Cuando se quiere saber el verdadero interés de un gobierno en solucionar determinada problemática, es necesario ver cuál es el presupuesto que asigna para abordarla y la eficacia con que se aplican esos recursos. Las 259 víctimas de femicidios en la Argentina el año pasado, las más de 30 que ya se cuentan en los primeros meses de 2019 duelen y movilizan a exigir acciones y políticas públicas que los erradiquen. El dolor y la bronca por cada una de las víctimas y sus familias exigen respuestas urgentes, efectivas del Estado. Sin embargo, si observamos los presupuestos destinados a abordar las violencias machistas, es evidente la falta de inversión específica en la temática.

El Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia hacia las mujeres, presentado en 2017, es un compendio de acciones no implementadas por el Gobierno Nacional. El Instituto Nacional de las Mujeres, responsable de monitorear y poner en marcha el mencionado Plan así como la Ley 26485, sufre recortes presupuestarios de manera permanente. $11,36 son los destinados a cada mujer en el presupuesto 2019.

El reclamo y la lucha es inagotable

Recientemente en la provincia, la Asociación Pensamiento Penal (APP) Chaco y más de 40 organizaciones se pronunciaron sobre las deficiencias de la línea 137, y la necesidad de reforzar la asistencia a las víctimas y resolver la precarización laboral de quienes trabajan en ese área del Estado.

Desde hace tiempo la organización nacional Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) viene exigiendo la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, con la junta de firmas en todo el país.

Un reclamo similar se oyó en las conclusiones de la reciente Segunda Reunión Plenaria de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans del Campo Popular que tuvo lugar el pasado 16 de febrero en Sáenz Peña y es un pedido reiterado en cada reunión de colectivos de lucha.

El incansable e invalorable trabajo que realizan profesionales y técnicos del Equipo Interdisciplinario para Atención a las Víctimas de Violencia que funciona en Resistencia, demuestra un gran esfuerzo aunque insuficiente, ya que no dan abasto ante la creciente demanda de casos. Y por otra parte, las víctimas del interior están desprotegidas o con mínimas herramientas para su protección.

Esta iniciativa gubernamental no es otra cosa que el resultado de la lucha incansable de sectores feministas que exigen al Estado que responda con gestiones proteccionistas y acciones concretas con financiamiento propio

 

Repercusiones de la iniciativa gubernamental

Ante esta realidad que es límite para cualquier sociedad, el último fin de semana, el gobernador Domingo Peppo anunció la iniciativa de declarar al Chaco en Emergencia por Violencia de Género. Aunque pueda sonar una frase apropiada en contexto de un año electoral, la gravedad de la situación y la imperiosa respuesta por parte del Estado con asignación de presupuesto específico y políticas públicas contundentes que salve la vida de las mujeres, el anuncio fue bien recepcionado por varios sectores feministas y defensores de los derechos de las personas.

Mumalá Chaco fue una de las primeras organizaciones en manifestarse a favor de la propuesta. Natalia Romero, dirigente a nivel local, confirmó:“Estaremos presentes para enriquecer la iniciativa y que se traslade en hechos concretos que nos salve la vida a mujeres y disidencias”. Ya que el proyecto será analizado en la Legislatura provincial, se espera que diferentes sectores puedan ser oídos y generar aportes para ampliar los beneficios de la iniciativa.

Consultada por Radio Universidad, Sandra Saidman, referente del área de Género de APP, consideró que «es muy bienvenida la propuesta del gobernador» y al calificarla de «excelente», entendió que habrá que esperar que «el proyecto llegue a la Legislatura y la manera en que se implementará». Al mismo tiempo, la Jueza de Faltas de Barranqueras sugirió: «No nos olvidemos que el Poder Judicial y los organismos específicos llegan siempre luego de los hechos de violencia, con lo cual es importante crear los mecanismos para prevenir estas situaciones».

Esta iniciativa gubernamental no es otra cosa que el resultado de la lucha incansable de sectores feministas que exigen al Estado que responda con gestiones proteccionistas y acciones concretas con financiamiento propio. Y una respuesta concreta sin dudas es este proyecto que se espera sea tratado con la urgencia y pertinencia suficiente por parte de los diputados chaqueños, quienes contarán con aportes de diferentes organizaciones y colectivos feministas para su enriquecimiento.

Mientras se espera la reacción del Gobierno Nacional que, hasta el momento, claramente no tiene intención de modificar el paupérrimo presupuesto destinado a la problemática ($11,36 por cada víctima), crecen las expectativas por el anuncio de Peppo de declarar al Chaco en Emergencia por Violencia de Género.

Se espera que este proyecto sea tratado con la urgencia y pertinencia suficiente por parte de los diputados chaqueños

 

Puntos salientes del proyecto

Dentro de la iniciativa que el Poder Ejecutivo enviará al Legislativo provincial para su tratamiento se destacan los siguientes planteos del Gobernador.

“…solicitaré a la Legislatura declarar con fuerza de Ley la Emergencia por Violencia de Género en todo el territorio provincial, la que se extenderá por el término de dos años, con el objetivo de implementar una política estratégica y coordinada entre los distintos estamentos del Estado, orientada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones”.
La declaración de emergencia comprenderá en particular, la adopción de las siguientes medidas:

1) Aumento presupuestario destinado a fortalecer los servicios estatales sociales, educativos, sanitarios y judiciales existentes, que atienden la problemática de la violencia hacia las mujeres y crear otros nuevos, garantizando que las demandas de las mujeres puedan ser resueltas de manera oportuna, eficiente y eficaz.
2) Campañas de difusiones masivas, destinadas a que las mujeres puedan conocer cuáles son sus derechos, los programas y políticas existentes, los servicios estatales a su disposición, los procedimientos a seguir en caso de ser víctimas de violencia de género y las acciones judiciales y administrativas que puede entablar.
3) Apoyar e incrementar las compañas institucionales de sensibilización que contribuyen a fomentar la concientización ciudadana para la construcción de una sociedad sin violencia. Las escuelas deben ser un eje de intervención primario de estas campañas, garantizando un sistema educativo donde se establezcan relaciones de género basadas en el respeto, la igualdad y la no violencia. Desde pequeños, nuestros niños deben ser conscientes que la violencia es inaceptable.
4) Capacitaciones teóricas y prácticas permanentes obligatorias para el personal policial, judicial, fuerzas de seguridad, salud, educación y desarrollo social, sobre la temática de violencia de género, respetando los principios consagrados en nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales.
5) Mejoramiento y capacitación para profesionales de centros sanitarios, para lograr la identificación precoz de la violencia de género, y ayudarlas a hacer la denuncia.
6) Aplicación urgente de dispositivos electrónicos (tobilleras electrónicas) para agresores sexuales que incumplen medidas judiciales. Estos dispositivos de geo-localización permitirán monitorear en tiempo real que las órdenes judiciales que establecen perímetros de protección sean cumplidas. Esto posibilita que las víctimas puedan retomar sus tareas cotidianas bajo la protección del Estado.
7) Ayuda económica mensual para mujeres víctimas de violencia por un término de seis (6) meses.
8) Arbitrar los medios necesarios para lograr un cupo de viviendas en los planes de construcción del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) u otro organismo estatal para las mujeres víctimas de violencia de género, dando prioridad a aquellas que tienen hijos a su cargo.
9) Incrementar la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad o de riesgo; fomentar programas para incorporar el emprendimiento femenino o el autoempleo destinados a fortalecer su autonomía económica, debido a que en muchos casos existe dependencia económico entre agresor – agredida y eso hace que ni siquiera se atrevan a denunciar.
10) Elaborar una estadística provincial de casos de violencia de género y femicidios, a fin de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas adecuadas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer. Al contar con esta información podremos visualizar la ruta crítica de la violencia y evaluar la respuesta otorgada por los recursos públicos.
11) Construir en todo el territorio provincial refugios para albergar a las víctimas de violencia de género, durante un tiempo limitado, siempre que la permanencia en su domicilio signifique un riesgo o no pueda garantizarse su integridad psico-física o sexual.
12) Creación en las distintas localidades de la Provincia de Casas de Encuentro, coordinando acciones con las organizaciones civiles, abocadas a la prevención y promoción de derechos.
13) Otorgar tanto a la víctima como al victimario y su grupo familiar el adecuado tratamiento psicoterapéutico, con el objetivo de ayudarlos a romper los pactos de silencio. La violencia contra la mujer no es excusable, no es tolerable en la sociedad actual.
14) Fortalecer en el ámbito rural los servicios de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, garantizando su accesibilidad.
15) Creación de un Observatorio Provincial de Violencia contra las Mujeres, que en un trabajo articulado con las distintas Universidades, tendrá por objeto desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.