Frente a cuestionamientos públicos por la actuación de la Guardia Comunitaria del pueblo Wichí “Whasek”, que de modo malintencionado la quisieron hacer aparecer como una organización paramilitar, la Asociación Pensamiento Penal expresa su satisfacción por la actuación del Ministro de Seguridad del Chaco, Daniel Chorvat, al abordar con mesura la participación y organización de los pueblos indígenas con miras a la protección de sus derechos y con el fin de garantizar el respeto de su integridad; privilegiando el diálogo y el consenso. Del mismo modo, destacamos la actuación de la Fiscal de la Fiscalía Multifueros de Misión Nueva Pompeya, Mirta Bejarano, quien con su presencia en persona en el territorio ha desarrollado su labor priorizando los medios alternativos para resolver cada conflicto que se presenta.

Sin perjuicio de la estigmatización que se ha querido establecer en torno a la Guardia Comunitaria del pueblo Wichí “Whasek” (que significa “el esfuerzo que mezquina su territorio y nunca lo deja”), sus representantes han expresado mediante un documento: “…nosotros traemos una solución para los nuevos problemas que estamos pasando en las comunidades. En los territorios comunitarios reconocidos por ley como derechos para nuestros pueblos nos organizamos para tener autoridades comunitarias y soberanía en el lugar… somos cuidadores de nuestros pueblos y nuestros lugares de vida, así como hay cuidadores en los barrios de las ciudades y, en algunas, también representantes, como los comuneros o los concejales…”.“Queremos salvar nuestras familias, las cuales están desesperadas por las faltas de salud, educación, vivienda, trabajo y tranquilidad para andar por nuestras comunidades”.

Este tipo de organización indígena no es única en Latinoamérica y en la práctica es la única forma que los pueblos originarios sean realmente reconocidos cuando los Estados no han podido generar las instancias idóneas para la consulta previa o para garantizar sus derechos básicos.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco, en reiteradas oportunidades ha instado, en consonancia con el convenio 169 de la OIT, que el Estado asuma este comportamiento y apoye las formas de organización comunitarias, así como también que genere las instancias de dialogo necesarias.

Es tarea de todos comprender que la convivencia democrática también implica el respeto al protagonismo de los pueblos indígenas, a través de sus propias instituciones y su participación en acciones coordinadas con miras a la protección de sus derechos. Y nos satisface que la Provincia del Chaco lo haya comprendido y lo esté llevando a cabo mediante sus instituciones.

Fuente: Asociación Pensamiento Penal Chaco