/46, llamada ”Coordinación de Informaciones de Estado” (CIDE).El nuevo organismo dependería directamente de la Presidencia de la Nación y contaba con un presupuesto secreto.

La primera secretaría de inteligencia dependiente del Estado nace con Juan Domingo Perón en 1946, vía el decreto presidencial 0337/46, llamada ”Coordinación de Informaciones de Estado” (CIDE).El nuevo organismo dependería directamente de la Presidencia de la Nación y contaba con un presupuesto secreto.

Se conformó con parte del aparato que ya tenían las agencias de inteligencia policiales y militares, ya que cada fuerza tenía previamente su propio servicio. De esta manera, el poder civil tomaba el mando de una herramienta clave, tanto para mantener su Imperium en territorio nacional como para incorporarse al mundo de la Guerra Fría, en el cual estas agencias eran las vedettes.

Con la Revolución Libertadora de 1955, las Fuerzas Armadas se hacen cargo de la CIDE y gozan exclusividad de los servicios de inteligencia -como hemos aclarado antes ellos tenían la suyas antes de 1946-.

Un año después del golpe, la agencia pasa a llamarse ”Secretaría de Inteligencia del Estado» (manteniendo paradójicamente su acrónimo: SIDE). Entra en un período de “desperonización” y se alinea claramente detrás del ala occidental en la Guerra Fría. Pero no perseguían mayoritariamente a presuntos enemigos externos, sino a opositores políticos.

Los agentes de la SIDE se clasificaban en orgánicos e inorgánicos, siendo estos la mayoría de la plantilla que en los registros legales figuraban como empleados de alguna otra dependencia del Estado. No se caracterizaban por recopilar datos siguiendo pistas con deducciones intelectuales complejas, como algún detective de Agatha Cristhie, sino con escuchas telefónicas y métodos de seguimientos más bien rudimentarios.

Este periodo histórico fue donde se forjó paulatinamente la identidad actual. La SIDE adquirió cada vez más autonomía, gracias a los vaivenes institucionales del país donde se turnaban gobiernos radicales con militares. El “Caso Satanosky” de 1957, investigado por Rodolfo Walsh, refleja la complicidad para encubrir crímenes entra funcionarios judiciales y la SIDE.

En el año 1968 ingresó a sus filas el ex convicto de delitos comunes Aníbal Gordon, que fue puesto a realizar tareas de campo (léase patotas que apretaban, secuestraba y torturaban para hacer confesar, en conjunto con la Triple A). Gordon fue cazador de todo aquel vinculado con la resistencia peronista y del comunismo. A su patota se lo conoció como la “Banda de Gordon”. Dicha banda fue usada como base operación el centro clandestino de detenciones “Automotores Orletti”. Fue acusado de asesinar a Silvio Frondizi (hermano de Arturo Frondizi) y a Rodolfo Ortega Peña.

Con el golpe de 1976, la SIDE se encargaba de recopilar la información de todas las estructuras que había que “atacar” y personas que había que “desaparecer”. No sólo realizaba tareas de inteligencia al servicio de un plan de exterminio, sino que participaba también de manera directa en su ejecución, funcionando como jefatura del Grupo de Tareas 5 (GT5), formado por agentes del organismo, que estuvo involucrado directamente en el secuestro y desaparición forzada de personas. Personal de la SIDE se turnaba además con los de las demás fuerzas que intervenían en el esquema represivo, para custodiar a los prisioneros en los centros clandestinos de detención. Bandas como la de Gordon tuvieron absoluta vía libre, e incluso tenían una fuente de ingresos extra ya que robaban las pertenencias y las propiedades de los secuestrados.

También brindaron información clave al “Batallón 601”, el encargado de la inteligencia del Ejército para planificar el terrorismo de estado, símbolo de la última dictadura.

En el ámbito de las relaciones exteriores, fueron parte del “Plan Cóndor” en cooperación con la DINA chilena y los servicios de Inteligencia militares brasileros y uruguayos para buscar a exiliados políticos de los distintos países.

En el ocaso de la dictadura, noviembre de 1983, Gordon secuestró al dirigente nacional Guillermo Patricio Kelly, quien luego lo denunció y lo puso en boca de la opinión pública.

Con el regreso de la democracia en 1983, Alfonsín nombró al ex diputado radical y abogado laboralista Roberto Pena al mando de la SIDE. El nuevo jefe expulsó a 860 empleados militares de la Secretaria, pero el camino fue lento ya que el poder que tenían los agentes del Palo Gordon –al igual que el resto de las fuerzas armadas– continuó toda la década del ochenta. Por ejemplo: Gordon secuestró en 1985 al banquero Osvaldo Sivak y algunos ex agentes del Batallón 601 estuvieron involucrados en el robo de obras de arte en 1987, demostrando su vigencia.

Cabe destacar que el primer guardaespaldas que tuvo el Padre de la Democracia fue Raúl Guglielminetti, ex miembro de la “Banda de Gordon” hasta que la opinión pública tomó conocimiento de ello mediante fotos que se divulgaron, lo que obligó al presidente a separarlo de su cargo . El sumario interno y material relacionado con el terrorismo de estado que comprometa a los agentes había sido eliminado. Las vacantes fueron ocupadas en su mayoría por jóvenes alfonsinista de perfil universitario. Alfonsín se dio cuenta de que la SIDE podría ser usada a su favor, por eso continuó con escuchas (con tecnología comprada a Israel en ese mismo año) logrando que el 21 de octubre de 1985, a través del decreto 2049 dispusiera del arresto de doce sospechosos de desestabilizar al gobierno, entre ellos militares retirados, en actividad y civiles. Sin embargo, Alfonsín no pudo controlar totalmente a la SIDE.

La presidencia de Carlos Saúl Menem estuvo muy vinculada con la SIDE. Su primer secretario de Inteligencia fue el periodista Juan Bautista Yofre, quien a finales de los ochenta había formado parte de un grupo de periodistas, agentes e informantes que publicaban “información” sobre la comunidad de inteligencia en El Informador Público. En su gestión fueron regresando militares; el General de Brigada Carlos Martínez a cargo de la Escuela Nacional de Inteligencia(donde se forman futuros agentes de la SIDE) y el teniente coronel retirado Carlos Doglioli a cargo de la Oficina de Contrainteligencia.

Por una interna entre los agentes, se filtró un “carpetazo” que le estaban haciendo a periodistas del diario Página 12 y El Porteño, llevando la salida de Yofre.

Llegó al cargo Hugo Anzorreguy, y allí comenzó la colaboración con las investigaciones del Poder Judicial que –luego– se transformó en un canal de cooptación y corrupción de jueces y fiscales de la Argentina (conocido como la “cadena de la felicidad”: un sistema de pagos con fondos reservados de Inteligencia a jueces, fiscales y periodistas).

Uno de los casos más emblemáticos de la historia argentina tuvo a la SIDE en el centro de la escena  fue el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) perpetrado el 18 de julio de 1994, en el que fueron asesinadas ochenta y cinco personas y más de trescientos heridos. En este caso, la SIDE intervino en la investigación secuestrando y torturando testigos y aportando dinero para sobornar al sospechoso Carlos Telleldín. Esta acción salió a la luz gracias a la revelación de una cámara oculta en el despacho del juez federal Juan José Galeano.

Recordemos que en 1992 un atentado con la Embajada de Israel en Buenos Aires debería haber puesto en alerta a los servicios de inteligencia. La SIDE, en lugar de aportar información para prevenir el atentado o para encontrar a sus responsables, intervino para obstaculizar la investigación judicial. En estos años el agente Jaime Stiuso, que había ingresado en el año 72, estaba en el climax de su carrera siendo alto mando de Contrainteligencia y manipulando las investigaciones del atentado.

En 1999, últimos meses del menemato, dos custodios del titular de la SIDE fueron asesinados en un crimen que no fue aclarado por la Justicia pero se sospecha que los asesinos serían de la Policía Federal en el marco de una interna con la SIDE.

A finales de ese mismo año asumió Fernando De la Rúa, que pese a ser quizás el presidente electo más débil de la democracia, también intentó controlar la SIDE nombrando al ex banquero Fernando de Santibañez (amigo íntimo y vecino del Presidente) quien prometió modernizar la agencia.

Fueron despedidos 1093 agentes, generando tensiones internas y revelaciones que derivaron en lo que se conoció públicamente como “El escándalo de las coimas en el Senado” (donde el juez Claudio Bonadio estaba involucrado). Dicho caso consistió en el pago de coimas de 5 millones de dólares por parte del Gobierno a los senadores de la oposición (Partido Justicialista) para asegurar sus votos a favor de la Ley de Reforma Laboral 23.250. La repercusión del escándalo influyó en la renuncia de Carlos “Chacho” Alvarez de la vicepresidencia de la Nación.

El 3 de Diciembre de 2001, días antes del estallido social, el Congreso aprobó  la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, que en la letra era buena ya que le daba más transparencia e institucionalidad, pero no se pudo implementar por la turbulencia política hasta el 6 de mayo de 2003. En la misma se establece que la SIDE pasara a denominarse Secretaría de Inteligencia (SI) y la subordinación de la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Inteligencia Militar. También se creó la Comisión de Seguimiento Bicameral de Fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, la cual tiene un presupuesto secreto; mantiene discreción en sus actividades y puede pedir a la Dirección de Observaciones Judiciales y de las empresas que prestan servicio de telefonía, informes con clasificación de seguridad, con los listados de las interceptaciones que se hayan realizado en un período determinado. “Corresponderá a la Comisión Bicameral cotejar y analizar la información y controlar que tales oficios hayan respondido a requerimientos judiciales”, establece el artículo 34 de la mencionada ley.

Mientras tanto, en la grave crisis económica, política y social de Diciembre de 2001, la SIDE se encargó de “mantener la calma” en la clase media con un grupo de matones, infiltraciones en movimientos piqueteros y creación de noticias falsas.

Néstor Kirchner nombró como secretario de Inteligencia a su ex vicegobernador en Santa Cruz, Hector Icazuriaga. En 2004 sucedió un hecho inédito: se reveló la identidad de un agente secreto en televisión, ni más ni menos que la de Jaime Stiuso. La revelación la hizo el ministro de Justicia de la Nación Gustavo Béliz en el programa Hora Clave, conducido por Mariano Grondona (como dato de color también se encontraba en el piso ese día Diego Valenzuela, actual intendente del Partido de Tres de Febrero). Beliz venía de ser mirado de reojo por los jueces de la Corte Suprema ya que previamente había emprendido una campaña por la transparencia de la Justicia Federal, promoviendo el juicio político a los jueces de la Corte Suprema sospechados de corrupción y estableciendo un método de autolimitación de la designación de jueces por el Poder Ejecutivo a través del sistema de impugnaciones y audiencias públicas.

Néstor Kirchner nombró como secretario de Inteligencia a su ex vicegobernador en Santa Cruz, Hector Icazuriaga. En 2004 sucedió un hecho inédito: se reveló la identidad de un agente secreto en televisión, ni más ni menos que la de Jaime Stiuso.

Poco días después de la revelación, Béliz recibió una denuncia penal por violación  a la Ley de Inteligencia Nacional que en su artículo 16 califica como secreta la identidad del personal de la Secretaría de Inteligencia (causa donde fue absuelto en 2011 por el Tribunal Oral Nº3 de Capital Federal pero fue anulada por la Cámara Nacional de Casación Penal que decidió mandarla a otro tribunal).  Fue reemplazado como ministro por el actual juez supremo Carlos Rosatti y se fue a trabajar como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y en Montevideo. Volvió al país en 2014 para ocupar el cargo de director del Instituto para la integración de América Latina y el Caribe. No puede hablar con la prensa de su polémica con Stiuso y se encuentra esperando la resolución de la Corte Suprema sobre su causa penal.

El 26 de Enero de 2015 -días después de la muerte del fiscal Alberto Nisman- la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional la disolución de la SI y el traspaso de las escuchas telefónicas a la Procuradora General de la Nación. Logró que el Congreso le apruebe la Ley 27.126 el cual crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y elimina el status de “reservado” de los fondos de la ex SIDE -viejo anhelo de  Néstor Kirchner que lo había propuesto en 2004 –. Oscar Parrilli fue el primer Director de la AFI. Allegados a la ex presidenta señalaron en ese momento que la causa del Memorándum de entendimiento con Irán fue “armada” por Stiuso.

El 26 de Enero de 2015 -días después de la muerte del fiscal Alberto Nisman- la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional la disolución de la SI y el traspaso de las escuchas telefónicas a la Procuradora General de la Nación. Logró que el Congreso le apruebe la Ley 27.126el cual crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y elimina el status de “reservado” de los fondos de la ex SIDE -viejo anhelo de  Néstor Kirchner que lo había propuesto en 2004 –.

Macri (que según muchos consultores políticos fue favorecido por la muerte de Nisman en las elecciones nacionales de 2015)  utilizó redes de espionajes ya en su etapa de jefe de Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires recibió denuncias por realizar escuchas ilegales y en 2009 nombró al polémico ex comisario Jorge “Fino” Palacios como jefe de la flamante Policía Metropolitana.  

Para limpiar su imagen, en su campaña presidencial de 2015 prometió eliminar la AFI, sin embargo al asumir designó como director al empresario vinculado al fútbol Gustavo Arribas y a la ex diputada nacional del Pro Silvia Majdalani, ambos van a dar declaraciones ante el Congreso el jueves 4 de abril 2019 por el “D’alessio Gate”-.

Los servicios de inteligencia forjaron su independencia pero fueron funcionales por momento a los distintos gobiernos. Un poder dentro del poder. Una llaga que la democracia debe curar.