Según datos de la Secretaría de Salud de la Nación, en Argentina nacen por día siete bebés de madres niñas menores de 15 años. En ese contexto, Chaco ocupa el segundo lugar en el ranking de embarazos adolescentes no deseados del país, después de Formosa. Las estadísticas señalan que 250 niñas se convierten en madres por año, la gran mayoría sin llegar a cumplir los 15 años.

Estos datos, que engrosan estadísticas de una realidad que golpea a toda Latinoamérica, se traducen en vidas truncadas para esas adolescentes que en buen número abandonan la escuela y a quienes se les hace muy difícil conseguir un trabajo. Con lo cual, el problema no sólo es de vulnerabilidad de derechos y falta de acceso a la salud sexual, sino que también significa una problemática económica que los estados deben resolver.

Esta situación se da mientras grupos conservadores, en algunos casos fundamentalistas, vinculados a las iglesias -católica o evangelista o de otros credos-, se oponen a la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), que es ley desde 2006 en la Argentina.
Consultado sobre esta realidad, el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Roberto Acosta, explicó que “desde el año pasado se implementa el plan de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) que tiene una intervención interdisciplinaria: una pata conformada por la ESI, que depende del Ministerio de Educación; la otra del Ministerio de Salud a través del programa de Salud Integral en la Adolescencia, con una estrategia que está destinada específicamente a adolescentes que se encuentran escolarizados con asesorías en las secundarias. Y nosotros, (el Ministerio de Desarrollo Social) trabajamos en prevención en terreno, nos ocupamos de los chicos no escolarizados o que, si bien van a la escuela, nuestra llegada es en los hogares, en los barrios, con técnicos capacitados para saber cómo llegar a estos casos que son de alta sensibilidad”.

ESI y división de la Iglesia y el Estado como soluciones necesarias

El programa, que ya lleva su tiempo trabajando en terreno pone diferentes herramientas a disposición de la prevención de embarazos no deseados: “Los métodos anticonceptivos son imprescindibles a determinada edad. Hoy, Salud cuenta con dispositivos incluso recomendados para adolescentes especialmente; esto de la mano de la educación es una herramientas valiosa que hay que facilitar a niñas, niños y adolescentes”.

Si bien el ministro, que recorre los barrios con los equipos técnicos y conoce de cerca los casos de embarazos no deseados en niñas y jóvenes chaqueñas, hecha mano en principio a la anticoncepción y a la educación sexual como uno de los métodos imprescindibles para evitarlos, existe un contexto social adverso generado por diferentes cultos religiosos que por estos días se oponen incluso a la modificación de la Ley de ESI y a su implementación plena. Ante este panorama “la discusión es la división de la Iglesia y el Estado, me parece que hay que profundizar ese debate”, sostiene Acosta mientras insiste en “que hay que estar en este lugar. Ahora me voy al Hogar N°1 donde hay 37 bebés. Parece fácil opinar cuando tu contexto es otro. Nosotros vemos, convivimos con casos tremendamente injustos y como Estado no podemos permitirnos que nuestras espiritualidades se antepongan a los derechos de las personas. Yo soy católico, pero estoy en un rol que va más allá de mis creencias”, sentencia el ministro.

«Nosotros vemos, convivimos con casos tremendamente injustos y como Estado no podemos permitirnos que nuestras espiritualidades se antepongan a los derechos de las personas. Yo soy católico, pero estoy en un rol que va más allá de mis creencias»

Dentro de los casos que se abordan desde el plan ENIA, no siempre se trata de embarazos que fueron productos de una relación sexual consentida. “Nosotros tenemos en diferentes lugares de la provincia un problema muy grave con las constructoras. Aunque no es el único sector y pueda sonar estigmatizante es lo que sucede y hay que tratar el problema: por ejemplo van diez albañiles, sanitaristas y demás obreros a construir una escuela en un paraje o un pueblo de El Impenetrable, están un tiempo ahí, establecen relaciones (desiguales porque son menores) con niñas o adolescentes que terminan embarazadas. Sé que suena fuerte lo que digo pero hay una parte del sistema que debe detener estas acciones y por eso estamos en contacto con las empresas constructoras para trabajar en conjunto y evitar estas conductas de los hombres mayores. Sé que hay quienes se pueden enojar y habrá que aprender a llamar a las cosas por su nombre: la verdad es que esto es abuso y en algunos casos hasta violación, las niñas no están en condiciones de decidir si eso está bien o está mal. Y es cuándo nuestro rol se hace imprescindible”, sentencia el jefe de la cartera social.

El ministro profesa la fe católica, se reconoce cristiano pero antepone su función pública, ante el entendimiento de un Estado laico que debe ejecutar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente haciendo respetar sus derechos como premisa inicial. “Las iglesias desde la fe logran resultados muy positivos en el tema adicciones y hay mucho para reconocerles en el plano del trabajo social, ahora ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes es el Estado el que debe actuar inexorablemente. En estos términos, cuando la demanda es cada vez más compleja, la respuesta tiene que ser cada vez más calificada. En este sentido, sí o sí hay que dar educación sexual no solo para prevenir embarazos sino por las enfermedades de transmisión sexual como el sida, entre otras. Si seguimos con algunas ideas del no uso del preservativo, por ejemplo, será cada vez mayor la incidencia de esas enfermedades en la población. Es el Estado el que tiene que estar presente ahí con una política de salud que entienda el contexto de cómo vive el mundo hoy, con cambios de paradigmas incluso en el modo de relacionarse. Las decisiones políticas tienen que tomarse de acuerdo a las demandas de la gente y sus problemas, no desde la espiritualidad o las creencias personales”.

Cuando los embarazos son productos de abusos o violaciones

Los embarazos no deseados pueden darse como resultado de una relación consentida o no, como hemos visto. Cuando no lo son, se trata de casos de abuso o violación, con datos que estremecen a nivel local. “Nosotros tenemos 3 mil llamados mensuales a la línea 102 y en el Pediátrico tenemos entre 9 y 10 casos de abusos por día”, detalló Acosta al tiempo que aclaró que “son datos tremendos de la realidad que requieren de un abordaje de manera urgente, por eso es importante el funcionamiento de las UPI (Unidad de Protección Integral) que hemos puestos en funcionamiento en diferentes puntos de la provincia. Porque ante una denuncia hay un equipo interdisciplinario que va a actuar y contener a ese niño o niña y su familia. Porque a veces se denuncia el caso de un niño que es abusado en una familia de siete chicos, que también deben ser protegidos. Esta es la intervención del Ministerio que se hace imprescindible para la vida y crecimiento de esos chicos, incluso con medidas extraordinarias para tenerlos a resguardo”, cuenta el ministro.

Parece mentira que haya miradas esquivas que no quieran hacer foco en este, como un problema de la sociedad. El titular de Desarrollo Social quiso destacar algo que sigue significando una cuestión a resolver. “Se ha ido creciendo en conciencia social respecto de los temas de género con un avance sustancial para la igualdad y es digno de destacar. Incluso los derechos de los animales, a los que amo, son reconocidos por buena parte de la sociedad. Ahora, con respecto a la niñez noto una falta total de pertenencia de la sociedad. Que haya compromiso social con los chicos, que se desnaturalice ciertos tratos sigue siendo una gran carencia. Incluso cuando se marcan los casos, la sociedad los toma como noticias amarillas que prefieren soslayar”, indica mientras reconoce que “todavía no se logra cambiar esta mirada sobre la infancia incluso no solo aquí sino a nivel mundial. Por eso remarcan que la línea 102 no solo es gratuita sino anónima, porque es tal el nivel de falta de compromiso o temor, que se pierde de vista que es la vida o la integridad de esos chicos las que están en juego”.

Iglesia y estado, casos separados

Los datos de la región son contundentes y requieren de soluciones urgentes. Nuestra provincia ocupa uno de los lugares de embarazos de madres niñas o adolescentes de los más altos del país, antes está Formosa, al segundo lugar lo ocupa Chaco, después Misiones y Corrientes. Es decir, todas la provincias del NEA y las del NOA, incluida Buenos Aires, son los territorios con más alta cantidad de recién nacidos de mujeres adolescentes.

Otro dato que requiere de la intervención urgente del Estado con respuestas concretas, es que el 74% de los estudiantes chaqueños reconoció, durante el operativo “Aprender” la falta de educación sexual como el principal déficit de las escuelas secundarias de la provincia.

El embarazo no intencional obviamente incluye aquella adolescente que quiso tener relaciones sexuales y producto del desconocimiento finalmente quedó embarazada, y también aquellas mujeres o niñas que no han querido tener una relación sexual y fueron víctimas de abusos o violaciones.

Ante cualquiera de los casos es el Estado el apto para dar respuesta. Para prevenir o evitar un embarazo que no es intencional. Es el Estado el que no debe expulsar a esa niña mujer del sistema escolar y mucho menos condenarla a la falta de trabajo al cuidado de un hijo que no deseó tener.