El oficialismo nacional puso en agenda el debate acerca de la posibilidad de bajar la edad de punibilidad e imputabilidad. El ministro de Justicia Germán Garavano ya había anunciado durante el año 2017 el proyecto del nuevo régimen penal juvenil. Por su parte, esta semana, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó haber llegado al consenso necesario para actualizar la edad de ambas figuras penales.
En Argentina, el Régimen Penal Juvenil está previsto en el Decreto-Ley 22.278 sancionado en 1980, durante la última dictadura. Establece que imputable es todo aquel que comprende los alcances y efectos de sus actos. Esto implica la capacidad de entender la ilicitud de un acto. Mientras que punible es todo aquel que puede recibir un castigo. La imputabilidad comienza a partir de los 16 años, aunque la punibilidad plena se alcance recién a partir de los 18.
Desde distintos sectores especializados en la temática advierten que la baja en la edad de punibilidad no es la solución para disminuir la inseguridad. Además, entienden que esta medida vulneraría especialmente los derechos de los niños y adolescentes más pobres.

 

El CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos), publicó una lista de 10 razones para no bajar la edad de punibilidad a los 14 años.

1- Porque sería regresivo:

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278) En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

2- Porque el único objetivo es el castigo:

El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, cada vez que un adolescente de 14 o 15 años comete un hecho grave, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese o esos jóvenes en particular, lo que es falso.
3- Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años:
Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

4- Porque no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen:

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061, sancionada en setiembre de 2005) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

5- Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima:

Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes.
Según el Revelamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2015: hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2013. De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación. Para el cálculo de esta proporción se ha considerado a la población total de entre 14 a 17 años, puesto que casi la totalidad de los jóvenes de hasta 17 años incluidos en dispositivos penales juveniles forman parte de ella. Como contraparte, 10,5% de los adolescentes tienen menos de 16 años, y por lo tanto no son punibles en función de su edad.
Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

6- Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear:

Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, y el 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (Ley 26.827) pero aún no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura.

7- Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo, estigmatizante:

Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

8- Porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales:

Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos.

9- Porque las penas previstas no son intocables:

Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas. Pero, ya sabemos que frente a un hecho grave, la primera reacción es aumentar los montos de pena: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

10- Porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década:

Las políticas económicas adoptadas entre marzo de 1976 y diciembre de 2001 tuvieron como consecuencia un deterioro significativo en el mapa social argentino. La década del 90’ fue la consolidación de un modelo económico de redireccionamiento del Estado hacia las necesidades de un mercado mundial bajo el nombre de “globalización”. La Argentina malvendió empresas nacionales emblemáticas, bajo una matriz de corrupción y altísimo nivel de desempleo estructural. Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.
Aún éstos, los ajenos y demonizados.

Nota al pie: elaboramos estos «10 Motivos…» en abril de 2009. Volvemos a presentarlos, actualizados. La Argentina condenada en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua a un grupo de adolescentes que cometieron delitos graves antes de los 18 años de edad, es decir, mientras eran niños, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño. La condena no es solo por la aplicación de esas penas, sino también por el modo en que se ejecutaron: con malos tratos, torturas, alejamiento de las familias, condiciones inhumanas de detención, lo que en uno de los casos, significó la muerte de uno de los jóvenes.
En vez de analizar cómo evitar más violaciones de derechos humanos de niños y adolescentes, vuelve a hablarse de bajar la edad de punibilidad de quienes cometan algún tipo de delito: de los 16 años, a los 14. Los argumentos y las justificaciones se repiten, y nosotros, desde el CEPOC, también nos mantenemos firmes en sostener los motivos por los que decimos NO a la baja de edad de la punibilidad, bajo ningún pretexto, y con ninguna excusa.
Para quienes, adrede o con las mejores intenciones, sigan confundiendo «edad de imputabilidad» con «edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal», recomendamos la lectura de la Observación General 10 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas: , sobre todo los parágrafos 30 a 39.

Fuente: CEPOC