Le hicieron una cesárea a la niña tucumana de 11 años violada por la pareja de su abuela. No se respetó el protocolo y se demoró la interrupción del embarazo a pesar del pedido expreso de la niña.

Lucía tuvo dos intentos de suicidio y ataques de angustia. Otro caso en el que los cuerpos infantiles son tomados como territorio de la cruzada antiderechos. El embarazo se interrumpió pero no se respetó el protocolo para estos casos. El Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) la convirtió en envase, incubadora. Dilató los tiempos para que avanzara la gestación y evitar así realizarle el aborto legal que ella reclamó, vulnerando sus derechos.

La niña se encuentra bien de salud, según informaron fuentes del Hospital del Este Eva Perón, donde permanece internada. La criatura que dio a luz pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología, con pocas posibilidades de sobrevida.

“El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña”, denunció la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza.

“No estamos frente a una objeción de conciencia común… hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público…  Abortar en caso de abuso o riesgo para la salud es una opción legal. El Estado tiene que asegurar la práctica”, señaló Deza.

Cada año, en el país casi tres mil niñas menores de 14 años dan a luz. Son la punta de un iceberg. Podrían haber accedido a un aborto legal, pero también en otras provincias, y no solo en Tucumán, los sistemas de salud no les garantizan tempranamente ese derecho. En algunos casos, ni siquiera se lo ofrecen como alternativa.

Por Mariana Carbajal/ Página 12