La denuncia pública que realizara Thelma Fardín, junto a la colectiva de Actrices Argentinas contra el actor Juan Darthés por violación durante su adolescencia en una gira por Nicaragua, favoreció para revelar la oscura verdad de la impunidad de las violaciones y abusos sobre las niñas y mujeres. Las redes sociales actuaron de caja de resonancia en la que miles de mujeres se unieron al grito de #MiraCómoNosPonemos, se reconocieron como víctimas y reclamaron al Estado respuestas efectivas.

En este contexto de revuelta de la opinión pública, la ley Micaela fue aprobada por unanimidad el pasado 19 de diciembre en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. La misma establece la capacitación obligatoria de todos los empleados del Estado.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró, a través de un comunicado, la aprobación de la ley Micaela en la Argentina. La diputada nacional Analía Rach Quiroga, autora de la ley, expresó: «este es un reconocimiento enorme para el país, la violencia machista no respeta fronteras, ojalá esta ley sea inspiración para otros países».

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer definió a la iniciativa como «un significativo avance en cuanto a fomentar la capacitación del personal de administración de justicia, policial y demás funcionarios/as encargados de la aplicación de la ley, así como del personal cuyo cargo se encuentre la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres». El Comité saludó “la voluntad política del Estado Argentino de avanzar en el camino por prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, a través de la capacitación permanente y a nivel estatal, a fin de garantizar el derecho de todas las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia».

El medio NODAL (Noticias de Latinoamérica) entrevistó a la diputada Analía Rach Quiroga y vicepresidenta de la Comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia y una de las autoras de esta propuesta que acabó en proyecto colectivo.

¿Cómo fue la elaboración de esta ley y cómo llega al Congreso?

El objeto principal de esta ley es la capacitación obligatoria en materia de género para las personas que ocupan cargos en los tres poderes del Estado, en todas las jerarquías. Con esta ley venimos a cumplir con una obligación que tiene el Estado argentino desde que ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida también como la Convención Belem do Pará, con rango constitucional desde 1994, que en su artículo 8 sostiene que los estados parte van a asumir este compromiso y, según la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según la sigla en inglés). Veníamos esperando muchísimo tiempo para esto. Todos los proyectos que tienen que ver con la agenda de las mujeres tardan años para que sea tratados en la Cámara de Diputados. Este proyecto lo presenté en abril de 2018, lo ingresamos después del asesinato de Micaela García y lleva su nombre en homenaje a su militancia. Fue un trabajo colectivo, conjunto, con un cuerpo de investigadores, investigadoras, docentes, funcionarios especializados y comprometidos. Dos pilares fundamentales fueron Flora Acselrad, al frente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y Marisa Herrera investigadora del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Para que llegara a la Cámara este año insistimos, y a fin de año logramos un dictamen unificado. Esto lo quiero destacar: fue de consenso, un trabajo con todos los bloques para llegar a un texto unificado, por eso el tratamiento en el recinto se dio de la manera en la que se dio con un apoyo mayoritario. Pero este proyecto no había entrado en el temario para que se tratara y cuando el Poder Ejecutivo llamó a extraordinarias dejó en claro sus prioridades: no estaba la agenda de géneros. El presidente Mauricio Macri recién hizo un anuncio de un plan para erradicar la violencia cuando la denuncia de Thelma se mediatizó. Fue ahí que enviamos una nota diciéndole que no basta con declaraciones sino que se necesitan políticas públicas en serio. Entonces exigimos la incorporación de este proyecto de ley para las sesiones extraordinarias. Así fue que llegó al recinto. Por eso, lo que quiero dejar en claro es que la sanción de esta ley se la debemos al colectivo de mujeres, al “Ni Una Menos”, a Thelma y a todas las mujeres que dejaron de lado el silencio y dijeron “no nos callamos más”. No vamos a dar un paso atrás. Si no era por el movimiento de mujeres este proyecto perdía estado parlamentario y teníamos que volver a presentarlo el próximo año. Por eso, todo nuestro profundo reconocimiento al colectivo de mujeres ya que sin esta hermandad, sin esta sororidad, no era posible. Sabemos que no vamos a resolver todos los problemas, pero sabemos que es fundamental para terminar con prácticas patriarcales y machistas. La ley es imperiosa porque en el Poder Judicial no queremos más jueces que desacrediten a la víctima con comentarios aberrantes como la sentencia por el femicidio de Lucía Pérez (N de R: la joven, de 16 años, fue violada, drogada y asesinada en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Los jueces consideraron que no hubo abuso y liberaron de los cargos a los acusados. En el Poder Ejecutivo es urgente, también, porque si tuviéramos un Poder Ejecutivo capacitado no hubiera enviado un presupuesto de ajuste para el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). De igual manera en el Poder Legislativo porque también tiene que ser modificada la dinámica de las relaciones. Por ejemplo, nunca en la historia de la Cámara hubo una mujer presidenta. Este es el sistema patriarcal que nos domina en todos los aspectos de nuestras vidas.

¿Cómo será la aplicación de esta ley? ¿Tiene presupuesto? ¿Es de cumplimiento obligatorio?

Esta ley tiene un profundo reconocimiento dentro de la Cámara y se la discutió muchísimo. En cuanto a la partida presupuestaria tuvimos muy en cuenta la realidad del INAM. Vimos el presupuesto de ajuste y, entonces, pusimos claramente que los gastos que demande esta ley se realizarán según se estipula en el artículo 9: se tomarán del crédito que correspondan a las partidas presupuestarias de cada uno de los organismos públicos. Un punto que se informó mal en algunos medios es que dijeron que se crea un programa de capacitación; no es así, se establece la capacitación obligatoria. Cada organismo va a diseñar la capacitación en función de lo que proponen las Convenciones de Belém do Pará y la CEDAW, que hacen a todo el bloque de constitucionalidad federal respecto de las violencias. En el plazo de seis meses, tras ser reglamentada, cada organismo del Estado debe remitir al INAM su plan para certificarlo. En caso de que no cumplan con estos plazos se comenzarán a aplicar los programas del INAM. También establecimos un sistema de sanciones: la persona que injustificadamente no quiera acceder a la capacitación se la va a intimar según la propuesta que haya hecho cada órgano. Si persiste, se va a considerar una “falta grave” y se va a aplicar la sanción que corresponda que establece cada organismo según el lugar en el que se trabaje. Además, se van a publicar los nombres de quienes hayan o no accedido a esta capacitación. El INAM hará el seguimiento y publicará un informe anual con los resultados, porcentajes del personal que se capacitó y los cambios que se generaron a partir de ello.

Suena difícil imaginarse a un presidente o presidenta tomando esta capacitación, ¿cómo será en esos casos?

Para casos de las máximas autoridades establecimos que va a estar a cargo del INAM. De ahí para abajo los planes serán desarrollados por cada organismo. Buscamos una ley que sea de aplicación efectiva porque en este contexto de recrudecimiento de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales no queremos que quede ni un hueco ni ningún lugar vacío. Necesitamos políticas públicas en serio, efectivas, en este contexto alarmante. Insisto, reconozco y agradezco que el Congreso tuvo agenda de géneros gracias al impulso social del colectivo de mujeres. Esto es abrir una puerta para seguir trabajando.

¿Cómo recuerda a Micaela García, la joven que es homenajeada con esta ley?

Era una joven de 21 años que vivía en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, militante del Movimiento Evita y que formaba parte del colectivo “Ni Una Menos”. Salió a bailar el 1 de abril de 2017 y fue arrancada, secuestrada, violada, asesinada y abandonada (N de R: por Sebastián Wagner, quien cumplía una pena por violación y obtuvo la libertad condicional por el juez entrerriano Carlos Rossi, pese a que contaba con pericias que lo desaconsejaban taxativamente), como le pasa a muchísimas mujeres en la Argentina. Esta ley es un homenaje, lleva su nombre para reconocer su trayectoria y su compromiso. En la presentación del proyecto contamos con la presencia de la mamá y el papá, con quienes pude charlar, los escuché hablar en tiempo presente de su hija. No podemos dimensionar el dolor de los padres que lo transformaron en una fortaleza tan grande, al igual que la mamá de Lucía Pérez. Esta ley es por Micaela, por Lucia, por todas ellas para empezar realmente la tarea y el compromiso de prevención que debe tener nuestro país contra las violencias. Es para decir BASTA por todas nosotras.