Magistrados y funcionarios de los juzgados de Faltas de Resistencia y Barranqueras, y de los juzgados de Paz (con competencia en faltas) del barrio Güiraldes, de Fontana, Puerto Vilelas y Puerto Tirol, plantearon a las autoridades del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) las dificultades existentes en el gran Resistencia para la atención de las personas involucradas en distintas infracciones al Código de Faltas y que también presentan problemas por consumo de sustancias legales e ilegales.

Vale recordar que el rol central del ORSM, creado a instancias de la Ley provincial de Salud Mental (N° 2339), es fijar los lineamientos de protección, teniendo en cuenta a la persona que está en un estado de vulnerabilidad y sujeta a la atención. Tiene la facultad de dirimir aquellas situaciones donde existan diferencias de interpretación en relación al control de legalidad que debe ejercer la Justicia cuando las personas se encuentran, por ejemplo, en una clínica psiquiátrica o en una internación. Además, tendrá la potestad de promocionar recomendaciones a la autoridad para una adecuada aplicación de la Ley de Salud Mental y conforme a los derechos que establece.

La reunión en la que los magistrados plantearon las carencias en el sistema, se desarrolló en la Inspectoría de Justicia de Paz e incluyó, además, a la secretaria ejecutiva del ORSM, Carina Sforza, y a Marcela Pesce, defensora barrial del Güiraldes e integrante del citado organismo.

Violación del derecho a la salud

Los integrantes de la justicia provincial expresaron su profunda preocupación por “la violación al derecho a la salud que implica la detención de personas, por lo general jóvenes, que se encuentran bajo los efectos de alguna sustancia y su conducción inmediata a la sede de alguna dependencia policial, sin ser asistidas o atendidas por ningún servicio de salud, en contra de las disposiciones de la ley nacional 26.6567 de Salud Mental y su adhesión provincial N° 2339-G (antes Ley 7622)”.

Además expusieron “la enorme dificultad para tramitar las causas y ofrecer soluciones” a las familias que concurren diariamente a sus juzgados a solicitar ayuda para las personas que padecen algún tipo de abuso de sustancias.

Los asistentes coincidieron en que faltan dispositivos de salud pública para atender y abordar la cuestión interdisciplinaria e intersectorialmente en base en los principios de la atención primaria. “No se dio cumplimiento en el territorio provincial a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley de Salud Mental respecto a que los servicios deberían adecuarse a las disposiciones legales”, según expresaron.

Asimismo indicaron que las adicciones “deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental y quedar a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación” en áreas como psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. Los magistrados afirmaron que no disponen de dispositivos cercanos o de acceso en sus jurisdicciones.