En un enero conmocionado por la cantidad de casos de femicidios en el país, apareció el cuerpo asesinado de Angelina Cáceres, la pequeña de 13 años desaparecida el 23 de diciembre de 2018. Desde la mañana del viernes 25, la noticia estuvo en los portales y las redes sociales, aún sin que el cuerpo encontrado en un descampado a 600 metros de la avenida Soberanía de Resistencia, fuera reconocido. Recién en horas de la tarde, el papá de Angelina identificó las prendas de vestir de la nena.
Jorge Peralta, principal imputado en el hecho, fue detenido el 11 de enero en Laguna Limpia, de donde es oriundo y trabaja de jornalero. Luego de que se encontrara el cuerpo y el padre confirmara que se trata de la niña, el fiscal De Obaldía Eyseric dio a conocer la situación judicial del hombre de 21 años: “Se le imputó el delito de abuso sexual y acceso carnal”, como así también el de grooming, ya que se comunicaba con la chica a través de Facebook.
Si bien todo hace pensar que fue Peralta el autor del hecho, el abogado de la familia de la víctima Juan Fernando Díaz expresó en conferencia de prensa: “Creemos que no se trata de un solo autor, por las características del crimen y por cómo se encontró el cadáver, tuvo que haber una logística”. Desde la querella esperarán los resultados de los informes periciales para determinar si el cadáver fue plantado. “Si estaba ahí hace un mes, a los 6 días se tendría que haber empezado a sentir el olor. En esa zona juegan niños al fútbol, hay vecinos, es un lugar de constante movimiento. Hasta ahora no veo de parte de la fiscalía que la investigación vaya por ese lado, sino que queda toda la responsabilidad del hecho en Peralta”, afirmó Díaz.
Asimismo, el abogado dijo al portal Diario Tag que van a trabajar para que la investigación no quede limitada a Peralta y que tiene serias sospechas sobre su tía, quien es vecina de los Cáceres, donde el joven detenido permaneció unas dos semanas antes de la desaparición de Angelina.
En relación a las declaraciones del fiscal Francisco de Obaldía Eyseric respecto al supuesto embarazo de Angelina, Díaz aseguró que «la situación procesal de Peralta se agrava porque es mayor de edad, porque la víctima es menor y es mujer, y si se confirma el embarazo de la nena estaríamos hablando de un doble homicidio, que supone una condena de 35 años a perpetua».
Díaz explicó que Peralta está acusado de “abuso sexual agravado por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, en concurso real, y corrupción de menores en concurso ideal». El procurador adjunto, Miguel Fonteina, informó que a las imputaciones se agregará “homicidio agravado por femicidio en situación de violencia de género”.

Cuestionamientos

Un párrafo aparte merece el tratamiento del caso. Al controvertido rol de los medios -adelantándose en el anuncio de que se trataba de Angelina cuando ni siquiera la familia la había reconocido-, la justicia no se quedó atrás. El padre acusó a la Comisaría Quinta de no haberle tomado la denuncia en tiempo y forma, alegando que probablemente la niña se hubiera “escapado con un noviecito”.
Por otra parte, funcionarios judiciales señalando que el problema de estos casos es que los jóvenes creen que pueden “moverse libremente”, en una clara revictimización ya que todos deberíamos tener garantizado el poder andar por las ciudades sin ser cuestionados por eso. De ahí a culpar a la víctima de un abuso sexual por usar minifaldas hay un solo paso y es parte de la misma cultura de la violación que desde los colectivos feministas se viene cuestionando.
Y por último, el tipo de acceso a la justicia que tienen los ciudadanos pertenecientes a sectores vulnerables. Después de un mes de búsqueda desesperada, la familia pudo acceder al reconocimiento de los restos de Angelina encontrados varias horas después de que se encontraron. No es necesario ser adivino para darse cuenta de que ese trato no es el mismo cuando se trata de personalidades públicas o de familias más privilegiadas. Ni hablar de que varios días después, aún no se los había entregado para que fueran sepultados. Todo un síntoma de lo que muchas veces se critica a la señora de los ojos vendados que en algunos casos logra corrersela y hace algunas diferencias.

Marchas y emergencia nacional

Colectivos de mujeres, movimientos sociales, sindicales y políticos confluyeron en la plaza 25 de Mayo para marchar y pedir justicia por el femicidio de Angelina Cáceres el sábado 26 tras conocerse el hallazgo del cuerpo. En su cuenta de Facebook, el papá de la niña Daniel Cáceres pidió que no se realicen marchas, pero desde las organizaciones explicaron que este tipo de manifestaciones se realiza para exigir actualización de las leyes, presupuesto correspondiente para salvar a las niñas, niños, jóvenes y mujeres víctimas de abuso infantil, violaciones, violencia de género y femicidios. “No hay que esperar a que las maten, denuncien a los violentos, no estén solas”, dijo una de las oradoras en la movilización.
“El papá sufre y dice lo que puede, la marcha fue por una niña muerta, es su hija pero también es hija de todxs. Pero que quede claro que la marcha no es política partidaria, es de toda la comunidad para exigir a los jueces y la policía que actúen inmediatamente”, expresaron desde las organizaciones.
En el primer mes del año se registraron ya 20 casos de femicidio en el país. Ante esta terrible realidad, el Observatorio MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) exige que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género de marzo de 2019 a marzo de 2021. Entre los puntos más destacados se encuentran: Aumento presupuestario para el abordaje de las violencias, asignaciones para víctimas de violencia, aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y a agresores que incumplen medidas judiciales, creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género, incorporación de la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad (Observatorio), creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional.
En este sentido, desde el Observatorio MuMaLa entienden que es urgente la implementación de la “ley Micaela ”, de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad.